Búsqueda
Colectivos de búsqueda, organizaciones y defensores de e derechos humanos advirtieron un crimen de lesa humanidad en el hallazgo del campo de exterminio que incluía hornos clandestinos en el que se encontraron restos humanos en Teuchitlán, Jalisco y acusaron al Estado Mexicano de consentir este tipo de prácticas e incluso de complicidad al no intervenir de manera efectiva en un fenómeno documentado y sistemático.
“(El Estado) ha actuado en complicidad con quienes son perpetradores o se ha desentendido por completo de la protección no sólo de las potenciales víctimas sino también de sus familias, y ha permitido la operación de estos centros de reclutamiento forzado y de exterminio”, acusaron.
Las Ongs advirtieron que el hallazgo del centro de reclutamiento forzado y del campo de exterminio con los hornos clandestinos en Teuchitlán es una prueba irrefutable de que en México se están cometiendo crímenes de lesa humanidad y, por tanto, crímenes de Estado.
“Si el Estado no toma medidas inmediatas, se estará consolidando un patrón de exterminio con la complicidad de las instituciones que deberían proteger a la ciudadanía”, sentenciaron
Las organizaciones no gubernamentales entre las que se encuentran Artículo 19, Colectivos de familiares de personas desaparecidas, Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas, Armadillos Rastreadores México y Formadores de Paz, entre otros, solicitaron a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional una investigación por los crímenes de competencia de dicho tribunal que se hubieran cometido por autoridades federales, estatales y municipales, así como por organizaciones criminales, a partir de enero de 2006 en el estado de Jalisco y el resto del país.
Paralelo a ello solicitaran a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) crear un mecanismo internacional para la búsqueda de personas desaparecidas en México.
En un posicionamiento, las Ongs acusaron que este e hallazgo configura lo que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU define como un “crimen perfecto” por el consentimiento de las autoridades de los tres órdenes de gobierno frente a la desaparición cometida por agentes no estatales.
“Resulta imposible aceptar que este mega campo de exterminio operara sin la complicidad de autoridades y fuerzas de seguridad; que después del operativo de septiembre del 2024 quedó sin protección ni aplicación de los protocolos de exhumación de las fosas clandestinas”, reprocharon
COMPLICIDAD
Acusaron que el Estado Mexicano ha creado las condiciones que permitieron la comisión de estos crímenes al mantener un contexto de impunidad y colusión entre el crimen organizado y las fuerzas de seguridad que se repite en otras entidades, con la participación directa de agentes del Estado, en el caso de Nuevo Laredo.
“Ha actuado en complicidad con quienes son perpetradores o se ha desentendido por completo de la protección no sólo de las potenciales víctimas sino también de sus familias, y ha permitido la operación de estos centros de reclutamiento forzado y de exterminio”, sostuvieron