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¿Votaría la ciudadanía por la permanencia de un juez de saber de una grave omisión en un procedimiento no esencial dejando en libertad a una persona por quien hay una recompensa del gobierno local o federal establecido plenamente presuntas responsabilidades penales justificatorias de una orden de aprehensión?
¿Apoyaríamos a jueces con ingresos formales tres veces superiores a los del Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador y, para el caso, de la Presidenta electa Claudia Sheinbaum?… Y para completar el mismo tema, ¿qué tal ingresos y propiedades justificables solamente si existen ingresos ilegales veinte veces superiores? ¿Y si conocemos la existencia de jueces a quienes buscan reiteradamente los abogados de delincuentes de alta peligrosidad de ciertas zonas del país?
Sobre las reformas propuestas por AMLO, aun cuando es necesario revisar el sistema de su selección y designación para sacudir las malas prácticas de las cuales ha notificado el sector más sustantivo y profesional de la opinión publicada como lo lustran también algunos datos exhibidos por el Presidente, uno de los aspectos centrales a responder es si existe o no alguna falacia.
¿Al modificar el esquema de selección por el establecimiento de uno de elección mejora la calidad de las decisiones de las personas elegidas? ¿Qué impedirá que no sustituyan una fuente de interés por otra igualmente discutible o abiertamente ilegítima? ¿Qué impacto, costo económico y repercusión tendrán las determinaciones de una decisión sin discusión detallada y sustantiva más allá de la acompañante necesidad de acotar ciertas impunidades entre algunos elementos del Poder Judicial?
Estados Unidos tiene un Poder Judicial federal y un Poder Judicial estatal para cada uno de sus 50 estados, y en 39 eligen al menos a algunos miembros por votación popular y el 90 por ciento de jueces estatales son electos por votación popular. La elección es posible y la usa el país hegemónico con resultados competitivos en materia de Estado de Derecho a nivel internacional.
Este sistema de elección proporciona legitimación democrática a los jueces, fomenta la confianza pública en el sistema, lo cual contribuye a una sensación participativa de la comunidad.
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2023 del INEGI revela que el 66 por ciento de la población percibe corrupción entre los jueces, el segundo porcentaje más alto, solo por debajo de las policías de tránsito de todo el país.
No hay duda en la necesidad de una transformación del Poder Judicial que fortalezca la credibilidad y confianza. La iniciativa del Ejecutivo, respaldada por Sheinbaum, va más allá de la elección de jueces, de quienes incluso propone un esquema donde están involucrados los tres Poderes y la ciudadanía.
Pero hay dudas sobre la conexión entre método de elección y resultado si no se modifica el conjunto del sistema y si los cambios no se hacen paulatinamente, ideas algunas discutidas en diversos espacios, a favor de la reforma, por ejemplo, por Ernestina Godoy futura Consejera Jurídica de la presidencia, por Martí Batres, actual Jefe de Gobierno, así como por jueces muy inquietos en todo el sistema aun indispuestos a organizar apropiadamente sus argumentos.
Del poder judicial encabezado con profesionalismo técnico en la CDMX por Rafael Guerra Álvarez ¿se puede decir lo mismo que el de Morelos o Sinaloa?
Hay contribuciones serias al debate y la reforma. A eso va encaminada la iniciativa de reforma al artículo 35 de la Constitución Política de la Ciudad de México enviada por Batres al Congreso local. Busca anteponer la justicia social a las formalidades secundarias, como fue el caso de un juez federal al liberar a Fabián N, uno de los principales generadores de violencia.
El Poder Judicial está ante una gran ventana para la transformación. Puede ser creíble y paulatina. En siguientes entregas precisaré elementos sustantivos de este debate de interés general e inmediato.
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