Búsqueda
El domingo pasado iniciaron las campañas para la controvertida elección judicial producto de la reforma aprobada el año pasado. En este lapso de tiempo se creó un limbo en materia jurídica en donde autoridades gubernamentales se niegan acatar o simplemente ignoran las resoluciones judiciales. Esta situación se está dando al interior de la Fiscalía de la CDMX que encabeza Bertha Alcalde Luján.
El asunto genera preocupación, ya que vulnera los derechos de un menor de edad. El problema estriba en la negativa para retirar una Alerta Amber, por parte de Gabriela Piña Trejo, encargada de la Unidad de Investigación, y del Ministerio Público Víctor Hugo Botello Rodríguez, ambos adscritos al área de Atención a Delitos Cometidos en contra de Niñas, Niños y Adolescentes, esto a pesar de que el menor se encuentra con el padre, quien obtuvo la custodia provisional.
La actuación de estos funcionarios contradice la resolución de un juez en materia familiar, quien resolvió a favor del padre luego de que se documentara violencia sistemática ejercida por la madre Iris Liliana Flores en contra del menor, a través de videos que fueron ofrecidos como prueba en el proceso legal.
El asunto podría pasar al ámbito penal por el hecho de que esta persona intentó hacer el cobro de manera simultánea de dos pensiones alimenticias distintas por un monto considerable, decretadas por dos autoridades diferentes, una de ellas por 500 mil pesos.
Además, ha hecho uso de un documento inoperante, dictado por la jueza interina Socorro del Monte Díaz, el cual fue declarado nulo al comprobarse que fue obtenido mediante engaños y declaraciones falsas.
Esta situación nos hace reflexionar sobre la urgente necesidad de establecer medidas que eviten el uso indebido de herramientas del sistema judicial, como en este caso, enfocadas a la búsqueda de desaparecidos, para que no sean utilizadas con fines personales y económicos.
Esperemos que con la realización de la elección en junio próximo, estas diferencias entre juzgadores e instituciones públicas se terminen, ya que afectan el correcto desarrollo de procesos legales, poniendo en riesgo, en este caso, la integridad de un menor de edad.
AUMENTAN REPORTES POR FALSOS FALLECIMIENTOS
Recientemente, la Presidenta Claudia Sheinbaum anunció una serie de cambios que tendrá la Clave Única de Registro Poblacional (CURP), esto con la finalidad de que sea el principal documento de identidad de los mexicanos. En medio de este proceso de modernización es que se han disparado los reportes que advierten sobre un esquema fraudulento en el que se da de baja la CURP de las personas reportando un falso fallecimiento.
En el entramado de corrupción el principal responsable es el Registro Civil, ya que desde ahí se expide el acta de defunción apócrifa. Sobresale el Estado de Oaxaca, gobernado por Salomón Jara, como la entidad en donde se han presentado la mayoría de los casos.
También se detectaron ciertas coincidencias entre las personas afectadas, como el hecho de ser pensionadas y contar con seguro de vida. Un caso concreto es el de Patricia García Nieto, pensionada del ISSSTE, que de un día a otro dejó de recibir su dinero por tener dada de baja su CURP. Al acudir a esta institución le informaron que la causa era un reporte de fallecimiento.
Asimismo, otras personas afectadas refieren una posible colusión con aseguradoras privadas con el objetivo de cobrar el seguro. Destaca el nombre de Metlife, dirigida en México por Mario Valdés, como la empresa con más reportes en este sentido.
El laberinto de trámites burocráticos para aclarar esta situación es interminable, como si no fuera suficiente presentar INE y acta de nacimiento para comprobar la identidad. Mientras tanto, personas cuyo único sustento es la pensión que reciben, se encuentran al borde del colapso económico por un problema de incompetencia gubernamental.
@fer_martinezg