BúsquedaEn estos días el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decidirán sobre un tema sobre el que se ha discutido mucho recientemente: la sobrerrepresentación de la coalición Sigamos Haciendo Historia en el Congreso de la Unión.
La decisión no es menor. Si se aceptan los argumentos de la coalición gobernante, se facilita la posibilidad de que la mayoría parlamentaria que resulta pueda cambiar la Constitución sin tener que pactar esos cambios con ninguna de las fracciones de oposición.
La frase clave del párrafo anterior es “sin tener que pactar”. Una resolución que otorgue la mayoría calificada a la coalición encabezada por Morena permitirá, para todo efecto práctico, eliminar la deliberación parlamentaria, la discusión plural de los temas más importantes para la nación. No habrá necesidad de diálogo o búsqueda de consensos. Las oposiciones serán meramente un adorno, y el pluralismo será más una formalidad que una realidad.
¿Cómo es posible que, con 54% de los votos, la coalición Sigamos Haciendo Historia se adjudique 74% de los diputados? Bastante sencillo: a través de su convenio de coalición, Morena le cedió 90 triunfos distritales a los aliados PVEM y PT. En esos distritos, el candidato ganador es de Morena, el partido que tuvo más votos, pero aparece como postulado por los Verdes o el Partido del Trabajo. Eso le da a los partidos aliados diputados de mayoría que no obtuvieron en las urnas y, a su vez, permite a Morena tener diputados plurinominales que de otra manera no obtendría.
Se trata de un truco legal para distorsionar la voluntad popular y el espíritu de la ley electoral, que permite la sobrerrepresentación, pero con un límite de 8%. Los partidos de oposición debieron, en su momento, denunciar este truco, para que, como en 2021, se fijara con claridad que, para efectos de sobrerrepresentación, las coaliciones electorales cuentan como un solo partido. No lo hicieron, y ahora todo queda a juicio de las autoridades electorales.
La cuestión es cómo interpretarán los consejeros, primero, y los magistrados, después, el mandato constitucional. Si entendemos que el concepto de representación proporcional tiene como propósito fortalecer la pluralidad democrática, y que los ciudadanos que votaron por las minorías deben ser efectivamente representados, veremos que el espíritu de la ley está en contra de los excesos que pretenden Morena y sus aliados. Si, en cambio, suponemos que, aunque hayan competido en las elecciones como “el equipo de la 4T”, los de la coalición gobernante son partidos diferenciados y, haciéndonos de la vista gorda, consideramos como verdes o petistas a candidatos que ganaron por Morena, entonces una lectura estricta de la ley (que habla de sobrerrepresentación de partidos) indica que la sobrerrepresentación es válida.
En el primer caso, la coalición gobernante tendría 62% de las curules y quedaría cerca, en la Cámara de Diputados, de la mayoría calificada, pero tendría que buscar otros votos si quiere cambiar la Constitución. En el segundo, hasta imaginando disidencias internas, lo haría con la mano en la cintura. (En la Cámara de Senadores, la cosa parece más clara, y la coalición morenista se quedó apenas a dos escaños de la mayoría calificada).
Visto desde el otro ángulo, en el primer caso, con 46% de los votos, las oposiciones quedarían con el 38% de las curules. En el segundo, con el 26%. En esa segunda opción, el PAN quedaría por debajo del PVEM y Movimiento Ciudadano, el cuarto lugar en votos, tendría la fracción más pequeña en la cámara baja. Serían casos de subrepresentación extrema.
Tanto consejeros como magistrados han estado sujetos a todo tipo de presiones en estos días. En el caso de los segundos, ha habido amenazas y la conocida combinación de palos y zanahorias. El asunto es político y se ha politizado todavía más. Es de esperarse que no haya unanimidad en ninguna de las instancias. Pero lo menos que podemos esperar los ciudadanos es que haya una discusión abierta, en la que se expresen ampliamente los argumentos legales, y sobre todo las consecuencias de fondo que tendrá la decisión de las autoridades electorales sobre el sistema político mexicano, que puede dar el primer paso fundamental para alejarse de una democracia deliberativa y convertirse en un cascarón.
Señala el texto clásico que el populismo no es la destrucción de la democracia (al menos en un principio), sino su distorsión, su deformación. La posibilidad de una sobrerrepresentación excesiva es, claramente, una manera de desfigurar la democracia mexicana. El principio de su desnaturalización. Una mayoría empoderada y sin frenos puede ir eliminando, paso a paso (y la idea misma de acabar con la representación proporcional es el más claro ejemplo) todo el andamiaje de construcción democrática que tantos años y tanto esfuerzo social costó.
Como con Troya, es inútil un largo asedio a la democracia. Mejor introducir un caballo, hacer que las instituciones creadas por la democracia le abran la puerta y entonces sí, hacer la tarea de destrucción.
¿Le abrirán la puerta las instituciones democráticas al Caballo de Troya? Pronto lo veremos.
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