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Se acerca la fecha programada para la elección judicial y ya está en pleno el proceso de promoción del voto. En este se dice que, con la elección popular de personas juzgadoras, se trata de fortalecer nuestra democracia. Ojalá así fuera, pero no. En los promocionales se acepta, de manera tácita, que el proceso de votación es complicado para cualquier ciudadano, al enviar al posible votante a una página de internet en donde le explican el método. Todos los ciudadanos son iguales, pero hay algunos más iguales que otros. El 1°de junio, la ciudadanía que acuda a las urnas votará en uno de los 60 “distritos judiciales electorales”. Esos distritos judiciales no se corresponden con los 32 circuitos del Poder Judicial de la Federación ni tampoco adoptan un criterio de distribución poblacional. Se definieron de manera arbitraria y asimétrica. En esa elección no contará igual el voto de un ciudadano en Jalisco que el de otro en Chiapas. En algunas partes de la Ciudad de México, los ciudadanos que vayan a las casillas se enfrentarán a una enorme cantidad de boletas. Hay un juez en materia de telecomunicaciones que se votará sólo en uno de los distritos capitalinos y hay zonas donde no se votará por ningún juez laboral. Las candidaturas no son ciudadanas, sino que pasaron a través de un proceso en el que la gente del partido en el poder tuvo más peso que cualquier otro actor político. Son, sobre todo, candidatos del Ejecutivo y del Legislativo, más algunos de los gobernadores (incluidos aquellos posiblemente coludidos con el crimen organizado). Y en el Senado aceptan que la criba no fue lo suficientemente buena como para evitar la presentación de candidatos con presuntas alianzas con la delincuencia. Para la elección de jueces hay más de 200 mil solicitudes para ser observador electoral. Es claro que hay quien pretende usar esa figura para incidir indebidamente. El INE encontró que más de 32 mil de los solicitantes para observar la elección del poder judicial están vinculados a partidos o programas sociales. Las boletas no se anularán, las boletas para las distintas elecciones irán todas a la misma urna, el escrutinio no será en casillas, el recuento se hará sin representantes políticos y, por supuesto, los resultados se darán a conocer diez días después de los comicios. Hay un problema de certidumbre. La gente no conoce a los candidatos, y es difícil que lo haga a través de la revisión del currículum que cada uno presenta. Por más que intente enterarse, el ciudadano encontrará lagunas que le impedirán tomar una decisión informada y responsable. La falta de información se suple con algo a lo que los partidos políticos están acostumbrados en sus grillas y elecciones internas: la lista para dar el planchazo. Por lo pronto, José Ramón López Beltrán, hijo del expresidente, ya dio su lista de “extraordinarios abogados y abogadas” que “son garantía de que viene una nueva etapa de justicia con el pueblo, por el pueblo y para el pueblo”. Está difícil que las minorías lleguen a estar representadas, porque la mayor parte de las elecciones será por bloques. Eso es la forma. En el fondo, la reforma al Poder Judicial amenaza con eliminar los equilibrios que, por décadas, han frenado los excesos presidenciales. De hecho, es conveniente que el Poder Judicial sirva como contrapeso a las mayorías: que proteja los derechos de todos los ciudadanos. No se trata de cargos de representación política, sino de cargos de representación social, que a su vez requieren de capacidad profesional para proteger a todos. En esta elección se busca lo contrario: de lo que se trata es de dotar de un Poder Judicial a modo para el gobierno y el partido gobernantes, al estilo de lo que sucedía con el PRI hace medio siglo. Se entrega una patente de corso a la mayoría política, que es precisamente una antítesis de la democracia. Pero en el promocional se oye muy bonito eso de que la democracia avanza. La demanda social de una reforma judicial es añeja, porque México limita al centro con la injusticia y a los lados con la corrupción. Sin embargo, el principal problema de la justicia mexicana no sólo radica en su impartición, a cargo de los jueces; está, sobre todo, en su procuración, a cargo de las fiscalías. Mientras que la elección de jueces está lejos de garantizar una mejora, la ausencia de una reforma a las fiscalías garantiza que, entre violaciones cotidianas a los derechos humanos y carpetas de investigación mal armadas, la justicia no llegará. Con esta reforma, se ha golpeado fuertemente la carrera judicial, que es la base de un tercer poder bien capacitado. Gana la improvisación, pero sobre todo ganan las filias y fobias político-partidistas. Con esta involución, superficialmente legitimada por una elección sin sentido, se cumplirá una parte del propósito histórico de Andrés Manuel López Obrador: todo el poder a la camarilla leal.
Twitter: @franciscobaez