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Las circunstancias difíciles que enfrenta la educación mexicana nada tienen que ver con la realidad convulsa y tormentosa que vive el sector educativo en Estados Unidos. Todo lo que ocurre en este sector refleja la personalidad atrabiliaria, conservadora y torpe que caracteriza al presidente de EUA.
Donald Trump colocó a una conocida empresaria de lucha libre, Linda MacMahon como encargada de educación y le ordenó que, como jefa del Departamento de Educación (único organismo federal de esta materia) se encargaría de --nada más, y nada menos-- “desmantelar” el mismo organismo cuya dirección se le encargó.
Los argumentos que el presidente utiliza son polémicos: acusa al Departamento de ser la causa de los bajos aprendizajes, de consumir gran parte del gasto público y de ser un foco de subversión izquierdista. La historia del Education Departament es relativamente corta, se creó en 1979, pero es destacada. Tiene una gran oficina encargada de la defensa de los derechos civiles, ha desempeñado un papel crucial como balanza que compensa desigualdades financieras entre los estados; ha sido importante en la defensa de causas progresistas: promueve programas para proteger los derechos de las mujeres, defiende la interculturalidad y el plurilingüismo, sostiene la enseñanza del inglés para migrantes, lucha contra el racismo, apoya a los niños discapacitados, etc. Estas causas progresistas chocan con los prejuicios básicos del ejecutivo.
Su idea ha causado gran revuelo en la sociedad estadounidense. Los padres de familia reaccionaron con alarma, en los medios hubo un estallido de indignación que ha resonado por todas partes. Lo que se discute, es, si el presidente tiene la capacidad legal para proceder a abolir el Departamento; mucha gente argumenta que esa facultad sólo pertenece al Congreso y, de llevarse la resolución al congreso se toparía con un equilibrio muy apretado de cuotas entre demócratas y republicanos y en el Senado necesitaría para ser aprobada una mayoría de 60 votos. Por lo pronto, ya se han producido numerosas demandas judiciales contra la idea presidencial.
Un grupo de sindicatos y distritos escolares demandaron al presidente Donald Trump, a la secretaria de educación Linda Macmahon y al Departamento de Educación sobre los planes de la administración de echar abajo la agencia federal. Otros demandantes son dos distritos escolares de Massachusetts y la Federación Americana de Profesores argumentando que la masa de despidos en el Departamento de Educación y la orden de Trump a Macmahon de “facilitar” el cierre de la agencia “son ilegales y dañan a millones de estudiantes, distritos escolares y educadores a lo largo de la nación”.
La demanda de 65 páginas, elaborada en el US corte de Distrito por el Distrito de Massachusetts, busca bloquear la orden de Trump y reinstalar el staff despedido por la agencia. Otra coalición de abogados el lunes pasado redactaban una demanda con similares reclamos y buscando impedir el cierre del Departamento de Educación.
Una medida presidencial relativamente sensata fue prohibir los teléfonos celulares dentro de las escuelas, pero la medida ha tenido malos defensores, entre otros, el secretario de salud, Robert Kennedy quien combatió las vacunas durante la pandemia y entre los argumentos que utilizó para la prohibición de los celulares fue que la medida era buena “puesto que se ha probado científicamente que los celulares causan cáncer”, lo cual es una patraña.
Macmahon ha tratado de tranquilizar a los disidentes diciendo que en todo caso se apegará a la ley, pero eso no ha sido obvio, dos semanas después de que se giró la orden del ejecutivo, el 50 % del personal del Departamento había sido despedido. Se trata dijo la secretaria de “eliminar la burocracia responsable de los descalabros educativo y de trabajar en contacto con el Congreso para asegurar una transición legal y ordenada”
Todd Wolfson, presidente de la Asociación Americana de Profesores declaró: el acceso a la educación de niños provenientes de la clase trabajadora va a disminuir”. En otra demanda se dice: “Los fondos para la college education (educación superior) serán eliminados, programas para alumnos con discapacidades y estudiantes que viven en pobreza serán recortados y la aplicación de las leyes de derechos civiles contra las discriminaciones raciales o sexuales desaparecerán”
Las escuelas públicas de Sommerville, lo mismo que las de Easthampton y otros demandantes, arguyen que Trump y su administración no tienen autoridad para llevar adelante sus planes sobre el Departamento de Educación: “Primero, el Departamento de Educación fue creado por estatuto y no puede ser abolido o desmantelado o cerrado ni por el presidente ni por la secretaria. Esto no puede suceder si el acto se quiere consumar por una Orden Ejecutiva, por despidos masivos de los empleados de la entidad, transfiriendo las funciones del Departamento a otras agencias o por otros medios”. Argumentan, además, que echar abajo el Departamento viola el Acta de Individuos con Discapacidades, los estatutos de derechos civiles y otros estatutos tales como aquellos que dan autoridad al Departamento de supervisar las ayudas financieras.
El viernes 21 de marzo. Trump informó que operaciones educativas especiales pasaran a manos del Departamento de Salud y Servicios Humanos, mientras que los créditos a estudiantes serían supervisados por la Administración de Pequeños Negocios, agencia creada por Macmahon en el gobierno anterior de Trump. A todo eso se agregan otros desaguisados menores: se expulsó del país a 180 estudiantes árabes a quienes se acusó de agitar contra los judíos, el Departamento de Educación envió a los estados un acuerdo que los obliga a regular la matrícula sobre la base de dos sexos (hombre-mujer) so pena de no recibir recursos financieros, etc. etc. En conclusión, la turbulencia en el sector educativo es grave.