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La próxima presentación de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030, representa más que solo el cumplimiento de los artículos 69 y 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se trata de un pronunciamiento político que confirma una ruta: la consolidación de la paz en México a partir de un cambio de paradigma en materia de seguridad iniciado en 2018 con la Cuarta Transformación.
Esta estrategia, encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, no evade los desafíos estructurales del país. Al contrario: reconoce que la violencia no nace sola, sino que se alimenta de desigualdades, abandono institucional y exclusión social. Por ello, coloca en el centro la atención a las causas que la generan: pobreza, falta de oportunidades, marginación. Apostar por la población más vulnerable no es un acto de buena voluntad, es una decisión estratégica.
Además, el enfoque integral propuesto no sólo privilegia la acción social, sino que reformula la política criminal desde una lógica más humana y efectiva. La inteligencia, la coordinación interinstitucional y la profesionalización de las instituciones, reemplazan la fuerza bruta y la fragmentación que durante años debilitaron la capacidad del Estado. Prioriza temas como la formación y capacitación, al igual que la utilización de técnicas avanzadas de investigación y tecnología de vanguardia, lo cual promete mejorar significativamente la eficacia de los cuerpos de seguridad. Eso es atender lo urgente.
Enfrentar a los delincuentes y disminuir la incidencia delictiva, especialmente de los delitos de alto impacto, es uno de los objetivos esenciales de esta estrategia. La neutralización de los generadores de violencia y el fortalecimiento de las capacidades de prevención, proximidad social e investigación son pasos cruciales para lograr una sociedad más segura.
Un acto de autoridad sin precedentes en la lucha Contra la Delincuencia Organizada se vivió el 27 de febrero de 2025, en donde México dio un paso histórico en su política de Cero Impunidad, al coordinar con el Gobierno de los Estados Unidos el traslado y entrega de 29 generadores de violencia requeridos por el Departamento de Justicia estadounidense. Este acto, basado en disposiciones constitucionales y legales en materia de seguridad nacional, refleja un esfuerzo conjunto en la lucha contra la delincuencia organizada.
En paralelo, la administración actual ha impulsado reformas significativas para fortalecer el marco jurídico. La reforma al artículo 30 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal amplía las atribuciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en áreas clave como la prevención de violencias, protección de instalaciones estratégicas y desarrollo de inteligencia penitenciaria. Asimismo, la reforma al artículo 21 de nuestra Carta Magna, publicada el 31 de diciembre de 2024, otorga a la SSPC facultades para realizar investigaciones de delitos y coordinar estrategias de seguridad a nivel nacional y regional.
Estas reformas también han fortalecido el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), estableciendo mecanismos de vigilancia de los fondos federales y promoviendo la homologación de estándares y criterios en la materia. Iniciativas legislativas como la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación en Materia de Seguridad Pública, son ejemplos de este esfuerzo.
Además, el Gobierno de México ha llevado a cabo operativos estratégicos en la frontera norte del país, una región crítica para la delincuencia organizada. La coordinación con el gobierno estadounidense desde el 5 de febrero de 2025, ha sido esencial para enfrentar los delitos en esta zona prioritaria.
Sin embargo, conviene advertirlo: ninguna estrategia, por sólida que sea, tendrá impacto si no se traduce en resultados tangibles para la ciudadanía. El reto no está sólo en el diseño normativo o en el despliegue operativo, sino en construir confianza, en recuperar territorios, en demostrar que el Estado puede proteger sin abusar y castigar sin ensañarse.
La Estrategia Nacional de Seguridad Pública es un paso firme, sí. Pero es también una invitación a repensar nuestro papel como sociedad frente al fenómeno de la violencia. La paz, entendida como justicia en movimiento, requiere de todas y todos. Requiere coherencia institucional, voluntad política y, sobre todo, una ciudadanía que no renuncie a exigir ni a participar, una ciudadanía consciente que incluso se replanté cuestiones que han validado como la narcocultura o frases como “el que no transa no avanza”. Estos elementos serán fundamentales para el éxito de la estrategia de este gobierno.