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La investigación publicada en Science acerca del tamaño y la cantidad de gente que opera en los cárteles y en las bandas criminales de México ha causado sensación y un montón de reacciones a botepronto. Pero el trabajo merece un análisis un poco más a fondo, tanto por sus cálculos, como por sus propuestas.
La definición del número de personas que trabajan para el crimen organizado no puede sino ser aproximativa, hecha a través de estimaciones basadas, por una parte, en el número de personas encarceladas que pertenecen a las bandas y, por la otra, en el número de homicidios y desapariciones que podrían estar asociados a ellas. En sus propias palabras “usamos el número de pérdidas de los cárteles para inferir sus activos desconocidos, como su tamaño y su tasa de reclutamiento”. Detrás de las complejas ecuaciones que utilizan para el cálculo, siempre hay una proporción predefinida, un supuesto… que puede ser muy cercano a la realidad, o no tanto.
En cualquier caso, el texto no parece aventar números a la ligera, ni peca de pesimista. Cuando calcula más 160 mil delincuentes organizados en el país no está buscando un número alto, no pretende exagerar. Al mismo tiempo, es capaz de mostrar cómo hay círculos concéntricos de criminalidad, de las bandas locales, a las regionales, a los grandes cárteles.
Donde, tal vez en aras de ser llamativo, la investigación derrapa, es cuando compara a los grupos criminales con empresas formales, en términos de quienes trabajan para ellos. Por ejemplo, al afirmar que los cárteles son el quinto empleador en México, pone una table donde dice que tienen más “empleados” que Oxxo. Pero los investigadores suman a todos los miembros del crimen organizado, y éstos trabajan para diferentes empresas salvajes, grandes y pequeñas, a menudo enfrentadas entre sí: los propios investigadores calcularon 150, desde el CNJG hasta pandillas menores. Si comparamos peras con peras y manzanas con manzanas, entonces a los empleados del Oxxo habría que sumarle los del 7-Eleven, los del Super-9, K-Mart y los de las miles de misceláneas de la esquina, y la comparación se cae.
Lo que sí logra explicar el paper, es que estos grupos criminales han ido creciendo en los últimos años. A pesar de las pérdidas calculadas de 50 mil muertos y 60 mil encarcelados en la última década, hay cada año un número mayor de personas que reciben alguna contraprestación a cambio de formar parte de las bandas. “Si los cárteles en su conjunto no reclutaran entre 350 y 370 personas a la semana, hubieran colapsado como resultado combinado del conflicto, la incapacitación (detenciones) y la saturación”.
Y queda claro en el texto que la estrategia del ataque directo y el encarcelamiento de los miembros del crimen organizado lo que logra es simplemente un incremento de la violencia, mientras que los cárteles siguen reclutando gente. Afirman que, de mantenerse la tendencia actual, dentro de 5 años, el número de homicidios y desapariciones relacionados al crimen organizado crecerá 40% y el personal que trabaja para los cárteles, un 26%. Aun si se duplicara la tasa de encarcelamiento, el crecimiento sería de 8% en ese quinquenio (“los cárteles tienen un equilibrio crítico, en el que el reclutamiento compensa sus pérdidas”). Uno puede concluir -los investigadores no lo dicen- que, en la lógica del enfrentamiento, sólo uno en el que la “incapacitación” fuera masiva, ajena al respeto de los derechos humanos elementales de toda la población, y se llevara entre las patas a muchos inocentes, podría reducirse el número de personas que viven del crimen organizado. El sueño de los totalitarios.
También se analizan otras dos estrategias, la de una pax narca, que disminuyera el conflicto entre cárteles, y la de búsqueda de fragmentación de los existentes. Ninguna de las dos ofrece una reducción sensible de la violencia (ésta es, si acaso, marginal, y vale tomar en cuenta que, según los propios autores, más de la mitad de las muertes derivan del enfrentamiento de grupos criminales relativamente pequeños con los grandes cárteles que los quieren absorber).
Los autores abogan por una estrategia que ellos llaman “de prevención”, dirigida a disminuir la capacidad de reclutamiento del crimen organizado. De hecho, comparten la idea de que, si hay más bienestar en las comunidades y más oportunidades de empleo en las empresas legales, se caen las posibilidades de reclutamiento de los criminales. Esto se traduciría en una disminución paulatina de tamaño de los cárteles y en una baja en la violencia. Evitaría que ese cáncer hiciera metástasis.
En ese sentido, hay que entender varias cosas. La primera es que una tarjeta con dinero no resuelve el tema, si la perspectiva de vida es igual de gris y limitada. Se requiere ofrecer otra cosa, particularmente en las zonas ya controladas por los cárteles: y eso es un entorno más agradable, educación y empleos bien pagados. Competir por la fuerza de trabajo. La segunda es que, en esas zonas, ya hay un tejido social descompuesto, apoyo real de una parte de la población al crimen organizado: eso sólo se arregla con mayor presencia social del Estado, no sólo a través de unas transferencias, sino de los servicios y la atención real a la gente. La tercera es asumir que, precisamente por ello, se trata de un problema que no se puede resolver a corto plazo: quien espere resultados inmediatos pecará de ingenuo.
Por lo mismo, es crucial que, en los niveles de gobierno más cercanos a la población, que son el municipal y el estatal, se genere un compromiso efectivo para combatir en esa raíz el crimen organizado. No es fácil. Es peligroso. No es casual que mucho del interés de los cárteles en la política sea precisamente en esos niveles de gobierno: la idea es impedir que haya cambios en las relaciones sociales, para que el tejido social se siga descomponiendo, ellos puedan abrevar de la población -remunerándola por sus “servicios”- y se mantengan como los mandones.
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