BúsquedaLlamo su atención sobre un problema que, pese a implicar la supervivencia de los mexicanos, no la veo a usted, ni a la Presidencia de la República, muy preocupados.
De hecho, en las mañaneras apenas en un par de veces don Andrés se ha referido al agua, pero más como un fenómeno coyuntural de sequía.
Hubiera querido que desde Palacio Nacional -porque toda comunicación sale de ahí- se diera la voz de alerta sobre lo cercano que ya está el temible Día Cero, cuando ya no haya suficiente agua para satisfacer las necesidades de la población del planeta.
La escasez de agua se ha gestado por malas decisiones sobre de las concesiones de explotación. Mire, doña María Luisa, en 1992, cuando entró en vigor la Ley de Aguas Nacionales, había dos mil concesiones. De entonces a la fecha, CONAGUA ha otorgado 514 mil concesiones más, sobrecargando 108 cuencas y 115 acuíferos.
Tal situación daña la integridad de los ecosistemas, deteriora la vida en las comunidades y solo beneficia a los grandes intereses. Baste, como ejemplo, la planta de Coca-Cola en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, cuya concesión de uso de agua pone en riesgo el acceso de la población al vital líquido y daña el medio ambiente.
El acceso al agua por parte de la población mexicana es verdaderamente precario: 25 millones de personas reciben agua en su vivienda solo dos veces a la semana y 17 millones la reciben una o dos veces al mes.
Además de escasa, el agua es de mala calidad, pues 60 por ciento de los cuerpos de agua sufren de contaminación y sobreexplotación.
El problema es mayúsculo desde múltiples perspectivas, pero en esta ocasión nos enfocaremos en la respuesta del gobierno federal y del Poder Legislativo a la crisis del agua.
Hasta donde se sabe, no existe una política pública integral por parte del gobierno morenista para enfrentar la problemática; y mucho menos, recursos. En el ejercicio presupuestal 2021 se destinaron 20 mil millones de pesos para infraestructura de abastecimiento, agua potable y alcantarillado, lo cual representa el 40 por ciento de lo asignado por Felipe Calderón y apenas la mitad de lo destinado por Enrique Peña Nieto. De hecho, la UNAM estima necesario invertir 110 mil millones de pesos anuales para empezar -solo empezar- a solucionar la cuestión del agua.
El Congreso ha sido igualmente omiso. Mire, secretaria, en 2012 se consagró el derecho humano al agua y, para tal precepto, el Congreso está obligado a expedir una nueva Ley General de Aguas (NLGA) que garantizara tal derecho, particularmente para proteger a las comunidades indígenas y rurales, regular a las zonas urbanas y limitar los grandes intereses que acaparan las concesiones de uso privado del agua. Como lógica transversal, la NLGA deberá garantizar la preservación de los ecosistemas y obligar al uso racional y sustentable del agua.
Sin embargo, llevamos ¡10 años de atraso..! Si bien han circulado iniciativas y proyectos en ambas cámaras legislativas, éstas fueron frenadas por poderosos intereses. Incluso, hay una iniciativa ciudadana que, junto con una iniciativa de MORENA, fueron contundentemente detenidas en 2020, ya en pleno gobierno de la 4T. Valdría la pena averiguar por qué.
Aún más: el pasado mes de enero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación urgió al Congreso de la Unión a expedir la NLGA, pero ni siquiera está en la agenda de debate.
Para serle sincero, creo que en vez de andar incitando a improcedentes linchamientos públicos de aquellos que no comulgan con la 4T o de cuántas propiedades tiene Loret, los miembros de su partido y sus legisladores debieran ocuparse de los problemas graves de nuestro país.
Porque al paso que vamos con la 4T, si no nos mata un asaltante o la falta de medicamentos, moriremos de sed…
Investigación: Upa Ruiz uparuiz@hotmail.com
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