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En la política mexicana, hay una tradición lamentable que nunca pasa de moda: la de los servidores públicos que, en lugar de servir al pueblo, buscan jalar agua para su propio molino. El reciente escándalo denunciado por el PAN capitalino contra los exalcaldes Víctor Hugo Romo y José Carlos Acosta es solo la punta del iceberg de un sistema diseñado no para la gente, sino para el beneficio de unos cuantos.
Se acusa a estos exfuncionarios de haber orquestado un posible desfalco de más de 128 millones de pesos, utilizando empresas fantasma y obras inexistentes. Con ese dinero, denuncian, se habrían podido construir 3 mil banquetas, comprar 17 autobuses eléctricos o edificar 30 mercados. Pero claro, para estos servidores públicos, el castigo nunca llega, y en su lugar, continúan transitando por el mundo político con total impunidad. La corrupción parece no ser un estigma, sino un pase VIP a más poder.
Más allá del desfalco, hay otro elemento que no debe pasarse por alto: el paupérrimo trato de José Carlos Acosta y su equipo hacia los medios de comunicación, en particular hacia su servidor. En diversas ocasiones, su equipo me colgó el teléfono sin titubear. Y si esa es la actitud de la parte baja de la pirámide, ¿qué podemos esperar de quien está en la cima?
El abuso de poder y el desdén hacia la ciudadanía son síntomas de una administración que solo ve por sí misma. Mientras el PAN insiste en que la Contraloría investigue, la pregunta es si realmente habrá consecuencias o si veremos otro caso de simulación política. Porque en este país, cuando se trata de corrupción, el problema no es la falta de pruebas, sino la falta de voluntad para actuar.
¿Será este otro caso que termine en el olvido, mientras los responsables siguen amasando poder? La historia nos dice que sí. Pero la ciudadanía tiene la última palabra, y en sus manos está exigir cuentas a quienes han hecho del servicio público un negocio personal.
Por cierto:
1. POR FIN. El alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, concretó su primer acercamiento con la nueva fiscal capitalina, Bertha Alcalde, al coordinar el retiro de 51 autos siniestrados que llevaban años estorbando en la vía pública. Más allá de la mejora en movilidad y seguridad, la acción envía un mensaje claro: hay alineación con la estrategia de recuperación del espacio público. En el fondo, este movimiento fortalece la relación entre la alcaldía y la fiscalía en un momento clave de reconfiguración política en la CDMX.
2. AGUAS. En los círculos políticos de Ecatepec se comenta que la denuncia de la alcaldesa Azucena Cisneros sobre las millonarias deudas heredadas por Fernando Vilchis podría tener una doble intención. Mientras algunos ven una legítima exigencia de transparencia, otros cuestionan si esto no es más que una estrategia para ir justificando la falta de resultados que habrá en su gestión. ¿Está Cisneros realmente decidida a combatir la corrupción, o es solo una jugada para deslindarse de su antecesor y ganar tiempo ante las crecientes demandas ciudadanas? En un municipio con problemas históricos, la pregunta clave es si su gobierno logrará marcar una diferencia real o si solo será más de lo mismo.
Vivo la noticia, para contarle la historia
@juanmapregunta