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Anteayer fue un día negro para el Instituto Nacional Electoral y para los ciudadanos que creemos en la legalidad, la imparcialidad y la transparencia:
Al Instituto acudió un grupo de gobernadores morenistas y representantes de los gobernadores de oposición. La reunión, de carácter privado, habría tenido el propósito de abordar las malas condIciones presupuestales en las que se encuentran los Organismos Públicos Locales Electorales, OPLES.
La reunión era importante, sin duda, en virtud de que dichos organismos no han sido adecuadamente fondeados por los gobiernos estatales. Además de las elecciones federales, en 2024 varias entidades tendrán elecciones locales.
Dada la condición de privacía de la reunión, poco es lo filtrado en medios y, no obstante, es información tan significativa como preocupante.
Primero que nada, pregunto si hay alguna buena razón para que un asunto tan público como son las elecciones deba tener un carácter privado, máxime que también se trataría de los comicios locales en lo general.
Para que los medios no tuvieran la menor oportunidad de abordar a los gobernadores, no sólo se colocaron vallas en la explanada de acceso del INE, sino que a los reporteros se les negó la permanencia en ese lugar y fueron conducidos por la puerta de emergencia a la Sala de Prensa, cuya puerta principal fue cerrada con llave (El Universal y Reforma, 25/07/2023).
Pregunto por qué un órgano autónomo como el INE cedió a tal petición de privacidad. Al parecer, la solicitud habría venido del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, quien el sábado pasado de un plumazo desapareció el Tribunal de Justicia Administrativa de esa entidad y, con la amable participación del Congreso local, puso otro tribunal a modo. Supongo que a Jara le resultaría cuesta arriba enfrentar a los medios capitalinos, pero ese es su problema, no es un asunto del que el INE se deba ocupar, a menos de que la política actual del Instituto sea la complacencia.
Como sea, los reporteros obtuvieron información.
En algún momento de la reunión, los gobernadores reconvinieron a los consejeros por las medidas cautelares -muy pocas por cierto- que han emitido al presidente López Obrador por hacer pronunciamientos sobre las contiendas internas de MORENA y del Frente Amplio por México, así como de una persona en particular: Xóchitl Gálvez…
El argumento de los gobernadores en defensa del inquilino de Palacio Nacional fue que se le estaba coartando su libertad de expresión y que eso “en nada ayuda a la consolidación de la democracia y a la participación ciudadana”, según afirmó el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo.
Como siempre, los morenistas aplican la “ley del embudo”. Así que vayamos por partes:
Nadie se opone a la libertad de expresión de los ciudadanos, pero fueron los políticos que ahora están en el poder quienes promovieron la imposición de restricciones a la libre expresión de los funcionarios públicos; es decir, no deben pronunciarse ni a favor ni en contra de un partido o candidato. Claro, ahora ya no les acomoda.
Ahora bien, si el presidente se limitara a exhortar a la población a interesarse y participar en los procesos internos de TODOS los partidos, estaría ayudando a la consolidación de la democracia que tanto preocupa al gobernador Durazo. Pero no es así.
Cabría preguntar a don Alfonso si considera que la libertad de expresión de López Obrador, en su calidad de presidente y de ciudadano, incluye el permiso para INSULTAR y DIFAMAR a la oposición desde la sede del Poder Ejecutivo y utilizando medios de comunicación públicos. Don Andrés no hace un debate argumentado de ideas y posiciones, sino que se dedica a poner epítetos, a polarizar y a violar la ley con tal de soltar madrazos a los opositores.
Volvamos al INE:
De acuerdo con lo difundido por diversos medios, la consejera presidenta del INE, Guadupe Taddei, no dijo ni pío. Guardó ignominioso silencio. Malas las comparaciones, pero dudo que los gobernadores se hubieran atrevido a leerle la cartilla a Lorenzo Córdova y que él se hubiera quedado callado ante el “bullying” del que el Instituto estaba siendo objeto.
No pasó el Plan B de la Reforma Electoral para derruir al INE. No hubo necesidad. Con Taddei y los otros dos consejeros a modo de la 4T, Rita Bell López y Jorge Montaño ha bastado y sobrado… hasta ahora.
¿Los dejaremos seguir adelante?
Colaboró: Upa Ruiz uparuiz@hotmail.com
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