De corrupción y privilegios

Leo en las reseñas de sus giras que, de ganar la Presidencia, usted seguirá adelante con el Plan C del presidente López Obrador para reformar el Poder Judicial de la Federación (PJF). Según expresó usted el domingo en Ensenada, Baja California, el plan consiste en que los jueces sean elegidos democráticamente para acabar con la corrupción y los privilegios del PJF; en apoyo a su tesis pone como ejemplo a EUA donde algunos jueces son elegidos.

Para ser científica, la relación causa-efecto que usted establece deja mucho qué desear.

Si elegir por voto directo a una persona para un cargo fuera garantía de honestidad, pues entonces no tendríamos gobernadores, presidentes municipales, ni legisladores corruptos. Los ejemplos abundan, no solo en PRI y el PAN, también en el PRD cuando AMLO todavía militaba en ese partido. Me vienen a la memoria algunos funcionarios vinculados al gobierno del entonces DF, entonces encabezado por López Obrador: Gustavo Ponce, ex secretario de Finanzas; René Bejarano y Carlos Ímaz, videograbados recibiendo dinero del empresario Carlos Ahumada (2004). Ya recientemente aparece José Luis Abarca, alcalde de Iguala en 2012, con un negro historial y no solo por el caso de Ayotzinapa.

Usted ideologiza tanto la honestidad como la corrupción, siendo que malandros y gente de bien hay en todas partes. Claro que su postura abona a esta polarización, según la cual los seguidores de MORENA están libres de todo pecado, mientras que el resto somos una bola de rateros, clasistas, aspiracionistas, etc.

Su propuesta también insta a la población a votar por los candidatos de MORENA al Congreso, a fin de que con la mayoría calificada pueda pasar el Plan C y cualquier otra iniciativa que usted enviara. Ya sabemos que los legisladores morenistas obedecen ciegamente las órdenes de Palacio Nacional, mandando al cuarto de trebejos cualquier asomo de deliberación parlamentaria o de separación de Poderes. Si eso no es autoritarismo, habría que redefinir el término.

Si verdaderamente quiere evitar la corrupción en el PJF y para el caso en todo el aparato gubernamental, su propuesta debiera empezar por reconstruir los mecanismos INSTITUCIONALES de control que hizo polvo la 4T. Subrayo que sean institucionales, porque si algo caracteriza a la 4T es la discrecionalidad y opacidad en el manejo de los recursos, así como de las “absoluciones” a posibles casos de corrupción. Baste citar a Ignacio Ovalle, ex director de SEGALMEX, los sobres amarillos de Pío López Obrador y los contratos multimillonarios a Felipa Obrador.

Asimismo, me extraña que usted solo habla de la corrupción del PJF y no menciona la eficiencia, la cual es necesaria para que la impartición de justicia sea pronta y expedita. Este último mandato pasa porque las fiscalías también sean honestas y eficientes; usted mejor que yo sabe que si hay un funcionario público con el cual la gente no quiere toparse es con el ministerio público.

Por otra parte, el voto directo por un juez no garantiza que gane el candidato con la preparación más sólida. Espero que usted no siga aplicando eso de que “no es el cargo, sino el encargo”, porque nos ha salido carísimo. Ahí está el catastrófico ejemplo de Juan Antonio Ferrer, quien de dirigir zonas arqueológicas pasó a comandar el fracasado INSABI; o el de Octavio Romero Oropeza, ingeniero agrónomo encabezando PEMEX y cuyos conocimientos sobre el sector petrolero son de dudarse. Si estas personas brindaban la lealtad exigida por el presidente, ¿no le hubieran servido mejor en el INAH y en la Secretaría de Agricultura, respectivamente?

Otro de sus argumentos para la reforma al PJF es acabar con los privilegios. Pues mire, doctora Sheinbaum, para privilegios los de los presidentes mexicanos, pues el gobierno cubre todos sus gastos personales, conformando así un sobresueldo muy abultado que invalida comparar el salario presidencial con el de otros funcionarios.

Y ya que tanto le gusta como se hacen las cosas en EUA, le cuento una anécdota que narra Michelle Obama en su autobiografía “Becoming”. La Casa Blanca tiene un presupuesto de 100 mil dólares para adaptaciones de las áreas privadas en las que vivirá la nueva familia presidencial. Barak Obama renunció a ese presupuesto y pagó todo de su bolsa. ¿Quién pagó la adaptación de Palacio Nacional cuando AMLO decidió que no quería despachar en Los Pinos?

Más aún, desde el siglo XIX, los mandatarios estadounidenses deben reembolsar al gobierno, mes con mes, todas las erogaciones que se hayan realizado por sus gastos personales de él y su familia, léase: ropa, despensa para alimentación diaria no oficial, tintorería, peluquero, etc. ¿Quién cubre los de la pareja López-Gutiérrez Müller?

Piénselo, doña Claudia. Si hay algo peor que un gobierno populista, es un populismo de doble moral.

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