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El tema energético es y ha sido un tema sensible para cualquier nación y México no es la excepción. El periodo neoliberal estuvo plagado de intentos por poner este sector en manos de privados. En la reforma energética de 1992, se dieron las primeras reformas a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, y posteriormente, en el 99, Ernesto Zedillo quiso privatizar la electricidad.
En el periodo de 2000 a 2006, defendimos el sector eléctrico. La hoy la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo en el 2008, con las “Adelitas del petróleo”, coordinó ese movimiento de brigadas de mujeres para defender la ofensiva privatizadora de Felipe Calderón. Pero fue en la gestión de Enrique Peña donde vino una reforma regresiva con el objetivo de privatizar el sector y ninguna manifestación en el Senado de la República y Cámara de Diputados pudo evitar su aprobación.
Se aprobó la reforma energética con la promesa de que “ya no se iba a endeudar a Pemex” y hubo resultados negativos ya que la endeudaron a más del doble, decían que “iba a aumentar la producción de petróleo” y cayó la producción.
En la electricidad, dijeron que “gracias a eso iba a mejorar Comisión Federal de Electricidad”. Sin embargo, dejó de producir electricidad hasta convertirse prácticamente en el 15 por ciento de todo el mercado eléctrico o de toda la generación.
Con la llegada de MORENA y el Presidente López Obrador se empezó a fortalecer Pemex y la Comisión Federal de Electricidad para establecer el 54 por ciento. Se aprueba la ley, y la Corte la echa para atrás, prácticamente en todos sus incisos. Dando por resultado esta nueva ley que sustituye completamente a las leyes de la reforma del 2013 y se establece un esquema de fortalecimiento de la empresa pública y al mismo tiempo, deja participación privada, ordenada, transparente, sin los mecanismos de antes cuyo objetivo era privatizar absolutamente todo.
Estas modificaciones a la ley van a permitir cumplir con el Plan México porque habrá disponibilidad de energía, disponibilidad de la transmisión. Hay mecanismos claros de financiamiento público, y la participación privada queda normada, transparente, establecida, con un porcentaje —en el caso de la electricidad— del 46 por ciento, pero siempre con la rectoría del Estado, con justicia energética en beneficio social y para el desarrollo del país.
A través de varios artículos, se señalan que las empresas públicas, CFE y Pemex, dejan de ser empresas productivas del Estado y se convierten en empresas públicas del Estado, con la austeridad republicana como eje rector.
Se expiden: La Ley de la Empresa Pública del Estado, Petróleos Mexicanos; la Ley de la Empresa Pública del Estado, Comisión Federal de Electricidad; la Ley de Planeación y Transición Energética; la Ley del Sector Eléctrico; la Ley del Sector de Hidrocarburos y la ley de la Comisión Nacional de Energía.
Con estas se retoma la planeación, seguros y vinculantes de mediano y de largo plazo para coordinar, impulsar y regular el desarrollo del sector, y también la transición energética.
En el caso de CFE desaparecen las nueve empresas subsidiarias que también se comportaban como empresas privadas independientes, y sí, y las cuatro filiales que tenían. En el caso de Pemex, se contaba con tres empresas subsidiarias y casi 50 empresas filiales, donde Pemex tenía diferentes tipos de participación, y donde el control de la empresa era complicado de realizar.
Esto quiere decir que, con la reforma, se permite integrar a Pemex y a CFE horizontal y verticalmente; terminando con la absurda estricta separación legal que les impuso la reforma de 2013 y que por su puesto obstaculizaba su operación eficiente en favor de todos los mexicanos.
Hoy se les da un régimen especial para el manejo de su presupuesto, su contabilidad y su deuda; es decir, se facilita su operación con lineamientos y metas anuales específicas.
En cuanto al sector de hidrocarburos, se da preferencia a Pemex en la determinación de las áreas de exploración y extracción, así como la posibilidad de decidir si se asocia con privados en contratos mixtos. Incorpora el Derecho Petrolero para el Bienestar como nuevo régimen fiscal simplificado, con lo que se disminuye su carga fiscal y se eleva su rentabilidad.
Se mejora también la trazabilidad de los hidrocarburos, haciendo obligatorio la entrega de información desde la entrada de los combustibles hasta su distribución en gasolineras.
Para los productores agrícolas se rescata la producción de fertilizantes gratuitos, en beneficio del pueblo y los más vulnerables de nuestro país.
Hoy se crea la Comisión Nacional de Energía, como un órgano desconcentrado de la Sener, con independencia técnica y operativa para cumplir funciones de ente regulador en materia energética, la cual tendrá como atribuciones: el otorgamiento de permisos de generación y comercialización de energía eléctrica; el establecimiento de tarifas para todos los servicios asociados así como la vigilancia del mercado eléctrico mayorista. En cuanto a la cadena productiva de gas natural, petrolíferos, petroquímicos mantiene el establecimiento de tarifas y seguimiento de precios.
Estas reformas representan un paso decisivo en la consolidación de la soberanía del país, sentamos una base importante para el desarrollo nacional, vamos con paso firme hacia una potencia humanista. Cómo verán, son reformas que benefician a todos los sectores productos y con ello, principalmente al pueblo de México.