BúsquedaLa voluntad montaraz del presidente López Obrador para acaparar reflectores y ser el centro de los aplausos y chiflidos nacionales, lo ha llevado a idear una estratagema de reformas constitucionales y legales que enviará al Congreso el próximo 5 de febrero.
El mandatario quiere estar en el centro del escenario aún en el período electoral donde ya no será candidato; aún desplazando y minimizando a la abanderada de su propia coalición y aún, sabiendo que sus iniciativas tienen grandes probabilidades de ser rechazadas. Y no son tres como originalmente anunció el presidente ¡sino diez! y contando, cuya naturaleza incluye de todo: poner de cabeza al poder judicial y a las instituciones electorales; pensiones, más austeridad suicida, política social, Guardia Nacional, órganos autónomos, sistema ferroviario, transferencias a adultos mayores y, sintomáticamente, salario mínimo.
Me concentro en este último punto. Parece buena idea que los mínimos crezcan siempre arriba de la inflación y por mandato constitucional. Suena bien que haya una protección adicional para una trayectoria de salarios al alza, pero esa intención no se hace cargo de una de las condiciones clave que han permitido la recuperación: atención, flexibilidad en función del contexto económico.
¿A que me refiero? Hasta ahora, en cinco años consecutivos (de 2018 a 2023) el incremento llegó al 83 por ciento real y ninguna de las calamidades bíblicas que vaticinaba la corriente económica dominante ocurrió: ni espiral inflacionaria, ni desempleo, ni cierre de empresas y muy por el contrario, el rebote ha acomodado todas esas variables en niveles más altos que antes de la pandemia y sacado de la pobreza a 5.1 millones de personas. El instrumento salario mínimo, funciona.
Ocurre sin embargo, que esto fue posible porque el nivel del salario mínimo mexicano venía del sótano mundial y sus aumentos -que fueron altos en comparación con el estancamiento de 35 años- nos han alcanzado para llegar al nivel de ¡El Salvador! y seguir debajo de Uruguay, Brasil o Chile.
¿Lo ven? Es el contexto. Lo que quiero decir es que el salario mínimo debe seguir aumentando pero como política económica, atento a las circunstancias, porque no todos los contextos permiten su crecimiento. Colocar en la Constitución una condición de aumento siempre y en cualquier circunstancia, resulta tan dogmático como el mandato único del Banco de México o el perenne superávit primario: pase lo que pase, muera quien muera, aquí seguiremos hacemos lo mismo. Así nos ha ido.
El salario mínimo no es una entidad totémica, sino una de las principales herramientas contra la pobreza en México y en el mundo. Su importancia radica tanto en el gran número de los trabajadores que lo ganan, como en la “señal” que sus aumentos envían para el resto de las negociaciones contractuales y por su efecto en la retabulación de los niveles salariales adyacentes que realizan las empresas (lo que se conoce como efecto dominó).
No creo que sea buena idea “constitucionalizar” la recuperación (como quiere AMLO), en cambio es posible una política de acuerdos sociales por establecer objetivos precisos, mensurables, para el ascenso de los salarios mínimos en los siguientes años.
Mi idea (compartida en el documento Prosperidad de Mexicolectivo) es que el país pague a sus trabajadores -los de la primera escala salarial- lo suficiente para adquirir dos canastas alimentarias más servicios, calculadas por Coneval al terminar el siguiente sexenio. ¿Lo ven? una meta precisa no una fórmula.
Eso implica a precios de hoy, alcanzar un salario de 8 mil 610 pesos mensuales en el último año del siguiente sexenio.
Se trata de un esfuerzo productivo general y paulatino. Las empresas mexicanas no trabajarán sobre la base de la pobreza laboral, y por eso, a lo largo de seis años, cerrarán una brecha de 2 mil 388 pesos por trabajador, lo cual significa un aumento de 38 por ciento real sostenido por más de un lustro.
Esta propuesta es más de lo que quiere el presidente, pero monitoreada, fruto del diálogo entre los que trabajan y los que pagan, atenta a los contextos económicos cambiantes y a una idea de sociedad contractual. Un futuro mínimamente compartido, se dice.
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