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La guerra de los aranceles desatada por el presidente Donald Trump ha dejado fuera de la atención pública el envío o entrega de los 29 capos del narcotráfico a los Estados Unidos. Analizar este hecho es de suma relevancia, porque ha sentado un precedente delicado sobre las acciones del actual gobierno o de los que vengan en el futuro.
Para examinar esta entrega debemos de tomar en cuenta el contexto. El gobierno de Estados Unidos ha buscado responsables externos de sus problemas internos; México ocupa un lugar en primera fila como causante de sus males.
Claros ejemplos son las imposiciones arancelarias; hacer responsable a México y su gobierno de la adicción a las drogas de su población y la declaratoria de organizaciones terroristas de los cárteles mexicanos (19 de febrero), acompañada de la amenaza de intervenciones militares directas.
En el caso de la entrega de los veintinueve capos se dio tres horas antes, que la negociación con los altos funcionarios de Estados Unidos: el secretario de Estado, Marco Rubio; el de Defensa, Pete Hegseth; y la Fiscal General de Estados Unidos, Pam Bondi.
Por México participaron el canciller, Juan Ramón de la Fuente; los secretarios de Protección Ciudadana, Omar García Harfuch; de Defensa, Ricardo Trevilla; de Marina, Raymundo Pedro Morales; el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero; el embajador Esteban Moctezuma; Marcela Figueroa, secretaria del Sistema Nacional de Seguridad Pública; y Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte.
En política no existen las casualidades. La entrega de los capos fue una condición para que dicha reunión se realizara. Las presiones públicas del presidente Trump cumplieron su objetivo. Tampoco se dijo nada concreto acerca del problema del contrabando de armas.
El tercer acto consistió en intentar explicar, lo que poco se pudo explicar. En la conferencia de prensa, 27 de febrero, con la presencia de los secretarios de la Defensa Nacional, Marina, Seguridad Pública y el Fiscal General de la República se expusieron sus argumentos por el envío a Estados Unidos de los 29 capos para que fueran juzgados en aquel país.
El Secretario de Seguridad Omar García Harfuch expuso que “en coordinación cooperación respeto la soberanía y reciprocidad internacional con el gobierno de Estados Unidos se acordó el traslado de 29 generadores de violencia requeridos por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos algunos de ellos eran requeridos desde hace 40 años y otras desde hace 11…”
“…el Gabinete de Seguridad cuenta con información que existía un riesgo de que algunos de estos objetivos solicitados por el gobierno de Estados Unidos fueran liberados o siguieran atrasándose sus procesos de extradición, derivado de acuerdo con algunos jueces…
“…considerando las actividades a las que se han dedicado dichas personas vinculadas con delitos de alto impacto, representan amenaza a la seguridad de nuestro país y de Estados Unidos, el Gabinete de Seguridad, en estrecha coordinación con la Fiscalía General de la República, procedió a realizar el traslado de estos objetivos.
“Éste es un acto de autoridad que no tiene precedentes, resultado de la política de cero impunidad…"
Por su parte, el fiscal Alejandro Gertz Manero señaló que el traslado no representará problemas jurídicos para el gobierno de México, aunque no se respetaron las suspensiones que tenían algunos de los capos entregados porque en esta operación “nosotros cumplimos lo que dice la Convención de Palermo, hubo una solicitud fundada por parte del gobierno de Estados Unidos y ese fue el motivo por el cual se detonó todo este procedimiento”.
Rechazó que la entrega de los delincuentes se realizara como negociación para que no se apliquen aranceles a México, y añadió que el traslado se realizó sustentado en el artículo quinto de la Ley de Seguridad Nacional y el artículo 89 de la Constitución mexicana.
Sobre si en esta decisión de aplicar la Ley de Seguridad Nacional para el traslado tuvo participación la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario Omar García Harfuch, respondió que “la decisión fue absolutamente del Gabinete de Seguridad Nacional”. Esta respuesta ofende a la inteligencia, no es creíble que una decisión de tal trascendencia se diera al margen de la Presidencia de la República.
Toda autoridad está obligada a fundar y motivar sus decisiones. El artículo quinto de la Ley de Seguridad Nacional contiene trece fracciones que define los actos considerados amenazas contra la seguridad nacional y el artículo 89 de la Constitución contiene “Las facultades y obligaciones del presidente…” Ninguna de las dos disposiciones jurídicas señalan la existencia de una autoridad competente y/o un procedimiento para enviar a ciudadanos mexicanos a ser juzgados a otro país.
La Convención de Palermo en el Anexo I, sobre la delincuencia organizada trasnacional, en su artículo 16 establece los lineamientos generales respecto a la extradición de los delincuentes con base en los tratados acordados por los diferentes Estados. Dichos tratados estarán sujetas al Derecho interno de cada país.
En el tratado de extradición entre México y Estados Unidos (1980) es indispensable la solicitud de extradición, para iniciar el procedimiento, que tendrá que llevarse a cabo de acuerdo con los procedimientos de la legislación mexicana…”
El procedimiento establecido en la Ley de Extradición Internacional (1975) incluye a la Secretaría de Relaciones Exteriores a la Fiscalía General de la República y a un juez de distrito.
Enviar a los capos a Estados Unidos fue una decisión política, que tiene tres deficiencias. Primera, la Constitución en el artículo 119 solo establece como mecanismo de entrega de una persona a un gobierno extranjero, para que cumpla condena o sea juzgado, mediante el procedimiento de extradición.
Partiendo del principio de que los derechos otorgados por la Constitución sólo pueden ser limitados por la Constitución misma, no existe otro procedimiento que el de extradición para enviar a un ciudadano mexicano a que sea juzgado en otro país.
Segunda, La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal le da la atribución al Secretario de Seguridad de coordinar el Gabinete de Seguridad; pero existe un vacío legal en lo referente a la integración. las funciones y facultades de este órgano. No existe norma jurídica que le de facultades expresas para, en los hechos, expulsar a ciudadanos mexicanos con el fin de que sean juzgados en otro país.
Tercera, se entregaron a Estados Unidos los capos, sin obtener nada a cambio. Ni siquiera el compromiso de contener el tráfico de armas, preocupación central del gobierno mexicano, o la intención de combatir a sus propios cárteles.
El argumento de que se sabía que algunos capos iban a ser liberados por jueces corruptos y por eso el envío fue intempestivo es, no sólo frívolo, sino que exhibió al gobierno y a la Fiscalía General de la República de incapaces de hacer cumplir la ley a los propios jueces. No se duda que haya jueces corruptos, pero se les debe acusar administrativa y penalmente. Si no se hace las acusaciones mediáticas se convierten en demagogia.
Es sorprendente que las instancias que integran, en los hechos, el Gabinete de Seguridad no fueran capaces de alertar de la inconstitucionalidad del acto de entregar a los capos. Es sumamente peligroso que en la conferencia de prensa se afirmara que se iba a continuar con este tipo de acciones, porque puede darse el caso de que a capricho de las autoridades estadounidenses se entregue algún ciudadano incómodo para que lo juzguen, sin respetar los procedimientos legales.
Es indispensable revisar y actualizar todo el andamiaje jurídico desde la Constitución, para tener disposiciones armonizadas sobre la seguridad nacional, la seguridad interior y la seguridad pública, porque las políticas públicas derivadas de esa normatividad deben poner en el centro otorgar paz a la población y no atender presiones externas. Aunque hay que reconocer que existen cambios positivos en la política de seguridad pública.
*Profesor UAM-I,
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