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De acuerdo con el Índice de Paz, 2024, publicado por el Institute for Economics and Peace, el costo de la delincuencia en 2021 se estimó en 4.9 billones de pesos; esa cifra es equivalente a cerca de 243 mil millones de dólares. Para ponerlo en contexto, de acuerdo con cifra que se aproxima, según datos del Banco Mundial, a una tercera parte del gasto que realizó ese año en el rubro militar, el gobierno de EEUU.
De esa cifra, el gobierno mexicano tuvo que gastar más de 640 mil millones de pesos en las áreas de Defensa Nacional y Seguridad Pública, para financiar las estrategias y programas de prevención del delito y combate a la delincuencia.
Es evidente que estas cifras pueden ponerse a debate e implicarían una desagregación detallada por rubros, para entender el costo de la criminalidad en México, y a ello debería añadirse o al menos, ponerse enfrente, el costo que implica en pérdidas para la ciudadanía y para los negocios, de todos los tamaños y tipos, el embate de la criminalidad a través de delitos que van, desde el robo, con y sin violencia, hasta la extorsión, el cobro de piso, el secuestro y otras formas de exacción de recursos de la economía establecida, pero también la informal.
Ante esta realidad, las y los economistas enfrentan un reto mayor: cómo dimensionar y cómo medir la magnitud de la economía criminal en México; y en esa estimación, la cuestión de fondo: el debate de economía política en torno a si la criminalidad genera riqueza y cómo ésta es monopolizada por unos cuantos grupos, que utilizan mecanismos de la economía legal, y en los cuales se respaldan y basan para el blanqueo de recursos, ya sea vía la incorporación de dinero a la circulación legal, o bien a través de la creación de empresas que permiten la elusión y la recuperación de recursos fiscales.
Para tener una idea aproximada del problema que se enfrenta, habría que pensar que, en las estimaciones más conservadoras, el crimen organizado tiene presencia al menos en los mil municipios con mayor población del país. Y dada la magnitud de la capacidad operativa que se muestra y de la cual se alardea públicamente todos los días, es dable pensar que al menos habría 100 personas, en promedio, que trabajan directamente para las estructuras criminales.
Lo anterior implicaría alrededor de 100 mil personas empleadas por la delincuencia organizada. Ahora bien, si cada una de esas personas obtiene al mes, en promedio, un ingreso similar al salario medio registrado por el IMSS (alrededor de 18,500 pesos mensuales), la cifra aproximada sería de 1,815 millones de pesos, sólo en “salarios” pagados a las estructuras criminales.
Adicionalmente, debe considerarse que Transparencia Internacional estima que cada año se pagan alrededor de 100 mil millones de dólares en pago de sobornos en México; lo cual da cuenta de la magnitud de los intereses que se protegen mediante esos pagos, y que tienen qué ver no sólo con el acceso a servicios o multas menores, sino también con la compra de información de inteligencia, control de cárceles y aduanas, control de carreteras y otras actividades que permiten el eficaz funcionamiento que tienen los grupos criminales en el territorio nacional.
Dada la naturaleza clandestina de las actividades criminales es difícil estimar cuánto generan al año; pero estimaciones de diversas fuentes calculan que el tráfico de estupefacientes podría generar entre 5 mil y 12 mil millones de dólares al año; en el lavado de dinero se estima que se “blanquea” alrededor de 25 mil y 40 mil millones de dólares; el tráfico de armas podrías generar alrededor de otros 120 mil millones; mientras que la trata de seres humanos y el tráfico de personas migrantes, podría generar entre 5 mil y 7 mil millones de dólares. A eso debe agregarse que, en extorsión y control de mercados locales, las cifras podrían llegar a sumas de entre mil y dos mil millones de dólares.
Por todo esto, resurge una de las preguntas inquietantes que se debatían en la década de los 90 del siglo pasado, relativas a si la economía mexicana en particular, pero también la economía global, podrían funcionar sin los recursos de la macro criminalidad trasnacional. Es decir, si los recursos ilegales y el costo de la delincuencia en México asciende a 5 puntos del PIB, la cuestión es qué pasaría si ese dinero no circulara más.
La respuesta de algunas y algunos es simple: lo que ocurriría es que habría mejores condiciones para la inversión y el florecimiento de los negocios. Sin embargo, pareciera que la cuestión no sería lineal y se plantean otras cuestiones, como la relativa a la posibilidad de que el sistema, es decir, el engranaje de la economía nacional, podría implicar ya de forma inherente el componente de la corrupción y la criminalidad. Si algo así se hubiese configurado ya, estaríamos ante una cuestión auténticamente inquietante.
La paz, en toda la tradición del pensamiento liberal, ha sido considerada como un factor necesario para el desarrollo; de hecho, se considera un factor que lo permite, pero también que se reproduce gracias a las condiciones de bienestar que pueden generarse. Pero hoy estamos ante un escenario que permite al menos poner en cuestión si realmente ocurre así. Porque si no lo fuera, estamos ante una de las situaciones más críticas de la realidad económica y social de nuestra historia.
Investigador del PUED-UNAM