BúsquedaEl nombramiento del coordinador de la licenciatura de Sociología en la UAM-I ha desembocado en un conflicto auspiciado por la Rectora y el secretario de la Unidad. Comento los hechos.
El 22 de julio se publicó la convocatoria para el proceso de auscultación para designar al Coordinador de la Licenciatura en Sociología de la División de Ciencias Sociales y Humanidades.
Del 22 al 25 de julio, la directora de la División recogió las opiniones de la comunidad. El 29 de julio, con base en el análisis de la experiencia profesional de los candidatos, nombró al Dr. Raúl Romero Ruíz como Coordinador.
Ese mismo día, un grupo de estudiantes de sociología (aproximadamente 20) tomó las instalaciones del edificio H y solicitó una mesa de diálogo, con la presencia de funcionarios de la unidad, la entrega de una carta de no represalias, rectificación en el nombramiento del coordinador de la licenciatura, transparencia y transmisión en las redes sociales. La directora de la División instaló la mesa, aceptó cinco de los seis puntos del pliego, excepto la rectificación del nombramiento, pues hacerlo viola la normatividad.
En la segunda mesa de diálogo (30 de julio) se abordaron los cuestionamientos del grupo estudiantil con argumentos legales y evidencias del proceso de auscultación. El secretario de la Unidad sugirió modificar el punto 6 del pliego petitorio, para que se realizara un nuevo proceso de auscultación, lo cual es ilegal.
En la tercera mesa (31 de julio), la Directora presentó la fundamentación de su decisión para nombrar al coordinador. El grupo de estudiantes rompió el diálogo, no respetaron el acuerdo de permitir la realización de clases en el Edificio H, desalojaron nuevamente a todas las personas del edificio, suspendiendo las actividades académicas y administrativas.
Durante tres días, el personal de la División de CSH permaneció en el edificio para cumplir con sus responsabilidades, pernoctando en el lugar. Por otra parte, al excoordinador se le permitió la entrada a las oficinas de la Coordinación de Sociología, eso sólo pudo hacerse con la autorización del secretario de la Unidad, Javier Rodríguez Lagunas.
Las mesas de diálogo se retomaron el 12 y 13 de agosto, donde la Directora reiteró la validez del proceso de auscultación y ofreció medidas para involucrar al grupo estudiantil en mejoras para la Licenciatura en Sociología.
El cierre del Edificio H ha causado serias interrupciones en la vida institucional y académica. La falta de acceso a laboratorios y salas de cómputo ha comprometido más de 20 grupos de licenciatura, afectando la calidad de la enseñanza y el avance de los programas académicos.
Algunos profesores presentaron una carta en donde denunciaron al Dr. Romero, por ser becario postdoctoral en el Instituto Mora. Los documentos presentados son atrasados y el profesor Romero ya hizo públicos su renuncia a tal nombramiento acompañado con una carta de la Directora de la otra institución educativa.
Por otra parte, la falta de acceso a información vital para la planificación académica y administrativa, junto con la paralización de los consejos editoriales y los trámites del profesorado y las asesorías para los estudiantes de la División está afectando la operatividad institucional.
Llama la atención, la intromisión del Secretario en apoyo al pequeño grupo de estudiantes, el ingreso del excoordinador a una oficina a la cual ya no tiene autorización, así como las omisiones de la Rectora de la Unidad de intervenir oportunamente en un conflicto que tiene el aroma de un juego político aspiracionista, priorizando, de manera equivocada, el ya cercano nombramiento del Rector(a) General de nuestra Universidad. ¿O de que otra manera pueden interpretarse las conductas de los dos más altos funcionarios de la Unidad Iztapalapa?
