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El concepto y la palabra son sagazmente utilizados por Pablo Stefanoni (redactor en jefe de la revista socialdemócrata, Nueva Sociedad) para referir un pasaje histórico por el que cruza ahora mismo América Latina: “La región ha pasado de la voluntad constituyente de los primeros años 2000, a dinámicas destituyentes, en un contexto de fuerte malestar ciudadano”. A los problemas reales no se le responde con soluciones practicables, sino con destrucción, demolición y destitución.
Así ha pasado en México en los últimos seis años, en materias como la seguridad pública, combate a la corrupción, el sector salud, educativo, en acceso a la información. ¿Hay un problema? Procédase a destruir al organismo encargado, cancélese sus proyectos, despídase al personal. Y así está ocurriendo ahora mismo, con la que quizás es, la demolición más colosal y más antidemocrática de todas: la del poder judicial. Asómense a los números.
En este año y hacia 2027, siete mil 539 titulares de órganos jurisdiccionales de México serán destituidos. Mil 689 de ellos son federales y cinco mil 757 son locales. Estamos hablando del conjunto, de la totalidad del poder judicial, sin excepciones: jueces y magistrados locales (5,025); magistrados de tribunales colegiados (910); juzgados de distrito ordinario (737); tribunales superiores de justicia (603); consejeros de las judicaturas estatales (129); salas regionales del Tribunal Electoral (18); ministros de la Suprema Corte (10); sala superior del Tribunal Electoral (7) y siete integrantes del Consejo de la Judicatura Federal.
Miguel Alfonso Meza (Director de Defensorxs A.C.) ha hecho el inventario de ese daño tumultuario que, en definitiva, emparenta a México con los autoritarismos de Venezuela o de Hungría o la intentona de Netanyahu en Israel y su “constitucionalismo abusivo”, es decir, esos gobiernos que utilizan reformas constitucionales para erosionar contrapesos y eliminar controles a su propio poder. Deconstruir para perpetuarse en él.
Nuestro momento “desconstituyente” ha transitado por distintas etapas, cualitativamente distintas, pero que guardan el mismo objetivo y la misma intención: desmembrar los contrapesos constitucionales. Atacando continuamente —a través de la propaganda oficial— a las instituciones autónomas (llámese Suprema Corte, jueces, Instituto Nacional Electoral, Comisión Reguladora de Energía, INAI y un largo etcétera). Amagando con desaparecerlos o con limitar su autonomía. Recortando sistemáticamente sus presupuestos. Capturando —parcial o totalmente— a esos mismos organismos. Persiguiendo o amenazando a funcionarios responsables. Bloqueando nombramientos para su funcionamiento e integración completa y al final, disolviéndolos, desapareciéndolos del mapa estatal o remodelándolos de modo conveniente (Miguel A. Meza, ponencia presentada en el Instituto de Estudios para la Transición Democrática. 22/febrero/2025).
Como se sabe, la coalición oficialista se hizo de una hipermayoría inconstitucional (ajudicándose el 74 por ciento de las curules, cuando habían obtenido no más del 54 por ciento de los votos) y todo ese esquema de agobio o acoso dio un paso más allá y para expresarse en la constitución. En esas estamos, rumbo a una elección universal de los juzgadores de México, presentada por la propaganda oficial como una gran lección de nuestro país para el mundo, además, con requisitos mínimos para acceder a las candidaturas. Como apuntó la magistrada Emilia Molina en el mismo foro IETD, se exigen menos requisitos para ser juez que para convertirse en cajero de un Oxxo, y no es broma.
Así, en abril y mayo escenificaremos ese proceso abstruso y estrambótico, vean si no.
Según las reglas aprobadas para la deconstrucción judicial, los partidos políticos no podrán participar en ninguno de los procesos de elección, no habrá financiamiento del Estado para las campañas, los ciudadanos -cualquiera- tienen prohibido pronunciarse a favor o en contra de alguna candidatura y quienes estarán en las boletas no podrán usar dinero de su propio bolsillo para darse a conocer.
En los próximos meses, veremos desfilar a 5 mil 300 candidatos para elegir 464 magistrados de tribunales de circuito, 386 jueces federales, nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 3 magistradas y 2 magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), 2 magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y 15 magistrados de las salas electorales regionales de la CDMX, Toluca, Guadalajara, Monterrey y Jalapa, además de otros miles para ocupar los cargos de los poderes judiciales de algunas entidades federativas que decidieron implicarse rápidamente a este experimento. Y esto, votado de manera diferenciada, con ciudadanos de primera, segunda, tercera, pues el número de juzgadores que cada quien podrá elegir será muy diferente según el lugar en el que votes.
Todo está diseñado para que Morena se haga de la mayoría en los órganos clave, especialmente en la Suprema Corte y en el Tribunal de Disciplina (los comisarios políticos que observarán a los jueces), pero en su prisa y precipitación, llevan una penitencia: pocos entienden estos comicios y la participación será inevitablemente baja, con una traducción práctica relevanrte: cada voto tendrá un impacto relativamente alto, pues cada cargo vendrá de un conjunto pequeño. Dicho de otra manera, los cargos judiciales se pueden ganar con pocos votos (Javier Martín Reyes, IETD, 22 de febrero de 2025).
Todos los cargos importan, pues aun los jueces de distrito, con la ley vigente, seguirán otorgando suspensiones frente a los actos de autoridad. Así que involucrarse en el proceso, parece ser una opción, por chiflado que sea.
Participar si se integran planillas y candidaturas con posibilidades reales de competir, es parte de una idea de resistencia democrática, en la plenitud de este, nuestro momento des-constituyente.