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El martes a las 20:34 horas, un amigo siempre bien informado me envío vía WhatsApp el artículo de Tim Golden titulado “Entregaron los narcotraficantes millones de dólares a la primera campaña del presidente mexicano López Obrador?”, difundido por ProPublica, una agencia noticiosa abierta sin fines de lucro.
Casi simultáneamente, la periodista mexicana especializada en narcotráfico, Anabel Hernández, publicó en el portal de la agencia alemana DW una columna con la misma información y algunos agregados de su propio archivo. Media hora después, el reportaje fue retomado por Latinus y el tuit de Carlos Loret de Mola ya tenía 435 mil vistas y 27 mil reenvíos.
Para las 22:00 horas, la mayoría de los conductores de noticieros y los los principales diarios del país ya alertaban sobre el reportaje, bien fuera vía Internet o “X”. La velocidad de la difusión fue impresionante…
Los dos artículos principales están basados en una investigación iniciada en 2010 por la Agencia Antidrogas de EUA (DEA, por sus siglas en inglés) a partir de la información de un delincuente resentido, Roberto López Nájera; después se agregaron los testimonios de varios narcos extraditados en juicios sostenidos en EUA. El reportaje señala con nombre y apellido a Nicolás Mollinedo (aquel famoso ayudante que conducía el Tsuru blanco de AMLO), como el enlace para presuntamente recibir los dineros del Cártel del Sinaloa. No da otros nombres de gente cercana al presidente, simplemente se les identifica vagamente por su cargo o función.
Los inidicios fueron muchos, pero no hubo una prueba contundente y esto es importante dejarlo asentado. Según Golden, el caso permanece en la Corte de Nueva York.
No cabe duda que la DEA sabe escoger cómo y cuándo soltar su arsenal. La agencia escogió a dos periodistas de indudable reputación; Tim Golden es un prestigiado periodista del The New York Times, y la mexicana Anabel Hernández no requiere más presentación.
¿Por qué la DEA da a conocer esta información ahora? Como diría mi abuela, la 4T “le llenó el buche de piedritas” al gobierno estadounidense.
La DEA tiene mucho que sentir de López Obrador, pues argumentando una injerencia inadecuada en nuestra soberanía, dificultó al extremo la acreditación de agentes estadounidenses y, en automático, anuló las operaciones conjuntas que realizaban exitosamente con la Marina mexicana. Al poco tiempo dio por terminada la Iniciativa Mérida, firmada por Calderón en 2007, y mediante la cual nuestros países intercambiaban información; asimismo, México recibió tres mil millones de dólares para compra de equipos y se dio entrenamiento a los agentes mexicanos.
Fue hasta 2022 que AMLO accedió a la entrada en vigor del Entendimiento Bicentenario, como “una nueva etapa que deja atrás el asistencialismo” de EUA. Sin embargo, los resultados fueron muy menores.
Los cárteles mexicanos no han sido contenidos ni dentro ni fuera de México y, de hecho, operan a nivel trasnacional. Baste recordar que la reciente crisis en Ecuador tiene su origen en la presencia del Cártel de Sinaloa en ese país. Un tercer elemento es el tráfico de fentanilo y de migrantes, ambos incontenibles, significando un serio problema político y social para EUA.
Hasta aquí, nada es nuevo, don Mario. Así que pasemos a otro posible factor combinado: el “nearshoring” y el Poder Judicial.
La relocalización de las empresas estadounidenses en nuestro territorio, además de infraestructura, requiere de seguridad pública y de certeza jurídica. Sobre la primera, pues ya sabemos que es uno de los grandes fracasos de la 4T y no hay empresa, grande o chiquita, que no sufra los embates del derecho de piso o de los robos de mercancías.
Sobre la segunda, la situación es bastante más complicada y como ejemplo tenemos la Ley de la Industria Eléctrica promovida por López Obrador; ésta desconoce lo establecido en los contratos con las empresas generadoras de energía, extranjeras en su mayoría. Si el asunto no ha llegado a un panel de controversia internacional es porque la consitucionalidad de dicha ley está bajo revisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El problema es que AMLO pretende hacer una reforma al Poder Judicial y, hasta donde ha trascendido, afectará su independencia. Suponiendo que la iniciativa no sea aprobada este año, Claudia Sheinbaum se ha comprometido a hacerla suya al llegar a la Presidencia.
Aun si la morenista no lograra contar con la mayoría calificada en el Congreso para esta reforma constitucional, le queda la alternativa de que en 2025 habrá una vacante en la Corte y ella podrá proponer candidatos afines. Con ello, dispondría de cuatro votos incondiconales en el tribunal constitucional. Esta composición de la Corte no garantizaría la imparcialidad y la legalidad de sus decisiones para la protección de los ciudadanos y las empresas. O sea, cero Estado de Derecho.
Así pues, da la impresión de que el gobierno de EUA está enviando obuses para que la 4T le baje tres rayitas a su radicalismo.
Porque si no lo hace…
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