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Hace exactamente cuarenta años, el jurista y teórico de la política, Carl Schmitt, fallecía a los 97 años en Alemania, su país natal. Cuestionado por algunos debido a su apoyo intelectual y efímera militancia en el Partido Nacionalsocialista, y al mismo tiempo alabado por otros, en virtud de sus enormes contribuciones al análisis sobre el ejercicio efectivo del poder, fue también objeto de furiosas polémicas y de interpretaciones discordantes aparentemente incompatibles. El último heredero del pensamiento político de la modernidad -considerado el Thomas Hobbes del siglo XX- propone un aparato argumentativo coherente y unívoco. Filósofo de la inmediatez y de la excepción concreta, pero también de la mediación representativa, de la sustancia y de la forma política, Schmitt sostiene que: “el soberano es quien decide en un estado de excepción”. Es un autor poco estudiado porque se considera que representa el lado oscuro de la política, donde prevalece la fuerza sobre el consenso y porque ubica el origen de la política en el conflicto.
El pensador alemán propone su famosa distinción entre “amigo” y “enemigo”, que sirve para eliminar lo abstracto del conflicto y para dar un rostro concreto al adversario. En efecto, “inventar al enemigo” es una práctica del poder que sirve para orientar el conflicto en una dirección o en otra. Carl Schmitt fue un agudo observador que estudió las debilidades del parlamentarismo y del cosmopolitismo liberal. Su teorización se basa en la necesidad de instaurar un poder de decisión adecuado para situaciones de exacerbado enfrentamiento social. Para comprender su concepto de lo político resulta indispensable referirse a la crisis del modelo constitucional en Alemania derivada del fracaso de la República de Weimar en 1933, caracterizada por un enorme déficit de autoridad del Estado.
Sin embargo, un enfoque diferente sobre la obra del jurista alemán, resalta el principio democrático de la política. Tal reflexión es actualmente necesaria, pues constituye el único modo de abordar las exigencias de uno de los componentes básicos de la Constitución moderna, representado por su dimensión político-democrática. A diferencia de su otro componente jurídico y garantista, la dimensión política aparece como más frágil y expuesta a simplificaciones. Sus reflexiones sobre lo político son oportunas porque chocan frontalmente con el obstáculo derivado de actitudes de resignación o cinismo respecto a la urgencia de disciplinar el poder que se despliega en la política lo cual representa una estrategia para imponer objetivos preestablecidos, quedando en suspenso la cuestión de cómo puede y debe definirse ese poder en una constitución democrática.
La figura del Estado de derecho, que reposa sobre el control de la función ejecutiva por parte de los tribunales, no constituye más una respuesta adecuada para un nexo social
que se organiza a partir del sufragio universal. En las nuevas circunstancias el Estado no puede tener otra justificación que el principio democrático, referido al pueblo. La opción de Schmitt en favor del principio democrático debe entenderse como la vía adecuada para alcanzar una decisión objetiva sobre los criterios para la integración del Estado. Por lo tanto, el poder constituyente es el soberano político concreto, mientras que la Constitución representa una decisión.
La democracia es para Carl Schmitt la voluntad unitaria del pueblo, reflejada en la resolución de una determinada configuración del Estado. Rechaza una concepción formal o procedimental de la democracia, como la de Hans Kelsen, con el argumento de que en ella solo rige el principio mayoritario, que no responde a la lógica del Estado fundado en el principio democrático. Sostiene la necesidad de distinguir el pacto social que origina al Estado del pacto constitucional que permite la unidad política soberana, y por lo tanto, que la voluntad constituyente del pueblo no puede ser representada sin que la democracia se transforme en aristocracia.