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El desarrollo urbano en México es un caos y plantea desafíos significativos que, de atenderse adecuadamente, impactarían en el mejoramiento de las condiciones de seguridad y calidad de quienes habitan en las zonas urbanas del país. Al respecto, es importante destacar que, a pesar de lo realizado en los últimos 15 años, mediante diversos programas de “recuperación de espacios públicos”, estos han fracasado, en gran medida, debido a la falta de una perspectiva integral de criminología ambiental y a su desvinculación de otros programas sociales.
A esto se suma la ausencia de marcos jurídicos pertinentes y reglamentarios en materia de vivienda y urbanismo, lo que ha permitido el crecimiento descontrolado de conjuntos habitacionales y unidades masivas de vivienda que priorizan la ganancia de los desarrolladores, en complicidad con gobiernos municipales y estatales, en lugar de responder a criterios de seguridad, integración comunitaria y desarrollo sostenible.
Al respecto, la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2023 del INEGI revela que solo el 27.2% de la población urbana de 18 años y más está satisfecha con el estado de las calles y avenidas en sus ciudades. Este dato es alarmante. Además, la satisfacción con los servicios de parques y jardines es igualmente baja, lo que indica un déficit en espacios públicos de calidad que promuevan la convivencia y la cohesión social.
Estos problemas urbanos están íntimamente ligados con un modelo de desarrollo inmobiliario desregulado, y a una ausencia generalizada de criterios de desarrollo urbano y territorial ordenados, llevando a la construcción de cientos de unidades habitacionales en las últimas décadas, sin atender criterios criminológicos ni de sostenibilidad social y ambiental. En muchas de estas construcciones, los espacios públicos han sido una mera formalidad en los proyectos, sin una planificación efectiva para garantizar zonas seguras, transitables y activas comunitariamente.
De esta forma, desde el “Programa Rescate de Espacios Públicos (PREP)”, implementado en 2007, se buscó con resultados muy limitados, en la intervención en parques y plazas para hacerlos más seguros y fomentar la convivencia social. Sin embargo, se ha carecido de una integración efectiva con estrategias de prevención situacional del delito y no se logró involucrar adecuadamente a la comunidad en los procesos de recuperación.
Desde la criminología ambiental se ha demostrado que los espacios urbanos bien diseñados pueden disuadir la criminalidad, al reducir las oportunidades delictivas y fomentar la apropiación positiva del entorno por parte de la comunidad. Elementos como buena iluminación, visibilidad, mantenimiento adecuado y activación social del espacio son fundamentales para que un parque, una plaza o una calle sean seguros y útiles para la comunidad.
Además, lo que ha caracterizado a la política pública es la falta de integralidad; en efecto, la recuperación de un espacio territorial debe ir acompañada de programas que aborden otras problemáticas como el desempleo o la informalidad laboral, la educación y la salud mental. Sin esta visión holística, los espacios recuperados corren el riesgo de volver al abandono y convertirse nuevamente en focos de delincuencia.
Debe comprenderse que la inseguridad en el espacio público no puede resolverse únicamente con intervenciones físicas aisladas, sino que requiere una revisión estructural del modelo de desarrollo urbano y vivienda en el país. Frente a ello, las grandes desarrolladoras inmobiliarias tienen un poder desmedido en la “no planificación” de ciudades, priorizando la ganancia sobre el bienestar social y la seguridad urbana.
Para corregir este modelo destructivo, se deben mejorar, pero sobre todo aplicar efectivamente las leyes, obligando a los desarrolladores a integrar principios de seguridad y criminología ambiental en sus proyectos, garantizando que los espacios habitacionales: a) sean accesibles y bien conectados con el entorno urbano; b) cuenten con espacios públicos diseñados para la integración comunitaria; c) tengan infraestructura adecuada en iluminación, visibilidad y seguridad ambiental; y, d) incluyan medidas para la vigilancia natural y la participación ciudadana en la gestión de los espacios compartidos.
Es imperativo también que municipios y gobiernos estatales sean supervisados y fiscalizados de manera rigurosa en materia de uso de suelo y ordenamiento territorial, para evitar que sigan otorgando licencias a proyectos que no cumplen con criterios básicos de seguridad urbana.
En ese sentido, el déficit de infraestructura social no solo debe ser cubierto con nuevas inversiones, sino que la infraestructura existente debe modificarse estructuralmente para promover y facilitar la participación ciudadana y la integración comunitaria. Esto implica diseñar espacios que inviten a la comunidad a utilizarlos, organizando actividades culturales, deportivas y educativas que fomenten la cohesión social.
Adicionalmente, es importante considerar que la ENCIG 2023 también destaca que solo el 29.7% de la población está satisfecha con el servicio de la policía en sus localidades. Esto refleja una desconfianza en las instituciones, lo que puede inhibir la participación ciudadana en iniciativas comunitarias.
En resumen, puede afirmarse que las políticas de desarrollo urbano en México deben replantearse desde una perspectiva de criminología ambiental integral, que no solo considere el diseño físico de los espacios, sino también las dinámicas sociales. Sin un mejorado marco normativo y regulador en materia de vivienda y desarrollo urbano, las ciudades seguirán creciendo de manera caótica y peligrosa, perpetuando el ciclo de espacios abandonados, inseguridad y fragmentación social.
La solución no es construir más sin planificación, sino construir mejor con una visión criminológica y social. La colaboración entre gobierno, comunidad y organizaciones civiles es esencial para crear entornos urbanos seguros, inclusivos y vibrantes que mejoren la calidad de vida de todos los mexicanos.
Investigador del PUED-UNAM