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“Si me piden que exprese en una frase cuál es el plan del nuevo gobierno,” dijo el presidente durante el I Informe, “respondo: acabar con la corrupción y con la impunidad”. A punto de llegar al V Informe vemos que no acabó con ninguna de las dos.
Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) dieron a conocer este mes sendos reportes que así lo demuestran, a partir del análisis riguroso de las bases de datos oficiales.
Ambas organizaciones revisaron el portal de COMPRANET, sitio donde las dependencias deben de registrar todas las convocatorias para la compra y arrendamiento de bienes y servicios, así como todos los movimientos hasta llegar a la empresa ganadora. Lo anterior en cumplimiento de las leyes de adquisiciones, transparencia y la rendición de cuentas sobre el manejo del gasto.
Pues bien, de acuerdo con el Índice de Riesgo de Corrupción (IRC) del IMCO, 71 por ciento de las instituciones federales aumentaron su puntuación negativa. De hecho, la 4T no ha revertido la conducta de la gestión peñista, ya que ha mantenido la proporción de adjudicaciones directas de contratos. Esto es, no ha habido competencia en el 74 por ciento de las contrataciones. Los de la 4T no son iguales, pero cómo se parecen.
Ahora permítame una explicación para los lectores que nos acompañan, a fin de que dimensionen el tamaño del problema. Las empresas proveedoras del sector público tienen que hacer historial; es decir, empiezan con contratos muy pequeños no mayores a 400 mil pesos. Si los proveedores ganadores no cumplen con lo pactado, la dependencia no les otorga la liberación y, en teoría, esto les impide participar en otras licitaciones.
Expuesto lo anterior, resulta preocupante MCCI haya encontrado que 145 empresas obtuvieron adjudicaciones directas en contratos superiores a 10 millones de pesos cada uno. Y más preocupante es que “cuatro de las cinco empresas que más dinero han recibido a través de adjudicación directa se crearon durante este sexenio”. Aquí no solamente hablamos de que estas empresas no han hecho historial de proveeduría, sino que tampoco hay manera de que tengan un currículum medianamente aceptable para ese monto.
Tanto MCCI y el IMCO encontraron diversas deficiencias en las contrataciones, empezando porque la documentación está incompleta: 16 por ciento en adjudicaciones y 30 por ciento en licitaciones. El caso extremo son 362 contratos por un monto global de dos mil millones de pesos sobre los cuales no hay un solo papel. Otra anomalía es la falta de control sobre la información de los proveedores, pues se han contratado empresas sancionadas o inhabilitadas.
El premio a la opacidad y gestión deficiente de contrataciones se lo llevan las dependencias del sector salud y las relacionadas con la atención alimentaria de los más pobres.
Para que tenga un comparativo, don Roberto, le cuento que la media del IRC es de 40 puntos, pero BIRMEX, empresa dizque dedicada a la distribución de medicamentos, alcanzó 70 puntos; y el ISSSTE, cuya área de compras ha dado mucho de qué hablar, obtuvo 58 puntos.
En el sector alimentario tenemos que DICONSA llegó 58 puntos; su dudoso desempeño nos debe preocupar porque maneja algo así como 26 mil tiendas rurales con productos de la canasta básica para personas de muy escasos recursos. En cuanto a LICONSA, la distribuidora de leche subsididada para familias en condiciones de pobreza, marcó 52 puntos. Ambas paraestatales tienen como cabeza de sector a SEGALMEX… Sí, el organismo donde se encontró un desvío de recursos por 15 mil millones de pesos.
Con los datos brindados por MCCI y el IMCO, ahora explíquenos cuál es la lógica de la iniciativa enviada al Congreso el pasado mes de abril, mediante la cual AMLO busca desaparecer de facto el Sistema Nacional Anticorrupción. En teoría, todas las funciones de dicho Sistema pasarían a la Secretaría de la Función Pública y otras tantas a la Auditoría Superior de la Federación. ¿Podrán con el paquete? No se ofenda, don Roberto, pero lo dudo.
Para mí que a los funcionarios cutroteistas les vale gorro cumplir con las normas en el manejo del gasto, ya sea por negligencia, por ignorancia o por corrupción. O las tres… Total, si el inquilino de Palacio Nacional no cumple con la ley, pues ellos menos.
Ahora que pensándolo bien, me pregunto si por estos niveles de corrupción e irregularidad, don Andrés quiere a toda costa que una de las corcholatas lo suceda en el cargo.
¿Usted qué cree?
Colaboró: Upa Ruiz uparuiz@hotmail.com
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