BúsquedaHace una semana el expresidente mexicano Ernesto Zedillo presentó una ponencia notable ante un público especialmente influyente. Notable porque es un discurso sin tapujos, directo en sus dichos y en sus destinatarios; porque lo pronuncia un personaje que se había impuesto a sí mismo, durante un cuarto de siglo, un silencio absoluto en la política nacional. Y notable porque diagnostica bien el momento crítico por el que atraviesan la democracia y la república de México.
No se necesita profesar ninguna admiración ni provenir de las placentas zedillistas para reconocer, cuando menos, la pertinencia de ese discurso. Subrayo algunas de sus afirmaciones.
“Confiaba, en que cualquier nueva reforma reforzaría nuestra democracia hasta convertirla en una democracia sólida… y que, bajo cualquier circunstancia, se respetarían la legalidad, la competencia y la independencia tanto de las instituciones electorales como del Poder Judicial, piedras angulares del sistema.”
“Lamentablemente, esta condición clave ha venido siendo transgredida amplia, sistemática y agresivamente por el partido hoy en el gobierno y su jefe, el presidente de México.”
“A estas alturas, no cabe duda de que el objetivo último de este gobierno es eliminar al INE como entidad independiente, imparcial y profesional…” y “la destrucción de la independencia e integridad del Poder Judicial para que esté al servicio de la fuerza política en el poder”.
“… Los cambios conducen, en última instancia, a la devastación del Poder Judicial y la abolición de otras instituciones estatales autónomas muy importantes para la transparencia, rendición de cuentas y otras áreas cruciales para el desarrollo del país… lo que busca la cuarta transformación” es “transformar nuestra democracia en tiranía.”
¿Alguna duda? El tono es terminante, sí, pero la gravedad de la situación lo amerita. Y con la misma vehemencia siguió sus alegatos en una gira por los medios.
Sin embargo, hay algo en su diagnóstico con el que no puedo estar de acuerdo y que me parece, absolutamente central para entender como llegamos a esto. El expresidente dijo varias veces algo como esto “lograron el voto del pueblo pero ha sido engañado”, es decir, lo que estamos viviendo es esencialmente una gigantesca manipulación política de la coalición gobernante.
Hay verdad en ello: la demagogia y la apabullante propaganda del gobierno y sus apéndices ha trastornado a la opinión pública. La estrategia de la polarización ha nublado la visión y desplaza los matices, los cuestionamientos, la posibilidad del pensamiento crítico frente al presidente y sus acciones. Y las inmensas estructuras clientelares trabajan todos los días para machacar entre amplísimos sectores un puñado de frases y de mensajes de respaldo al gobierno que se presenta casa por casa para colmar de dinero líquido a la población. Y también es verdad la mejora material por el ascenso de los ingresos, vía salarios mínimos y los programas sociales.
Todo eso es cierto y son causas eficientes del dominio electoral de Morena que, hoy por hoy, raya el 41 por ciento (otra cosa es la inconstitucional mayoría con la que se hicieron en el congreso, pero esa es discusión distinta). Lo que me importa señalar aquí es que, al mismo tiempo, el electorado mexicano ha mutado, ha vivido una deserción masiva hacia partidos con posiciones clara y explícitamente populistas, incluso autoritarias, como Morena.
Podríamos traer a cuento el Latinobarómetro y otras encuestas que han medido una trilogía de humores que juntos generan una tendencia, mucho más acentuada en México: la cantidad de personas que cree que democracia es la mejor respuesta a los problemas ha disminuido, una mayoría considera deseable un gobierno fuerte, aunque no se sujete a la ley y muchos son los que declaran su indiferencia entre régimen autoritario y democracia. Un solo dato de 2023: si en América Latina, el 17 por ciento se identificó con la afirmación: “en algunas circunstancias, un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático”. Pues en México ese estado de ánimo se duplica al 33 por ciento, lo que quiere decir que, de entre todo el subcontinente, el nuestro, es el país con más respaldo público a un experimento autoritario.
Es posible que el voto mayoritario de 2018 no haya estado ligado a la proclividad autoritaria de López Obrador, pero es muy difícil sostener que, después de seis años, en 2024 el electorado no se enteró de las intenciones destructivas del presidente.
Como documentan Levitsky y Ziblatt la aparición de una pulsión autoritaria de masas no es un hecho dado, sino un desarrollo como lo muestran Polonia y Hungría. Cuando los polacos votaron a Ley y Justicia en 2015 y los votantes húngaros a Fidesz en 2010, estaban votando sobre todo por el cambio, pero no explícitamente por autoritarismo. Ya en el curso del gobierno fue quedando claro que los ganadores estaban decididos a remodelar drásticamente el sistema político. Y hay ejemplos más extremos en Filipinas y El Salvador: los votantes eligieron sin mediaciones al que prometía la más dura de las manos.
El desarrollo de nuestro autoritarismo en estos seis años es fácilmente documentable y de hecho, Zedillo lo vuelve a hacer con precisión; pero en ese desfile de retrocesos tiene un lugar estelar el anuncio de la destrucción institucional que AMLO exhibió con bombo y platillo el 5 de febrero de este año, donde anunció a las claras todo eso que ha venido a criticar fuertemente el expresidente Zedillo.
De modo que no puede decirse que el autoritarismo haya caído por engaño y tampoco por sorpresa. Esos 18 puntos se convirtieron en parte del programa electoral de Morena y fueron repetidos mil veces durante la campaña. Por eso creo que -al menos en parte- su electorado sabía los propósitos del partido al que votaron.
¿De qué tamaño es la ciudadanía que ha abrazado por convicción el programa autoritario? Difícil saberlo, pero haríamos mal en negar su existencia. El autoritarismo va avanzando y creo que es muy importante conocer y reconocer la mentalidad cambiada del electorado y cómo ella ha conformado una difusa pero real demanda por populismo.
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