Opinión

¿Y si cancelamos las leyes y los juzgados?

Le tengo una propuesta que ahorrará mucho dinero y muchos debates entre el gobierno y la sociedad; de pasada usted quedará como mago ante su jefe.

Según el portal del gobierno federal, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria tiene el objetivo, como su nombre lo indica, “promover la mejora de las regulaciones y la simplificación de trámites y servicios, (…) procurando que estos generen beneficios superiores a sus costos.” De su definición quité eso de la “transparencia y el máximo beneficio para la sociedad”, porque es medio ocioso, ¿no cree?

Mire usted, su jefe tiene como máxima eso de que “no me vengan con eso de que la ley es la ley”; pobrecito, le estorban las normas y con frecuencia pues no le queda otra que brincárselas, como si fuera salto con garrocha en Juegos Olímpicos. Lo bueno es que los funcionarios de su gabinete siguen su ejemplo con singular destreza.

Cuántos pleitos nos hubiéramos ahorrado si desde su primer día de gobierno, López Obrador hubiera anulado el Congreso y el Poder Judicial. Comentaré algunos de ellos.

El más reciente son los Libros de Texto Gratuitos (LTG). Ya mucho se ha dicho sobre supuestos errores de contenido que los malditos conservadores aducen; ya ve cómo son. Así que paseos a la normatividad.

El Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa concedió un amparo a la Unión de Padres de Familia (UPF) en contra de la nueva versión de los LTG y también solicitó una copia de los mismos. Ni la titular de la dependencia, ni el Dirección de Materiales Educativos –encargada de pergeñar los libros-, ni la Comisión Nacional de LTG –encargada de imprimirlos- se asumió como responsable de enviar las copias. Algunos dicen que si la SEP está tan segura de la calidad de los contenidos, ¿por qué no envió las copias? Pero esa es otra historia.

El argumento de la UPF es la SEP no siguió el procedimiento que la Ley General de Educación marca al respecto, según el cual en el diseño de índices, contenidos y gráficos han de participar especialistas en pedagogía, psicología y de cada materia. Quisquillosos que son los padres, caray, pero también esa es otra historia.

Verá usted con toda claridad, don Alberto, la gran incomodidad que esto significa para la 4T, pues ya se gastaron cientos de millones de pesos en imprimir libros que se encuentran sub iudice.

Cambiemos de arena. Con lo dicho ayer sobre Xóchitl Gálvez, el presidente acumulará seis medidas cautelares del INE, pero eso hoy no es lo relevante para el tema de hoy. López Obrador se extraña de que la senadora lo está demandando porque dio “a conocer los contratos que obtuvo su empresa cuando estaba de jefa de la delegación Miguel Hidalgo. (…) Me los hicieron llegar. Y ni modo que si uno sabe que hay un posible delito, tiene uno que quedarse callado.”

Enviar a esos documentos a la Secretaría de la Función Pública o a la FGR era una verdadera molestia para don Andrés, así que mejor también anulemos el secreto fiscal. Así nos enteraremos de la bonanza de “Chocolates Rocío o de Felipa Obrador.

Hay todavía muchos otros asuntos que en litigio porque, como dice AMLO, “ahora (los jueces y magistrados) están descarados, bloqueando todas nuestras iniciativas de cambio, apoyando a la delincuencia organizada y de cuello blanco.” ¿Cómo que quieren enjuiciar al director de SEGALMEX si AMLO ya lo exoneró?

También anda está por ahí el desacato del Senado por no haber designado a los tres comisionados del Instituto Nacional de Transparencia. Ya que ni se molesten; los expedientes de los megaproyectos están sellados por los próximos cinco años, así que el INAI no tendrá mayor cosa qué hacer.

Como indiqué líneas arriba, mi propuesta incluye desaparecer las leyes. ¿Para qué las queremos a tanto diputado que haga leyes que nadie en la 4T va a seguir? La Ley de Adquisiciones ha sido ignorada en el 75 por ciento de las compras y contrataciones del gobierno federal. No sean exigentes, es una verdadera monserga preparar las licitaciones y rendir cuentas.

Un último apunte, don Alberto. Avise a los secretarios que aprueban las contrataciones con entes extranjeros que deben incluir una claúsula que más o menos diga lo siguiente: “El articulado de este tratado/contrato está sujeto a la interpretación del día a según amanezca el inquilino de Palacio Nacional.”

No sabe lo tranquilos que vamos a respirar en el futuro.

Colaboró: Upa Ruiz uparuiz@hotmail.com

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