La paz como derecho humano

La paz, entendida como un derecho humano, es mucho más que la simple ausencia de violencia. Implica garantizar dignidad, justicia y oportunidades para todas las personas, sin importar su origen o condición social. En México, esta visión ha ido ganando terreno a lo largo de la historia, influyendo en leyes, instituciones y políticas públicas que buscan dar respuesta a los profundos desafíos de desigualdad y violencia. Sin embargo, el panorama nacional todavía muestra signos de un rezago estructural que requiere soluciones disruptivas y una participación activa de la sociedad para transformar la realidad.

El punto de partida es reconocer que la violencia no surge de la nada. Existen factores históricos, sociales y económicos que han generado brechas y marginación en distintos sectores de la población. La corrupción, la falta de oportunidades laborales, la debilidad institucional y la impunidad alimentan un ciclo de conflictividad difícil de romper. En este contexto, la concepción de la paz como un derecho humano no solo nos obliga a repensar la seguridad pública, sino a articular acciones integrales que incluyan la justicia social y la equidad como pilares fundamentales.

El pensamiento humanista mexicano ha jugado un papel clave en este proceso. Grandes referentes de la historia nacional sostuvieron que la paz verdadera se construye cuando la dignidad de cada individuo se coloca en el centro de las políticas y las leyes. Figuras como José María Morelos, Benito Juárez o Lázaro Cárdenas marcaron hitos al subrayar la importancia de la igualdad, la educación y la defensa de los más vulnerables. Con el paso del tiempo, esta visión ha sido retomada y ampliada por movimientos sociales, organizaciones civiles y nuevos liderazgos que entienden la paz como un estado activo, que se construye día a día desde la base comunitaria.

Hoy, México enfrenta una coyuntura en la que urge adoptar estrategias más profundas y disruptivas para recuperar la tranquilidad y el orden. No basta con acciones reactivas o con ver la seguridad desde un enfoque meramente policial. Resulta esencial trabajar en la prevención de la violencia, la participación ciudadana y la atención a las causas que originan el delito. Un abordaje integral implica educación para la paz, programas de reinserción social, desarrollo económico incluyente y sobre todo, una coordinación sólida entre autoridades y sociedad civil.

En este panorama, Chiapas se presenta como un caso emblemático. Históricamente marcado por tensiones sociales y conflictos, el estado ha emprendido una transformación notable bajo el liderazgo del Gobernador Eduardo Ramírez. Desde el inicio de su administración, Ramírez ha subrayado que la paz es un derecho humano inalienable, y su gobierno ha puesto en marcha una estrategia que combina seguridad, justicia y desarrollo comunitario. Lejos de limitarse a operativos policiales, la apuesta en Chiapas se basa en un enfoque humanista que reconoce la diversidad cultural y las tradiciones ancestrales como elementos esenciales para reconstruir el tejido social.

La estrategia de recuperación de la paz en Chiapas, impulsada por la nueva administración, se concentra en cuatro ejes principales:

Participación ciudadana y fortalecimiento comunitario : Se fomenta la organización vecinal y el diálogo constante con las autoridades, para que las soluciones nazcan desde la realidad de cada municipio y se adapten a las necesidades específicas de la población.

Coordinación institucional y transparencia : Se han estrechado lazos entre diversas dependencias estatales y federales, lo que permite un manejo más eficiente de recursos y un seguimiento puntual de las acciones de seguridad y justicia.

Integración de la diversidad cultural : Se reconoce la riqueza de los pueblos originarios, integrando sus saberes en políticas de mediación y resolución de conflictos, con el fin de fortalecer la cohesión social y el sentido de pertenencia.

Impulso al desarrollo integral : La visión de paz en Chiapas va de la mano con programas de empleo, salud y educación, para que la gente cuente con oportunidades reales y no vea la violencia como única salida a la marginación.

Los resultados de esta estrategia son prometedores. Según informes locales, se ha logrado una disminución en los índices de delitos de alto impacto y un incremento en la participación ciudadana en programas comunitarios. Además, el enfoque de justicia restaurativa, que prioriza la reconciliación y la reinserción, ha demostrado ser más eficaz a largo plazo que las acciones puramente punitivas. Con ello, Chiapas avanza en la construcción de un “nuevo orden” que no depende exclusivamente de la fuerza pública, sino que se sostiene en la dignidad y el respeto a los derechos humanos.

Para que este impulso se consolide, es fundamental mantener la voluntad política y el apoyo de la ciudadanía. La paz como derecho humano exige un esfuerzo continuo: si se descuida la justicia social o la inclusión, se reabre la puerta a viejos resentimientos y tensiones. Por ello, el gobierno chiapaneco ha sentado bases sólidas al fomentar la corresponsabilidad entre instituciones, actores económicos y sociedad civil, buscando que el modelo trascienda administraciones y se convierta en un legado perdurable.

En definitiva, la experiencia de Chiapas muestra que es posible dar un giro radical a la forma de entender la seguridad y la justicia. Si asumimos la paz como un derecho humano y no solo como la ausencia de balas, las soluciones se multiplican y adquieren mayor legitimidad social. México necesita profundizar esta visión, expandir las buenas prácticas y sumar a más actores en la construcción de una paz positiva. Aún hay mucho camino por recorrer, pero la transformación impulsada en Chiapas evidencia que, cuando se conjugan la voluntad política y el enfoque humanista, la esperanza de un futuro más justo y seguro se convierte en una realidad palpable.

• Comentario del Experto en Seguridad y Procuración de Justicia,