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Semana y seguridad mayor. En la Ciudad de México, los delitos de alto impacto, los registrados formalmente, han disminuido 65 por ciento en el primer trimestre de este año respecto a la incidencia identificada en el mismo periodo del 2018 a nivel nacional.
También hay algunos avances en el país, probablemente más percibidos en comunidades y en los medios de difusión dada la regularidad de su reporte. Entre ellos destacan cateos, detenciones y decomisos, los cuales en algún momento podrían contribuir a la disminución de la incidencia, al menos la registrada.
Una más afinada labor periodística, como la que realiza La Crónica, nos está permitiendo conocer elementos no públicamente incorporados en el debate cotidiano de seguridad: el deterioro de la superficie cultivable y la consecuente pobreza con pérdida de oportunidades legales y legítimas para amplias comunidades rurales; la presencia de las metanfetaminas más que del fentanilo como riesgo de tráfico interno de drogas y adicción juvenil; la complejidad del combate a la pseudocultura de la apología del crimen sin definirse aun si la expresión de la misma es más un desahogo que un riesgo de seguridad, entre otros aspectos.
Seis meses parecen pocos para evaluar la eficiencia del esquema de seguridad, aunque es debatible. Negar los avances no corresponde con los registros ante el ministerio público, incluso en entidades donde los crímenes habían subido alarmantemente, como Guanajuato. La controversia no cesará pronto.
De acuerdo con los datos presentados la semana pasada a la Presidenta Claudia Sheinbaum, en el centro del Bajío, los homicidios dolosos bajaron 48 por ciento entre el último mes del sexenio pasado y marzo de este año. Un avance atribuible a la estrategia de seguridad, voluntad política y participación ciudadana. Sin embargo, siempre surge la discusión sobre el número de desapariciones que eventualmente podrían convertirse, en algún momento, en homicidios jurídica y numéricamente visibilizados.
En la capital nacional, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, ha logrado profundizar la inercia positiva, detonada por la estrategia de Sheinbaum como gobernante local y enriquecida en las detenciones de generadores de violencia, una mayor efectividad de la Fiscalía General de Justicia encabezada por Bertha Alcalde en las vinculaciones a proceso y en el acompañamiento de la videovigilancia como factor disuasivo y contributivo de la persecución del delito.
Los reportes de ilícitos a líneas de emergencia como el 9-1-1, operada por el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, representan un termómetro del comportamiento delictivo. Tocan la cifra negra. Parcialmente, la incorporan, por decir lo menos. Los robos de pasajeros en transporte público, eléctrico, en Metrobús o taxi registran disminuciones superiores al 50 por ciento en el primer trimestre de este año en comparación con los mismos tres meses del año pasado. Los robos a casa habitación tienen una baja del 23.5 por ciento. En resumen, a los datos positivos registrados ante autoridades de procuración de justicia se suman aquellos ausentes de los registros dentro de carpetas de investigación, también con indicios de mejora.
Ante los avances es indispensable desde lo institucional y lo ciudadano fortalecer la estrategia con esquemas de vigilancia como el desplegado para Semana Santa o con proyecciones para el incremento la videoseguridad.
En la prevención del robo a casa habitación, el uso de dispositivos tecnológicos, como cámaras monitoreadas a distancia desde el celular o temporizadores de luz, alarmas individuales o colectivas, se potencializa con la creación de redes comunitarias para la vigilancia vecinal. Sin comunidad no hay seguridad.