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Estamos inmersos en la elección judicial más grande que se ha hecho en la historia de la humanidad, en cuanto a su amplísima extensión. Así hay que decirlo y de esa manera debemos tomarlo; es un proceso en ejecución del que surgirá la nueva judicatura popular mexicana, claramente a todos nos conviene que se realice bien y que lleguen a los cargos personas con conocimientos técnicos, sensibilidad social y compromiso con los derechos humanos (individuales y colectivos)
No obstante, México no es el único país en el mundo que realiza este tipo de comicios; ya en la exposición de motivos de la iniciativa presidencial del 5 de febrero de 2024, que dio lugar a este nuevo modelo, se daba cuenta de que se trata de una práctica que se realiza en otras naciones. Haré un repaso sobre esos casos:
- Suiza: como nosotros, es un país federal que tiene judicatura nacional y otras locales, en cada entidad. Los cargos judiciales federales no son electos, pero en el caso de Ginebra, la judicatura local se somete a elecciones; en Argovia y Zurich se combina la intervención de los parlamentos locales y las elecciones populares. Sin embargo, lo que en realidad sucede es que los partidos se reparten las candidaturas judiciales conforme su fuerza política, y se postula el mismo número de candidaturas que de puestos a elegir, por lo que en realidad ser candidato es garantía de llegar al cargo.
- Bolivia: uno de los ejemplos más conocidos, en el que los cargos de los principales tribunales, como el Constitucional, el Superior, el Agroambiental, son sujetos a elección. Las candidaturas son aprobadas por el Legislativo, a propuesta de asociaciones de la sociedad, del propio Parlamento o de las personas interesadas, y se accede a los cargos dependiendo el número de los mismos y la votación recibida.
En el caso boliviano se presentaron elecciones en 2011 y 2017, con un porcentaje alto de participación, pero mayor aún de votos anulados, que llegaron respectivamente al 42% y 51%, respectivamente; lo que fue leído por algunos analistas como una reprobación popular a las candidaturas. Sin embargo, en las recientes elecciones judiciales de 2024, con una participación del 82%, estos votos nulos se redujeron al 19%. El costo reportado de las elecciones fue de poco mas de 18 millones de dólares.
- Japón: las juezas y los jueces de la Corte Suprema son nombrados para un primer periodo. El segundo periodo depende de una elección popular. Es de destacarse que en las 25 veces que esto se ha realizado, siempre la juzgadora o juzgador ha ganado el voto popular para un segundo periodo.
- Estados Unidos: como en Suiza, los cargos de la judicatura federal no son sujetos a elección popular; pero en 38 estados sus cortes supremas son producto de la elección popular. Estas elecciones pueden ser de varios tipos, unas partidistas, cuando las candidaturas son respaldadas por un partido; no partidistas, si la propuesta no proviene de los partidos (aunque sin embargo es común que de todos modos respalden a alguna); e incluso las llamadas elecciones retentivas, cuando el nombramiento original proviene del Ejecutivo o del Legislativo, pero para un segundo periodo se debe someter la judicatura a una elección popular, como en Japón.
En el caso americano, para el ciclo de elecciones judiciales 2021-2022 según el Brennan Center, las candidaturas y grupos de interés gastaron más de 100 millones de dólares. La elección local más cara, esto ya en el año 2023, fue la Corte Suprema de Wisconsin, que ascendió a 51 millones de dólares.
- Venezuela: este caso es interesante, pues el presidente Nicolás Maduro reconoció que la idea de realizar elecciones judiciales en su país surgió de la reforma constitucional en México. Así, el pasado 15 de diciembre se sometió a elección popular 30 mil juzgados comunales (encargados de mediar en diversos asuntos, así como resolver juicios civiles, familiares o penales económicamente pequeños), de los cuales la mitad fueron propietarios y la otra suplentes. Se instalaron 4,817 centros de votación, se pudo sufragar desde los 15 años y se presentaron poco más de 52 mil candidaturas.
Conocer lo que sucede en otras naciones nos ayuda a dimensionar lo que sucede en la nuestra, así como pensar en mejoras o ajustes que, tal vez, podamos incorporar a este novedoso proceso de elección judicial.