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La construcción de la paz es un proceso complejo que va más allá de los enfrentamientos directos con el crimen. Implica transformar las condiciones socioeconómicas y políticas que facilitan la violencia.
En este contexto, las Fiscalías juegan un rol crucial: investigar delitos, elaborar carpetas de investigación suficientemente sólidas y presentar acusaciones fundadas ante los jueces.
Esta función resulta especialmente difícil cuando se enfrentan a organizaciones delictivas con un alto poder económico y logístico, capaces de operar como grandes consorcios empresariales ilegales. Su dimensión empresarial demanda una respuesta coordinada y robusta para su desmantelamiento efectivo. Estas organizaciones tienen la capacidad económica para sostener redes operativas que compiten incluso con la gestión de recursos de las empresas formales, muchas veces dificultando su persecución y por consecuencia, su desarticulación.
El Sistema Penal Acusatorio presenta desafíos significativos para las Fiscalías, que deben navegar en un sistema complejo y superar la división de competencias para mejorar la investigación y procesamiento de la delincuencia organizada. La coordinación interinstitucional es clave para combatir eficazmente incluso al crimen trasnacional.
Se requieren mecanismos confiables de intercambio de información. La unificación de bases de datos y la adopción de soluciones tecnológicas avanzadas, como plataformas seguras de intercambio de información o software de análisis criminal, pueden marcar la diferencia entre un caso resuelto y la impunidad.
La construcción de la paz también requiere abordar las raíces económicas, políticas y sociales que favorecen la violencia y el delito. Esto supone enfocarse en aspectos que van desde la persecución del blanqueo de capitales hasta la participación de la comunidad. La labor de las Fiscalías se ve presionada si no cuenta con estrategias de prevención y reconstrucción del tejido social en las comunidades más vulnerables, y deben posicionarse como entes de transformación. Esto implica: fomentar un trabajo colaborativo con autoridades, desarrollar especialización e inteligencia para investigar estructuras criminales complejas, modernizar procesos internos para agilizar la investigación y la formulación de acusaciones, e impulsar mecanismos de prevención y participación ciudadana reconociendo que la comunidad es un aliado fundamental.
Todo esto debe hacerse con un enfoque ciudadano, cercano a la gente. Se debe fortalecer la relación de las instituciones de seguridad y justicia para crear un ambiente de confianza entre la población. La colaboración entre ciudadanos y gobierno es un elemento fundamental para combatir los delitos, y ello no será posible si las autoridades no muestran apertura a la participación ciudadana.
Atender a la gente en lo individual y colectivo, mostrar empatía y darles justicia pronta y expedita, serán los primeros pasos para avanzar en el camino a la construcción de la paz.