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Mientras el crimen organizado retoma sus actividades tradicionales en el estado de Guerrero, la población beneficiada por los apoyos sociales para la reconstrucción corre el riesgo de convertirse en el nuevo blanco de las actividades ilícitas. El gobierno federal debe blindar a estas comunidades antes de que se cumpla el pronóstico que apunta hacia nuevos flagelos luego del embate del huracán Otis
Por ello, se advierte ya que no será suficiente la instalación de cuarteles de la Guardia Nacional. Aunque la GN ya tiene presencia en 38 colonias de Acapulco, analistas de la firma BlackIND, en la que participa el expertos en seguridad, consideran que el puerto enfrenta igual que siempre, pero exponenciado por la tragedia ambiental, problemas de violencia y robo.
La GN, según BlackIND se limita a labores de presencia y patrullaje pero sin el acompañamiento de las policías estatal y municipal, que son las que tienen las atribuciones pero en los hechos no figuran. Aún más, BlackInd considera que el nuevo despliegue no tendrá capacidades de análisis e investigación in situ que permitan identificar y combatir la estructura de los grupos que continúan operando, mucho menos de aquellos que seguramente surgirán en el corto plazo, ya sea nuevos o producto de escisiones de los ya existentes. Es urgente, dijo la firma que dirigie Luis Miguel Dena, fortalecer los esfuerzos tanto público como privados para respaldar a la población del estado de Guerrero y en particular de Acapulco.
Según la firma, en la que participan especialistas como Facundo Rosas, las autoridades federal, estatal y municipal sólo realiza declaraciones políticas y buenos deseos en el sentido de que las cosas van a mejorar en el corto plazo, pero en realidad no existe siquiera un diagnóstico serio de la crisis, por lo que tendrá que abordarla desde diferentes aristas, una de ellas la de la seguridad.
Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano en materia de seguridad consideró necesario aportar soluciones para atender el problema de Acapulco.
Apuntó que la situación crítica por la que atraviesa el Puerto desnudó la realidad; no hay instituciones que protejan a los mexicanos. “Va a costar mucho dinero reconstruir las instituciones, porque se descuidaron”, dijo durante la conferencia de prensa en la que se presentaron los resultados de un estudio sobre la situación de seguridad que vive Acapulco realizado por BlackInd.
Y alertó: “Donde se deja un espacio vacío alguien lo va a llenar y en el caso de Acapulco podría ser la delincuencia. Los delincuentes son actores económicos que se mueven dónde hay dinero y si es en efectivo con mayor razón”.
Para los habitantes de Acapulco nada será igual mientras la llegada de recursos económicos y apoyos en especie para la reconstrucción de la infraestructura hotelera, de negocios y vivienda, y en general de la vida del puerto, abren la posibilidad de que parte de ellos terminen en manos de los grupos delictivos de manera indirecta o directa.
En un primer momento y mientras se reconstruyen los mercados ilícitos de las drogas ilegales, secuestro, armas de fuego y trata de personas, buscarán tomar el control total de la extorsión y el cobro de piso, así como la distribución de materiales para construcción, energéticos (gas, gasolina y diesel), abarrotes y agua para uso doméstico (pipas), sobre todo en las colonias más apartadas del puerto, a esas a las que la ayuda del gobierno tardará más en llegar.
Un mercado ilícito intangible que será aprovechado por los grupos delictivos, es el del servicio de transporte público, taxis formales e informales (tolerados o piratas), además de vagonetas y autobuses urbanos y suburbanos, incluidos algunos turísticos, los cuales reportan cuotas a los grupos delictivos disfrazadas de aportaciones sindicales, para la operación diaria, para la supervisión y despacho de unidades, para los seguros (mutualistas) o de cajas de ahorro.
Uno más que será explotado en el corto plazo es el del mercado del empeño o préstamos dejando prendas en garantía, ya que una significativa cantidad de artículos electrónicos, joyas, vehículos y enseres domésticos carecen de facturas u otros documentos que amparen la legal propiedad porque se perdieron en el huracán, con mayor razón luego de los saqueos. A estos habría que agregar los artículos nuevos que resulten del robo de las tiendas de autoservicio o la necesidad de empeñar aquellos que el gobierno recién haya entregado.
No debe descartarse que el mercado de la chatarra o material de reciclaje, en particular los metales ferrosos y no ferrosos, también sea motivo de disputa entre los grupos delictivos, tomando en cuenta la cantidad y tamaño de los inmuebles que tendrán que ser reconstruidos en sus fachadas, lo que generará grandes cantidades de este tipo de material.
El impacto también será directo porque varios de sus familiares y una buena parte de su “base social” serán beneficiarios de los programas sociales que son entregados en efectivo, lo cual les permitirá subsistir en tanto se recuperan las actividades económicas, formales e informales del puerto que den vida a los mercados ilícitos, en las cuales han estado sustentados durante los últimos años.
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