La Ciudad de México ha marcado un antes y un después en la historia de la tauromaquia, con la histórica aprobación de la ley que prohíbe la violencia en las corridas de toros.
Es un hito legislativo que responde a una exigencia social y a la evolución de los derechos de los seres sintientes que cada vez son más respetados en todo el mundo.
Esta decisión no fue arbitraria. Se trató de un proceso que involucró a todas las partes: ganaderos, empresarios, expertos, trabajadores del sector, ciudadanos, abogados y defensores de la fiesta brava. Más de 27 mil ciudadanos participaron en la consulta, y la mayoría se inclinó por poner fin a la crueldad en la tauromaquia.
La Tercera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México asumió su responsabilidad con seriedad. A diferencia de legislaturas anteriores, que dejaron en el cajón más de 20 iniciativas sobre el tema, esta vez la discusión fue abierta, profunda y transparente. El resultado fue una aprobación casi unánime: solo un legislador votó en contra.
El debate ponderó principios constitucionales. Tanto la Carta Magna como la Constitución local ya reconocían la protección de los seres sintientes. No se trató de prohibir la tauromaquia en su totalidad, sino de erradicar la violencia.
El respaldo de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, fue clave en la discusión. Su postura influyó para que el Congreso capitalino adoptara una decisión intermedia: mantener la tradición y el empleo, pero sin sangre.
Sin embargo, el desafío aún no termina. En los transitorios de la ley se establecieron 210 días para que el Gobierno de la Ciudad elabore un nuevo reglamento de espectáculos taurinos. Durante este mismo periodo, al gremio taurino le toca definir las reglas bajo las cuales podrá operar sin vulnerar la nueva normatividad.
Aquí radica la verdadera prueba para los empresarios taurinos. Tienen la oportunidad de replantear la fiesta brava, de hacerla evolucionar hacia un espectáculo sin violencia. Podrán proponer nuevas formas que, como en otros países, respeten la vida de los toros y la seguridad de toreros y espectadores.
El reglamento que elaborará la autoridad debe ser claro y sin vacíos legales. Su redacción debe contar con la determinante participación de la Secretaría de Gobierno, la Consejería Jurídica, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) y la Agencia de Atención Animal (AGATAN), entre otras instancias clave en la defensa de los derechos de los seres sintientes.
Además, la aplicación de la nueva ley debe ser rigurosa. En la Ciudad de México existen múltiples espacios, tanto públicos como privados, donde se realizaban espectáculos taurinos.
Es fundamental que la autoridad garantice el cumplimiento de la norma y evite cualquier intento de regresión o eventos clandestinos.
La PAOT jugará un papel crucial. Debe convertirse en el vigilante y garante de que no haya marcha atrás en la prohibición de la violencia en las corridas. Su labor será asegurarse de que las nuevas reglas del juego se cumplan sin excepciones.
El futuro de la tauromaquia en la Ciudad de México depende de la responsabilidad de todos los actores involucrados. La violencia ha quedado atrás. Ahora, el reto es construir un espectáculo que respete la tradición sin recurrir al sufrimiento.
La decisión está tomada. Lo que sigue es hacerla valer.