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Desde el viernes por la noche, en redes sociales empezaron a circular videos de bloqueos e incendios en distintas poblaciones chiapanecas, como Frontera Comalapa, Chicomuselo, Amatenango de la Frontera, Mazapa de Madero y Motozintla. Aterrorizados, cientos de habitantes abandonaron sus hogares, también acicateados por la falta de comida, gas y energía eléctrica.
Para el sábado, pudimos ver un video en el que elementos del Cártel de Sinaloa (CS) entra “victorioso” a Comalapa, en medio de vítores del pueblo. Aparentemente habría arrebatado el control de la zona al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Las aclamaciones al CS me resultaron surrealistas.
Este es el más reciente, pero no el último, capítulo de la constante inestabilidad en la que está sumida la zona sur chiapaneca, acrecentada desde hace por lo menos dos años.
El punto de inflexión ocurrió cuando Jerónimo Ruiz, líder de artesanos y también de una narco-célula local, fue abatido a tiros; el asesinato marcó el inicio de la disputa entre el CS y el CJNG por el control de las tres rutas de acceso a México desde Guatemala. En juego están los negocios de trasiego de droga, transporte de migrantes, explotación de recursos naturales, control de la producción y distribución de alimentos, derecho de piso, reclutamiento obligatorio, desapariciones y cualquier otro delito que se les ocurra en el camino.
Para no quedarse atrás, el grupo paramilitar Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO) se ha dedicado a acosar las zonas zapatistas, rematando con poner al borde de la muerte al líder tzeltal Gilberto López Santiz y provocando una balacera de cuatro días. Este ataque de los paramilitares es uno más del centenar que han llevado a cabo en contra de los territorios zapatistas entre 2019 y 2023.
El nivel de violencia en Chiapas ha provocado el desplazamiento de por lo menos tres mil 500 personas, pese a los siete mil 850 elementos de las Fuerzas Armadas desplegados en la entidad. Se abren carpetas de investigación, pero no hay detenidos.
Con todo y sus buenas intenciones, no parecen dar resultados los esfuerzos por arrancar a la población del reclutamiento del narco o por darle oportunidades de desarrollo. El Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de las Casas” ha alertado sobre de la desafortunada “coincidencia” entre la construcción del Tren Maya y el alza de la violencia; tienen fuertes indicios de que el CO está maniobrando para hacerse de negocios al amparo de la megaobra (El país, 16/05/2023).
Asimismo, el EZLN denunció a principios de junio que “los programas como ‘Sembrando Vida’ y otros similares propician la confrontación entre comunidades históricamente despojadas de sus tierras y sus derechos, ya que son utilizados como mecanismos de control político y moneda de cambio para que organizaciones como la ORCAO accedan a supuestos beneficios que estos programas brindan, a costa del robo de las tierras recuperadas autónomas zapatistas.”
Lo que estamos viendo en Chiapas es lo mismo que ocurre en Guerrero, Zacatecas, Chihuahua, Tamulipas y varias entidades más. Lo único que cambia es el traje regional y el paisaje. El gobierno cuatroteista advirtió que no iba a combatir al crimen organizado (CO), pero tampoco lo ha acotado y ello lo confirman los datos del Observatorio Nacional Ciudadano al primer trimestre de este año. Desde que inició la presente administración, el homicidio doloso ha crecido 51 por ciento y la extorsión 31 por ciento.
La violencia nos resulta carísima, no solo en vidas, sino también en desarrollo. En 2022 le costó al país la friolera de 4.6 billones (millones de millones) de pesos, equivalentes a 18.3 puntos del PIB, según cálculos del Instituto para la Economía y la Paz. Para que dimensionemos: cuatro veces el FOBAPROA.
Peor aún, de acuerdo con el estudio matemático publicado en la revista Science y al cual me referiré con mayor amplitud en los días siguientes, el CO ha generado una tendencia casi irreversible en su poder y su tamaño. Los caminos para contenerlo son pocos y difíciles (Prieto et al. Science 381, 22/09/2023).
Narco, militares, paramilitares, políticas públicas ineficientes y pobreza local son una pésima combinación.
Espero que cuando empiecen las campañas, la sociedad civil les demanden enérgicamente la presentación de una estrategia clara, ambiciosa, viable y efectiva para combatir al crimen organizado o, por lo menos, acotarlo.
No sé ustedes, pero yo estoy harto de la violencia surrealista de este país.
Colaboró: Upa Ruiz uparuiz@hotmail.com
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