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En la Ciudad de México se asumió una decisión sin precedentes para enfrentar la violencia feminicida y los resultados confirman la pertinencia de una decisión positiva y unilateral del gobierno al autodeclarar la alerta de género hace cuatro años: menos crímenes, más detenidos, así como la atención oportuna para prevenir la escalada de agresiones en los hogares.
En contraste con la práctica dominante de la imposición o sugerencia federal, en la capital nacional la entonces Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, decretó el 25 de noviembre de 2019 la Alerta de Violencia contra las Mujeres, acompañándola de una estrategia integral para atender tempranamente los riesgos desarrollados en el espacio privado.
La expresión de “tiempo de mujeres” en la agenda de la izquierda, históricamente adelantada respecto de la renuencia de la democracia cristiana de conceder centralidad a su reivindicación como protagonistas históricas, sería meramente demagógica sin determinación política de perseguir a los perpetradores de violencias contra ellas.
Si la determinación política con la cual debe señalarse los elementos diferenciadores de un gobierno se aleja de la impartición de justicia, la oposición tendría oportunidad. No parece el caso. El esquema colaborativo del gobierno es la fuente de la disminución de la incidencia delictiva contra mujeres en lo general y los feminicidios en particular.
Frente a la muerte de Lesvy por ejemplo, ocurrida en mayo de 2017 en Ciudad Universitaria la entonces Procuraduría clasificó el caso como suicidio, pero el Poder Judicial ordenó reclasificarlo a feminicidio y el responsable fue detenido en esta administración.
A diferencia de lo ocurrido entonces, con Sheinbaum hubo pleno reconocimiento de los delitos perpetrados y amplia reivindicación de un marco de acción en el cual el diseño de una política de seguridad generadora de disminución en la violencia contra las mujeres fue situado como eje de política pública. Una lucha por la igualdad, como la define ahora Martí Batres, acompañada crecientemente con detenciones.
La CDMX es la entidad con mejores resultados ante feminicidios. Entre 2019 y 2023 disminuyeron 28 por ciento. Otras como el Estado de México y Nuevo León encabezan el número de carpetas de investigación, registran aumentos de 35.9 y 8.9 por ciento respectivamente.
En Guanajuato, las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública establecen un posible subregistro. Aunque solo se formalizaron 26 casos —incremento de 44.4 por ciento con relación a 2019—, encabeza los homicidios dolosos contra mujeres, con 378. ¿Cuántos debieron investigarse como feminicidio?
Los agresores son hombres vinculados sentimentalmente en más de 90 por ciento de los expedientes, según reportes del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México.
En el informe de la Alerta por Violencia contra las Mujeres, el responsable de la Fiscalía General de Justicia, Ulises Lara, situó en 80 por ciento el aumento en vinculaciones a proceso de feminicidas y de 257 por ciento en órdenes de aprehensión. La estrategia *765, una línea de atención urgente, explicó la secretaria de las Mujeres, Ingrid Gómez, retiró del riesgo feminicida a 2 mil 167 mujeres y consiguió 246 órdenes para sacar de casa al agresor.
Esfuerzos como el de Clara Brugada cuando fue alcaldesa de Iztapalapa con la creación de Senderos Seguros, estrategia replicada en la capital nacional con mil 120 kilómetros, ha generado 26.5 por ciento menos delitos contra mujeres en esas zonas.
Es indispensable profundizar el efecto de la alerta de género, específicamente en la incorporación de los hombres a cambios culturales dirigidos a la anulación de su tentación violentadora. Mientras, deben continuar las vinculaciones a procesos de los presuntos responsables.
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