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Los escapularios contra el virus y la reticencia al cubrebocas, fueron algunas de las expresiones más notorias en las respuestas del gobierno ante la pandemia que comenzó hace cuatro años. Imprevisión, negligencia, autoritarismo e incluso fanatismo, ocasionaron que México no tuviera una política de Estado y que haya sido uno de los países más afectados por esa crisis sanitaria.
Nuestro sistema de salud estaba debilitado por la obcecación del presidente para desbaratar avances de los gobiernos anteriores. El Seguro Popular, que funcionaba razonablemente bien, fue desmantelado. En 2018 había 111.2 millones de mexicanos con acceso a servicios de salud. En 2022, se habían reducido a 82.9 millones (datos de Coneval elaborados por Ciro Murayama en el libro El daño está hecho). 28.4 millones de personas se quedaron sin servicios de salud.
Aunque sabíamos que llegaría, porque comenzó en Asia al menos dos meses antes, nuestro sistema de salud no se preparó para la epidemia. No había cubrebocas, mucho menos ventiladores. La red de monitoreo epidemiológico había sido desarticulada y no contábamos con datos suficientes sobre la expansión del virus.
Al comenzar enero de 2021, cuando en México padecíamos la oleada más mortal de la pandemia, en Estados Unidos se realizaban 780 pruebas de Covid por cada mil habitantes, en Chile 338, en Colombia 160, en Cuba 136, en India 125. En México, aquel terrible enero, había pruebas para 28 de cada mil personas (a partir de información en “Our World in Data”).
Las autoridades de Salud actuaron con impostada suficiencia y a partir de concepciones epidemiológicas equivocadas. Apostaron a la “inmunidad de rebaño” esperando que, mientras más nos contagiáramos, mejor se detendría la letalidad del virus pero sin tomar en cuenta que, antes de ello, tendríamos centenares de miles de víctimas. Se negaron a hacer del uso del cubrebocas una auténtica política pública.
En vez de organizar una respuesta del Estado, incluyendo a gobiernos estatales y municipales, universidades y centros de salud de todo tipo, el gobierno acaparó el manejo de la pandemia. El Consejo de Salubridad General, previsto por la Constitución para atender emergencias de ese alcance, no fue convocado con oportunidad. El control de los recursos de salud con criterios políticos comprendió la administración discrecional de vacunas, especialmente en los primeros meses cuando les fueron negadas a los trabajadores de instituciones de salud de instituciones privadas.
La tardanza para aprobar la distribución libre de vacunas, y todavía hoy la prohibición para que los medicamentos contra Covid-19 puedan adquirirse en las farmacias, ha restringido el derecho de los mexicanos a la salud. Nuestro gobierno ha comprado vacunas chinas, rusas y cubanas de dudosa eficacia y organizó la mascarada de una vacuna supuestamente mexicana (en realidad creada en Estados Unidos) que no combate las cepas más recientes del virus.
Sujeta a criterios políticos y no médicos, alejada de consideraciones científicas y conducida con soberbia y sin compasión ante el sufrimiento de millares de afectados por la epidemia, la estrategia oficial intentó ocultar las dimensiones de esa crisis. Las descalificaciones contra medios de comunicación que mostraron la tragedia sanitaria formaron parte de ese control de la información.
La equivocada política de salud durante la pandemia tiene dos principales responsables: Andrés Manuel López Obrador y Hugo López Gatell.
Enfermeras, médicos y otros trabajadores de la salud, fueron especialmente golpeados por la pandemia. En septiembre de 2020, Amnistía Internacional señalaba que, con 1320 defunciones, México era el país con más muertes de enfermeras, médicos y otros trabajadores sanitarios debido al Covid-19. Le seguían Estados Unidos (1077) y Reino Unido (649). En septiembre de 2023, la Secretaría de Salud registraba 5799 muertes de trabajadores, por dicha causa y en ese sector.
Los errores que dificultaron la atención de la pandemia tienen consecuencias vigentes. Una investigación del Instituto para la Medición y Evaluación de la Salud (IHME) de la Universidad de Washington acerca de la salud después de la pandemia, realizada en 21 países y difundida en octubre pasado, encuentra que el 35% de los mexicanos que requerían atención médica no la recibieron. En Nigeria, Egipto, Colombia e India, entre otros países, el porcentaje de personas sin atención médica es menor. Cuando les preguntan si buscaron atención preventiva para análisis de sangre, detección de diabetes, Papanicolau, colonoscopia y otros exámenes, el 61.3% de los mexicanos entrevistados dice que, aun cuando la solicitaron, no la recibieron. Para más del 53% de esos mexicanos, la falta de dinero contribuyó a que no hayan obtenido el tratamiento médico que requerían.
Es posible que México haya tenido más de 700 mil defunciones debido al Covid-19, aunque el gobierno sigue propalando cifras de quienes fallecieron después de haber sido específicamente diagnosticados de esa enfermedad. El sitio de datos sobre Covid habilitado por el Conahcyt indica que, en junio de 2023, había 334 mil defunciones por ese motivo. La muerte de muchos otros, en parte debido a la falta de pruebas, fue registrada con otras causas.
Un estudio de académicos y funcionarios mexicanos encabezado por Sofía Palacio y publicado en 2022 en The Lancet, estimó que entre 2020 y 2021, en México, hubo 600 mil 590 muertes en exceso a las que podían haberse esperado de no ocurrir la epidemia. De ellas, dicen, 440 mil se debieron a Covid.
Otro grupo, encabezado por Haidong Wang y Katherine Paulson del IHME, encontró que México ocupaba el cuarto sitio mundial de exceso de muertes debido a Covid-19, con 798 mil fallecimientos después de India, Estados Unidos y Rusia. (The Lancet marzo 10 de 2022).
La semana pasada se anunció la creación de la Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia de Covid-19. Encabezada por el Dr. Jaime Sepúlveda, investigador emérito en el Instituto Nacional de Salud Pública y con la participación de otros 16 muy destacados científicos y académicos de diversas especialidades, esa Comisión se propone presentar un informe en abril. Será un documento fundamental para comprender y evaluar los errores que hicieron de nuestro país uno de los que más sufrió por la pandemia y para evitar que se repitan.
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