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Esta semana se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el acuerdo por el que se creó el órgano interno de control (OIC) específico en servicios de salud en el Instituto de Salud para el Bienestar, que estará ubicado y será responsable de la verificación del uso correcto de sus recursos presupuestales asignados y cuatro hospitales de alta especialidad recién fusionados a éste. El acuerdo faculta a dicho OIC específico para llevar a cabo los procesos de auditoría interna; desarrollo y mejora de la gestión pública; quejas, denuncias e investigaciones, y de responsabilidades con autonomía del OIC en el IMSS Bienestar.
Esta disposición de organización interna de la administración es un paso más en la reestructuración de la función pública que comenzó en mayo pasado con la publicación de la reforma, entre otros, del artículo 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) y muestra la complejidad de la gestión pública. En su considerando se consigna que es un acuerdo que deriva de un proceso centralizador de la atención de la salud en el IMSS para el Bienestar y otro de desconcentración con la creación del OIC específico.
La administración pública se desarrolla bajo dos principios opuestos, pero no excluyentes y contrarios, pero no contradictorios. El de jerarquía en el que imperan los poderes de mando y las relaciones de supra subordinación propio del modelo burocrático y el de coordinación en el que lo relevante es la autonomía de los órganos inferiores más cercano al modelo de la nueva gestión pública, que algunos autores identifican con el gerencialismo.
Ambos principios se aplican en la administración pública y explican sus dos formas: la centralizada y la descentralizada. La combinación de ambos permite la distinción de las diversas técnicas administrativas como son los grados de la desconcentración, la delegación, la avocación, la suplencia y la adscripción (Valls-Matute, Nuevo derecho administrativo, 2022). Ninguno es malo o bueno, ni correcto o incorrecto políticamente, simple y llanamente son convenientes o no, ya sea en términos de gobernabilidad o eficiencia, eficacia o economía.
El gobierno 2018-2024 optó por el modelo burocrático-centralista como la estrategia para el combate a la corrupción y la mejora administrativa. Esto se hizo evidente con las reformas a la LOAPF, especialmente, las del 30 de noviembre de 2018 y el 3 de mayo de 2023, que concentraron los poderes de decisión en las oficinas de la presidencia, en la SHCP, en la SFP y en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.
También, esta centralización se llevó a cabo en el sector salud con la creación del desaparecido INSABI, que fue un enorme fiasco en perjuicio de la población no derechohabiente de la seguridad social, y continuó con la sustitución de éste por el organismo público no sectorizado, denominado Servicios de Saludo del IMSS para Bienestar en 2022, y la desincorporación de cuatro hospitales regionales de alta especialidad para fusionarlos con este último.
En contraste, la centralización por falta de recursos presupuestales de los procesos de auditoría interna; desarrollo y mejora de la gestión pública; quejas, denuncias e investigaciones, y de responsabilidades de IMSS para el Bienestar en los OIC especializados se revirtió con este acuerdo y por conveniencia de eficiencia y eficacia se determinó que estas facultades las ejerciera un OIC específico en forma desconcentrada con la autonomía suficiente para resolver dentro de la propia institución supervisada.
La capacidad administrativa de la AP se desarrolla o puede ser limitada en cualquiera de las formas de organización. No hay una receta. La buena administración no es ideológica, ya que es producto de una actividad profesional y técnica. En ocasiones, conviene centralizar o en otras descentralizar. Hoy se puede afirmar que la primera reforma centralizadora de este sexenio fracasó por los cuellos de botella que provocó, el más conocido fue el fracaso del INSABI y la adquisición de medicamentos e insumos médicos para el sector público, y la segunda está en proceso y ajuste, especialmente, en la determinación del tamaño adecuado de las estructuras de los OIC especializados y específicos, así como el tramo de control adecuados.
Los modelos burocráticos y de gestión pública conviven en una misma realidad administrativa. En ocasiones, conviene recurrir a la verticalidad de la función pública y en otras ocasiones a su horizontalidad, pero lo que no se debe perder de vista que el propósito de la administración pública es proveer de bienes y servicios públicos de calidad y mantener la gobernabilidad a través de la confianza ciudadana, credibilidad del sector público, combate a la corrupción efectivo y certidumbre jurídica.
Los esquemas de organización posburocrática de gestión pública son tan útiles para la descentralización como las técnicas burocráticas en procesos que requieren una mayor centralización. El debate ideológico, que los confronta y excluye, solo afecta a quienes se debe dirigir los esfuerzos de la administración pública, que son los gobernados.
Investigador del Instituto Mexicano de Estudios
Estratégicos de Seguridad y Defensa Nacionales
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