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El envío a Estados Unidos de 29 capos del crimen organizado será visto como el punto de inflexión de la estrategia contra la delincuencia en el gobierno de Claudia Sheinbaum. La pregunta más importante es si también será parte de un punto de inflexión más amplio respecto a su gobierno. Uno político.
Hay varios hechos evidentes. Uno es que el traslado de los criminales a Estados Unidos es parte de las acciones del gobierno mexicano para atemperar las furias, arancelarias y de otro tipo, de Donald Trump. Otro, que hay una diferencia obvia entre la respuesta de Claudia Sheinbaum ante Estados Unidos respecto a la de Andrés Manuel López Obrador, quien nunca cedió a las presiones para que se extraditara a los capos. El tercero, que el asunto ha hecho caer en contradicciones y maromas a varios integrantes de la coalición morenista, que están intentando no quedar mal ni con Sheinbaum ni con AMLO.
Trump logró su cometido de obligar a todo mundo a mezclar economía con política. La amenaza de los aranceles, en donde el cálculo de la dosis de veneno también juega una parte, ha servido para cristalizar la política migratoria del gobierno y también para acelerar un proceso de cambio de estrategia contra el crimen organizado que apenas estaba empezando a tomar forma. Le está saliendo el juego, como le salió con López Obrador (y sabemos que lo que más le importa a Trump es vender los supuestos logros ante el electorado).
Se gastará mucha tinta en la discusión sobre si el envío de los capos a Estados Unidos violó los amparos que éstos tenían contra su extradición. Se trata de una discusión bizantina, porque el gobierno mexicano alega que se trata de un asunto de seguridad nacional: entonces no sería una extradición propiamente dicha, sino una remisión de personajes peligrosos a Estados Unidos para preservar aquí la seguridad de la nación y de los ciudadanos.
También se afirma que es para preservar la soberanía nacional, y ahí sí no se entiende si es para evitar una mayor injerencia de EU en asuntos de seguridad o para que el Estado recupere territorios que ha perdido a manos de la delincuencia organizada. De entrada, parece más lo primero, pero tal vez sea porque estamos apenas al inicio de una larga brega para recuperar lo perdido.
Lo curioso son las contradicciones y maromas. El fiscal Gertz pasó de consecuentar la petición del abogado del Mayo Zambada para su retorno a México, luego del secuestro que lo llevó a Estados Unidos a explicar que la decisión de enviar a EU a los 29 jefes criminales fue por razones de seguridad nacional. Y uno piensa que Zambada en México es un peligro de seguridad igual o superior al de la mayoría de esos 29.
También es bastante raro que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, haya declarado que la decisión no fue de la presidenta Sheinbaum, sino del gabinete de seguridad en su conjunto. Y uno piensa que quien preside ese gabinete es precisamente la titular del Poder Ejecutivo, la responsable de los actos previstos en el artículo 89 constitucional (sobre la seguridad nacional).
Finalmente, está la declaración del propio García Harfuch, que justifica el envío de los criminales a EU por la posibilidad de que los jueces corruptos liberaran a los capos (con la zafia intención de desestabilizar al país, suponemos). Y uno piensa que esa posibilidad era bastante improbable, y que mucho menos se aplicaba a todos, ya que varios cumplían condenas bien fijadas.
Mientras que el cambio de posición de Gertz parece obedecer más a la coyuntura de las amenazas trumpistas, las explicaciones especiosas de García Harfuch parecen tener como destinatarios al expresidente López Obrador y a sus seguidores más fieles. Por un lado, está la intención de quitarle a Sheinbaum al menos una parte de la decisión de acabar con la política lopezobradorista de no enviar a ningún jefe de los cárteles a Estados Unidos; por otro, el propósito de meter, así sea con calzador discursivo, la decisión de política de seguridad dentro de la estrategia de propaganda a favor de la reforma judicial, que es una herencia complicada que dejó AMLO a su sucesora.
Está claro que Trump quedará sólo parcialmente conforme con lo que ha obtenido hasta ahora y exigirá más, bajo amenazas continuadas. En el terreno del combate al crimen organizado, lo menos que le toca esperar es la cabeza de un político. Y es seguro que esa demanda tendrá efectos telúricos sobre el movimiento morenista.
Pero también está claro que, por una parte, el viraje del gobierno de Sheinbaum en la estrategia ante el crimen organizado (visible desde antes del envío del paquete de narcotraficantes) es bien visto por la mayoría de la población, que ve, de acuerdo con las encuestas, por primera vez en muchos años, una evolución positiva en materia de seguridad pública; y que, por la otra, si va a haber un área en la que puede darse un diferendo de fondo entre la presidenta y su antecesor es en la de seguridad. En todo lo demás tenemos continuidad, a veces en versión recargada.
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