BúsquedaLos tiempos mesiánicos que vivimos se caracterizan por una ofensiva contra las instituciones democráticas, acusadas de albergar individuos, prácticas e intereses incompatibles con el “humanismo mexicano” que proyecta un modo de gobernar semejante a los despotismos del pasado. El desprecio de la legalidad y la división de poderes, la austeridad arbitraria que cancela la atención a las necesidades sociales, la improvisación y la indolencia como políticas públicas, la mala administración y el despilfarro de los recursos presupuestales, la corrupción y la protección acrítica de sus colaboradores, así como las continuas erratas en política internacional, son los sellos distintivos del lopezobradorismo. Esta forma de gobierno paulatinamente transforma el panorama político en un archipiélago autoritario que busca mantener su dominación sobre el campo social. Coincidente con las políticas establecidas en otras latitudes donde han gobernado los fanáticos, los dogmáticos y los intolerantes, ahora se emprende la tarea de la destrucción institucional del sistema democrático. Las recurrentes violaciones a la Constitución Política por parte de quienes juraron respetarla, dan cuenta del tipo de régimen que se desarrolla en nuestro país.
La imposición en la Cámara de Diputados de las iniciativas presidenciales en materia electoral durante la madrugada del pasado miércoles -por parte del partido oficial y sus satélites-, coloca en grave peligro nuestra institucionalidad democrática y su permanente aspiración para consolidar la igualdad política. Recordemos que una oferta histórica de la democracia a sus ciudadanos ha sido siempre esta equidad en la competencia política como un objetivo realizable. Más allá del contenido de la iniciativa que busca compactar salvajemente al INE (desapareciendo áreas muy sensibles de la organización electoral y de su sistema profesional en todo el país), el procedimiento legislativo seguido para aprobar el capricho presidencial fue absolutamente inconstitucional. Se presentaron violaciones graves al debido proceso legislativo en sus diferentes fases, imponiéndose directamente al pleno la propuesta sin discusión en comisiones como marca la normatividad parlamentaria. Votar sin leer las iniciativas que les redactan desde Palacio Nacional se está convirtiendo en una práctica común de la peor legislatura que se recuerde en el México contemporáneo.
A partir de mañana iniciará la discusión en el Senado de la República de estos nefastos cambios aprobados por la tiranía de la mayoría en la Cámara Baja. La alianza opositora deberá detener este sigiloso “golpe de Estado” que pretende revertir el lento pero firme proceso de cambio político democrático emprendido por nuestro país desde hace décadas. Abdicar de sus responsabilidades constitucionales como instancia revisora y de control legislativo sería muy irresponsable, dado que está en juego la igualdad política y la vigencia de la institucionalidad democrática. Aquí se verá la congruencia de los senadores de oposición que han acompañado al oficialismo en otras ocurrencias. La política populista aspira a compactar a la sociedad con el gobierno mediante sus propias instituciones y para ello, pretende socavar la institucionalidad producida por la democracia de los partidos.
La institucionalidad democrática indica sobre todo un proceso que vincula la acción con el proyecto, es decir, la práctica con los ideales. Por institución se entienden aquellos eventos de una experiencia con dimensiones duraderas en el tiempo que ofrece sentido a la sociedad. Institución es el nombre de una inauguración política y de un proceso social orientado a garantizar la libertad de elección. En los sistemas democráticos, pluralistas y abiertos cualquier reforma electoral parte de la búsqueda de los consensos más amplios, dado que se trata de modificar la estructura de los procedimientos políticos de la convivencia social. Son las famosas reglas del juego democrático sin las cuales no existe igualdad política, ni garantías para expresar libremente el disenso.
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