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Presentada ante la la Fiscalía General de la Republica y la FGJ de la CDMX, por los diputados locales Ceci Vadillo y el de la voz, la querella se sustenta en una docena de irregularidades que suman 92 millones de pesos, detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF): 70 mdp en 2023 y 22 mdp en 2022.
El órgano de fiscalización no titubea en señalar que algunas anomalías representan un “daño flagrante al erario” por presuntos delitos de corrupción, desvío de recursos y uso indebido de funciones.
Las irregularidades involucran adquisiciones, arrendamiento de vehículos, el programa social “Manos a la Olla” y contratos de obra pública. La alcaldía omitió presentar documentación esencial: padrón de beneficiarios, convocatorias, dictámenes de adjudicación, actas constitutivas de empresas concursantes, propuestas económicas y constancias fiscales.
Un ejemplo: en un contrato por 10 mdp para suministro y aplicación de pintura, la empresa “Grupo Tawder de México, S.A. de C.V.” resultó ganadora a pesar de estar en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados. Inconcebible que la alcaldía no lo verificara, pues estas empresas tienen prohibido ser contratada.
Aún más escandaloso: en cinco contratos, la empresa “GP Construcciones S.A. de C.V.” y otra participante pertenecen al mismo dueño, lo que la ASF califica como ventaja indebida.
En obra pública, dos mercados supuestamente rehabilitados no cuentan con pruebas de los trabajos realizados.
En los contratos del “programa social” Manos a la Olla, instalación de luminarias LED y consultorías administrativas, no hay padrón de beneficiarios ni evidencia del servicio prestado. Aquí, la ASF estima un daño a la Hacienda Pública por cerca de 30 mdp.
Los recursos bajo escrutinio provienen de los casi 1,900 mdp entregados a la alcaldía a través de las participaciones federales e incentivos de colaboración fiscal del Ramo 28.
En la auditoría de 2022, se detectaron anomalías en el arrendamiento de vehículos y la supuesta rehabilitación del Deportivo Pavón. Le consta a este escribidor que muchas obras reportadas no se hicieron y las pocas que sí, fueron de pésima calidad.
Tabe no es nuevo en esto. Desde 2021, su administración ha estado marcada por acusaciones de corrupción, denuncias y escándalos. Vecinos han exigido investigar la expansión del cártel inmobiliario en Miguel Hidalgo, un modelo importado de Benito Juárez por exfuncionarios panistas.
No olvidemos que Tabe siempre ha sido parte de este entramado. Su trayectoria política y laboral está ligada a Benito Juárez y a su jefe político, Jorge Romero Herrera, actual dirigente nacional del PAN y presunto cabecilla encubierto del cártel inmobiliario.
El escándalo alcanza niveles insólitos: en un solo complejo inmobiliario hay seis inmuebles a nombre de exalcaldes, funcionarios de BJ y familiares: Santiago Taboada, Christian Von Roehrich, el exdirector de Obras de BJ (ambos encarcelados por las investigaciones del Cártel Inmobiliario), un hermano del actual alcalde Luis Mendoza y el suegro de Jorge Romero.
Apreciable lector, imagine que la ASF solo auditó una muestra del 9% del presupuesto de participaciones federales a Miguel Hidalgo en 2023 (181 mdp de los casi 1,900 mdp asignados) y ya encontró graves irregularidades en la mitad. ¿Cuántas irregularidades encontraría si audita el total del presupuesto de la alcaldía que es de casi 2,600 mdp?
Esto es solo la punta del iceberg. En próximas entregas, expondré otras “linduras” del “alcalde ausente”, apodo que se ganó Mauricio Tabe por la mitad de los colonos de Miguel Hidalgo a quiénes no ve, no escucha y no atiende.