Opinión

4T: LA LEY DEL EMBUDO

¿Por qué la fobia de la 4T hacia la rendición de cuentas y la ley?

Llevamos casi cinco años en los que el Poder Ejecutivo y la bancada morenista han sumido a la vida pública en la opacidad y la violación a las normas, aderezada con una victimización constante de sus movimientos.

Los cuatroteístas perciben como ataques los cuestionamientos a sus posturas, programas o iniciativas, siendo que cualquier legislador de oposición o ciudadano tiene derecho a plantearlos. ¡Qué poco temple el suyo!

Ya pasó con Hugo López-Gatell y con Ignacio Ovalle. Ahora no hay manera de que la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez, comparezca ante la Cámara de Diputados a explicar lo que pasa con los Libros de Texto Gratuitos (LTG), porque la bancada morenista sabotea la petición.

A la 4T le gusta jugar en su propia cancha y con el árbitro a su favor, así que organizó las conferencias vespertinas sobre los LTG. Al momento de escribir estas líneas, la secretaria Ramírez decía que en la elaboración de los LTG participaron miles y miles de maestros; no alcancé a escuchar sus explicaciones sobre los expertos, ni las razones para haber sellado los expedientes. En fin.., como nos la ponga, la SEP no se ocupó de primero reformar los planes y programas de estudio y luego hacer los LTG; tampoco capacitó a los maestros. Como diría mi abuela, pusieron los bueyes detrás de la carreta…

Pasemos a otro caso:

El inquilino de Palacio se ha quejado reiteradamente de que el INE y el TRIFE le han ordenado abstenerse de opinar sobre Xóchitl Gálvez. Ahora fue más allá: informó que solicitará al Consejo de la Judicatura destituir aI juez octavo de Distrito en Materia Administrativa, Martín Adolfo Santos, por haber otorgado una suspensión provisional a Gálvez por los constantes señalamientos que AMLO hace contra ella. De pasada, se va a quejar de que el juez Santos ha dictaminado en contra de varias medidas promovidas por la 4T; en la cabeza del presidente no cabe que sus medidas puedan rebasar sus facultades o que estén mal armadas; cree que deben aceptarse sin chistar, como si lo que él hace no fuera sujeto de Derecho.

Para rematar, AMLO se queja de que Gálvez esté asesorada por abogados del Consejo Nacional de Litigio Estratégico. Desconozco si esto es verídico; lo que sí sé es que la senadora panista está en todo su derecho de acudir a cualquier abogado que ejerza su profesión legalmente y mejor plantee su caso.

No quiero ser ave de mal agüero, pero esta visión dogmática de la realidad y la manipulación de la legalidad podría no parar aquí. Desde el Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDT) me envían una señal de alarma, para que el debate sobre los LTG no sirva de pretexto para intervenir en los contenidos de radio y televisión, como lo propone el maestro Gabriel Sosa Plata, defensor de las Audiencias del Canal 22.

El defensor está partiendo de un prejuicio y de una concepción equivocada sobre el ámbito de los medios de comunicación. Respecto del primer punto, Sosa Plata asume que los medios engañan y manipulan y cree que deberían revisarse sus contenidos. Tal propuesta se parece más a la censura que a otra cosa. De hecho, contravendría el principio de libertad de expresión al que tanto apela el inquilino de Palacio Nacional.

Respecto del segundo punto, el defensor de las audiencias olvida que la Constitución establece que el Estado tiene la obligación de garantizar que el servicio de radiodifusión se preste en condiciones de competencia y calidad, para que dicho servicio a su vez brinde beneficios a la población y que, en la medida de lo posible, contribuya a la educación. O sea que los medios no tienen las obligaciones de la SEP ni están para adoctrinar a la población en los dogmas cuatroteístas. Si tanto le preocupa la educación y/o el adoctrinamiento al maestro Sosa Plata, puede proponer que se aproveche la muy extensa red del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano que el gobierno tiene a su serivicio.

Termina el comunicado del IDET reiterando “la importancia de seguir protegiendo los derechos y el marco legal que rige la explotación de concesiones de radio y televisión en México, que la SCJN ha confirmado ya en diversas resoluciones”, lo mismo que el sagrado derecho a la libertad de expresión. No podría estar más de acuerdo.

En fin, señora secretaria Alcalde, cada vez con más frecuencia e intensidad la 4T me deja la sensación de que manda al cuarto de los cachivaches la transparencia, la legalidad, la inclusión, el diálogo y sobre todo la democracia.

Colaboró: Upa Ruiz uparuiz@hotmail.com

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