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Los Centros de Convivencia Familiar Supervisada (CECOFAM) del Poder Judicial de la Ciudad de México y los similares que existen en las entidades de la República, fueron creados con el objetivo de coadyuvar en la construcción de procesos de re-vinculación familiar en casos donde está en disputa la guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes, atención de la violencia familiar y otras situaciones de esta naturaleza.
Sin embargo, diversas quejas formales y recursos jurídicos interpuestos en su contra, en todo el territorio nacional, han evidenciado deficiencias significativas en su diseño metodológico y operación, afectando el cumplimiento integral de su misión principal, pues de manera recurrente se han reportado casos y prácticas que no se apegan al cumplimiento del Principio del Interés Superior de la Niñez, el cual implicaría un análisis pormenorizado, caso por caso, de las necesidades y procedimientos a seguir.
Por el contrario, lo que se tiene son procedimientos estandarizados, que operan desde la lógica de la “comodidad institucional”, provocando que las familias, y particularmente aquellas y aquellos de sus integrantes que han sido víctimas de actos de molestia, o incluso casos graves de violencia, vivan nuevos procesos de victimización institucional, pues, debe insistirse, los procesos parecen estar diseñados, más para el funcionamiento burocrático de los centros, que para coadyuvar con los Poderes Judiciales, en la impartición apropiada de justicia, particularmente de niñas, niños y adolescentes.
La creación de los primeros de estos Centros data del año 2000; y desde entonces se ha carecido de una estructura metodológica sólida que garantice la eficacia de sus servicios. La ausencia de protocolos claros y armonizados con las nuevas disposiciones constitucionales en materia de derechos humanos, y de todo lo que se deriva de la aprobación hace menos de 15 años, de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, ha llevado a inconsistencias en la aplicación de sus procedimientos, generando incertidumbre entre los usuarios y el personal encargado de su ejecución.
Al respecto, sería deseable que el Sistema de Protección Integral de las Niñas Niños y Adolescentes, SIPINNA, pudiera generar una nueva estrategia de acompañamiento a los CECOFAM, para revisar sus criterios y protocolos de actuación; para determinar necesidades de capacitación y profesionalización; para convencer a los gobiernos estatales que es imprescindible invertir más en mejor infraestructura, en la contratación de más personal, y en la generación de procesos de evaluación que permitan saber cuáles son los resultados, más allá de los cuestionables indicadores de gestión de que hoy se dispone.
Lo anterior, porque la falta de recursos adecuados es una problemática recurrente. Y esta situación no solo afecta la calidad de las convivencias supervisadas, sino que también puede tener repercusiones negativas en el bienestar emocional de los niños y adolescentes involucrados, porque se trata de infancias que han sido altamente vulneradas y que no han tenido el acompañamiento a que tienen derecho, bajo los estándares constitucionales que deberían aplicarse.
En ese sentido, un aspecto crítico a subrayar es la inexistencia de indicadores que permitan medir la efectividad de las intervenciones del CECOFAM. Sin métricas claras, es imposible evaluar si las convivencias supervisadas logran su objetivo de fortalecer los lazos familiares y garantizar el interés superior del menor. Esta falta de evaluación impide la implementación de mejoras basadas en evidencia y perpetúa prácticas que podrían ser ineficaces o incluso perjudiciales.
Asimismo, los CECOFAM no cuentan con políticas específicas para proteger los derechos de padres y madres en situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, la imposición de cursos y capacitaciones obligatorias, sin considerar las circunstancias particulares de cada familia, puede representar una carga adicional para quienes ya enfrentan desafíos significativos de vida cotidiana.
En efecto, la estructura actual de las actividades que se imponen como obligatorias en los CECOFAM no considera la realidad de muchas familias, especialmente aquellas donde solo uno de los progenitores asume, en solitario, el cuidado de los hijos. La falta de servicios de cuidado infantil durante las capacitaciones y citatorios obliga a los padres o madres a incurrir en gastos adicionales o a buscar soluciones improvisadas, afectando su economía y reduciendo el tiempo de calidad que pueden dedicar a sus hijos.
Adicionalmente hay señalamientos recurrentes sobre al menos tres problemas, que son críticos y, al parecer, generalizados: 1) Deficiencias en el trato a los menores: Se ha reportado que, en ocasiones, los menores son revictimizados durante las sesiones de convivencia, y que el personal especializado actúa más como meros observadores antes que como auténticos facilitadores activo en el proceso; 2) Violencia institucional, pues algunas y algunos usuarios han denunciado experiencias de violencia institucional, sintiéndose desprotegidas y maltratadas durante el proceso de convivencia supervisada; y 3) insuficiencia de personal especializado, lo que repercute en la calidad del servicio ofrecido.
Para transitar hacia un país de auténtico bienestar y garantía plena de derechos humanos, es imprescindible ser y funcionar como un país apropiado para la niñez. En esa lógica, no puede justificarse que las instituciones que deberían velar por el cumplimiento integral de sus derechos, actúen como entidades que obstaculizan y que incluso pueden convertirse en generadoras, aún involuntarias, de procesos de maltrato y violencia institucional.
México cuenta con las bases jurídicas y con lo mínimo en el ámbito institucional para promover una nueva generación de políticas y programas en la materia; pero hace falta la decisión, al más alto nivel, de invertir más y de dar el paso al frente para transformar la situación.
Investigador del PUED-UNAM