BúsquedaEl gobierno del presidente López Obrador se esmera por dar, en la última semana del sexenio, un golpe de efecto sobre el caso Ayotzinapa, cuyo décimo aniversario se cumple la noche del próximo jueves.
El tabasqueño se resiste a dejar el caso en calidad de promesa incumplida. Por eso ordenó un último esfuerzo para poder ofrecer información sustantiva sobre el paradero de los estudiantes de la normal Raúl Isidro Burgos que desaparecieron la noche del 26 de septiembre del 2014 en Iguala.
Esa noche policías municipales atraparon a los estudiantes de Ayotzinapa, que irrumpieron en la ciudad de Iguala para “secuestrar” autobuses para trasladarse a la CDMX y participar en los actos conmemorativos del 2 de octubre. Los policías municipales dieron un salto mortal. Detuvieron a los normalistas, pero después los entregaron a integrantes de la banda criminal Guerreros Unidos. De hecho, esos policías y Guerreros Unidos eran dos caras de la misma moneda.
Dividieron a los normalistas en tres o cuatro grupos, de modo que no quedaron juntos en el mismo lugar sino en sitios diferentes; incluso, se dice, en localidades fuera de la ciudad de Iguala, como Cocula y Huitzuco. El gobierno no necesita localizar a los 43 normalistas, pero sí a un grupo de digamos diez con lo que podrá decir que cumplió con su promesa. Le urge. Es una batalla contra reloj.
A eso obedece que en las últimas semanas se hayan recapturado a varios ex jefes de Guerreros Unidos que por alguna sinrazón de nuestro sistema judicial habían recuperado la libertad por fallas al debido proceso. El gobierno está dispuesto a darle a quien hable dinero, protección y la posibilidad, claro, del indulto presidencial.
AMLO está a una semana de emprender su retiro en una finca ubicada en Palenque. Para irse como quiere necesita dar un salto cualitativo en el caso Ayotzinapa, que además tendría el efecto de desactivar las protestas de los normalistas y grupos afines que desatarán su furia sobre la administración que se va, es cierto, pero también sobre la que llega. Los normalistas ya comenzaron sus movilizaciones y desde el miércoles se concentran en la CDMX. Si no hay avances reales tratarán de arruinar la ceremonia de toma de posesión del primero de octubre.
No hay que perder de vista que retomarán protagonismo mediático los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI, que participaron en un segmento de la investigación y que salieron prácticamente huyendo del país. El caso Ayotzinapa es la violación a los derechos humanos más grave en la historia del país. Signo de los tiempos, la CNDH prácticamente abandonó la investigación para no molestar con sus eventuales hallazgos a las instancias de poder.
Fue un crimen de Estado porque está documentada la participación de policías uniformados que fueron los primeros en detener y agredir a los normalistas, que después se los hayan entregado a los Guerreros Unidos para que los ultimaran habla de una asociación infernal que por desgracia se ha registrado en otros lugares del país donde la línea entre policías y delincuentes se ha borrado por completo. No se olvida que el ex alcalde de Iguala y su esposa fueron señalados como mandos reales de la organización criminal.
Norma Otilia Hernández es un personaje singular. La alcaldesa de Chilpancingo inauguró un memorial dedicado a los normalistas de Ayotzinapa. Acudieron familiares de los desaparecidos a quienes ofreció seguir apoyándolos en su lucha por esclarecer los sucesos. Horas después se apersonó en el Congreso Nacional de Morena, pero le pidieron que se fuera porque hace poco fue expulsada del partido por haberse reunido a almorzar con el jefe de un grupo criminal que opera en la región. Norma impugnó esa resolución, o nada más la ignoró. El hecho es que fue al Congreso de Morena y le pidieron amablemente que se fuera. Qué bonita familia.
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