En un ambiente cada vez más enrarecido, el lunes 26 de agosto se levantó un acta administrativa, promovida por el Secretario de la Unidad Iztapalapa en contra del recién nombrado Coordinador de la Licenciatura en Sociología, Raúl Romero Ruiz. Desde la perspectiva jurídica el levantamiento del acta tuvo deficiencias: poseyó características de audiencia en un juicio, no del levantamiento de un acta administrativa; no se entregó al Coordinador previamente la documentación completa en base a la cual se le señala como responsable de una conducta ilegal; no se explicitó cual fue la norma jurídica violada, ni quien es el acusador.
Del alegato de la autoridad se desprende, que la supuesta ilegalidad es que el profesor Raúl Romero tuvo un segundo trabajo, pues fue becario de una estancia postdoctoral en el Instituto José María Luis Mora. Entonces se le hace responsable de recibir un doble salario.
No hay que ser jurista de altos vuelos para comprender que la naturaleza jurídica del salario es distinta a la de una beca académica. Pero, las autoridades de la Unidad Iztapalapa pidieron la rescisión del contrato del profesor por falta de probidad. El miércoles se turnó al Abogado General. Casualmente el pago de la quincena al coordinador Raúl Romero, el jueves, no salió. La retención ilegal del salario no sólo es un acto de acoso laboral e intimidación, sino que es un delito federal.
Lo que está detrás de la solicitud de sanción es el interés político de la Rectora Verónica Medina Bañuelos de tener el control en todos los ámbitos de la Unidad Iztapalapa para utilizarlo como trampolín en sus aspiraciones a la Rectoría General de la UAM, en estas acciones la ha acompañado el siempre acomedido, secretario, Javier Rodríguez Lagunas y el más acomedido jefe del Departamento de Sociología. La conducta golpeadora del Secretario no puede darse sin la anuencia de la Rectora.
Al final la sanción aplicada, por el Abogado General, al profesor Raúl Romero, fue de una suspensión de la relación de trabajo con la UAM, como coordinador de la licenciatura de sociología y profesor asociado “D” por ocho días a partir del 31 de agosto al 7 de septiembre. Hay que congratularse de que las autoridades no optaran por la rescisión del contrato, pero la imagen del profesor fue dañada.
Tampoco se puede dejar de mencionar que lo expresado en el último párrafo de la resolución es una aberración jurídica y una amenaza, pues dice que en el futuro cualquier otra falta puede ameritar la rescisión del contrato. En una resolución judicial prejuzgar una conducta futura de incierta realización es una estulticia. Es advertir al profesor Romero que “calladito se verá más bonito”.
El anterior no es el único hecho arbitrario. Sólo mencionaré un par de botones de muestra. Está el caso del acoso, a lo largo de un año, sufrido por Valentín Almaraz, jefe de sección de difusión, en la Coordinación de Extensión Universitaria con los argumentos de que se haría una reestruración de la Coordinación porque se iba a implementar un nuevo proyecto de difusión. No existe tal proyecto, sólo querían su renuncia para colocar a una persona que no tuviera visión crítica del trabajo, sólo querían la plaza.
Otro caso fue el acoso laboral, por parte del Coordinador Rodolfo Palma Rojo contra las reporteras Rosa Idalia Díaz Castro y Alejandra Vallejo Villagómez, Isela Guerrero Osorio y Edilberta Manzano, quien fue sancionado con una disculpa pública a las agraviadas, que quedó en privada, pero la conducta persiste. Detrás de estos atropellos ha estado Javier Rodríguez Lagunas, con la anuencia de la Rectora, quienes aplican escrupulosamente la máxima juarista: “a los amigos justicia y gracia, a los enemigos aplicación estricta de la ley”.
Es lamentable que la nueva generación de altos funcionarios en la UAM, a 50 años de su fundación y con tantos logros en su historia, no tenga un proyecto de innovación, acorde con los tiempos de cambios que vive nuestro país y que el abuso y la ambición sea su brújula, quienes dirigen la Universidad deben aceptar la pluralidad y dejar de cometer arbitrariedades. “El horno no está para bollos”.
*Profesor UAM-I,
@jsc_santiago
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