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Es probable que el tema les parezca medio aburrido, pero es de la mayor importancia para la transparencia y la democracia. Así que pongan mucho ojo, mis respetados electores.
López Obrador aseveró que los dineros que se ahorrarían al desaparecer los organismos autónomos (OA), se destinarían a fondear el incremento de pensiones. Vaya choro mareador…
Los OA nos cuestan casi 18 mil millones de pesos anuales; por concepto de pensiones se erogan dos billones de pesos y eso sin pagarlas al 100 por ciento. Los presuntos ahorros representarían el 0.8 por ciento del presupuesto federal; una gota en el mar. Pero el viernes pasado el mandatario se “autocorrigió” al afirmar que no se despediría a ningún trabajador, pues serían absorbidos por distintas dependencias federales. Luego entonces, esa gota se convertiría en un átomo.
La molestia del presidente es que “un órgano autónomo, al que no eligió el pueblo, tiene el mismo o más poder que el presidente”. Falso. El papel de los OA es enfrentar decisiones arbitrarias del gobierno, ya sea el actual o los siguientes, ya sea de izquierda o de derecha, pues protegen derechos ciudadanos fundamentales.
Los organismos autónomos son entes altamente especializados en su materia; elecciones, competencia del mercado, telecomunicaciones o transparencia. No son una burocracia obediente a los vaivenes sexenales. El procedimiento de designación de sus comisionados es, en síntesis, que una comisión legislativa pluripartidista -y esto es muy importante- hace un examen y una entrevista a los aspirantes; los mejores pasan a la aprobación del conjunto legislativo, garantizando así la capacidad técnica. En los OA no hay eso de que lo importante es “el encargo, no el cargo”.
Es cierto que los organismos autónomos fueron creados en el período de las reformas estructurales como parte del Estado, pero de ninguna manera para contar con “un gobierno aparte, (…) y darle paso franco a las empresas particulares”, como dice el presidente. Les doy dos ejemplos:
El IFETEL multó a Telcel por prácticas monopólicas en 2018 y el año pasado dictaminó que esta empresa debía pagar una cuota más elevada que sus competidores por ser un actor dominante. Con ello protegió los derechos de los consumidores a un servicio indispensable.
La COFECE multó a Chedrahui y a Soriana por manipular el precio de la tortilla en Huixtla, Chiapas; ustedes me dirán si tal acción es o no importantes para el ciudadano común.
Lo que realmente irrita al inquilino de Palacio Nacional es que son “órganos técnicos DE CONTROL que no se guían por intereses partidistas o coyunturales; (…) sólo deben ser independientes de los poderes tradicionales y de los partidos” (Cárdenas, “Una constitución para la democracia”. IIJ, UNAM, 2020). Lo anterior se contrapone al prejuicio presidencial de que el poder es de él, de nadie más y todos deben servir a la 4T.
Hay dos OA que están en la mira lopezobradorista. La Comisión Federal de Competencia (COFECE) podría revisar la situación de Mexicana de Aviación, pues de acuerdo con las normas vigentes, una línea aérea no puede controlar aeropuertos ya que la autoridad de cada terminal asigna los slots (horarios de llegada y de salida) de las distintas líneas. No se puede ser juez y parte.
Empresas militares administran Mexicana de Aviación y 15 aeropuertos, entre ellos los más importantes económicamente hablando. ¿Alguien en su sano juicio cree que se va a respetar la libre competencia con las otras líneas aéreas…?
En el mismo caso está la oferta de Mexicana para vender sus boletos 20 por ciento por debajo de las tarifas comerciales. La COFECE tendría que revisar si tal descuento obedece a que la línea es muy eficiente o si está subsidiada por el gobierno, o sea, nuestros impuestos. En este último caso se trataría de una competencia desleal y, por tanto, sancionable. Más complicada todavía es la compra de las plantas de energía a Iberdrola para ponerlas bajo la férula de la CFE.
El otro OA en la mira es el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), cuyas funciones las absorbería la Función Pública o la Auditoría Superior de la Federación. ¿Alguien cree que esas dependencias habrían denunciado el fraude de SEGALMEX? Tal vez la ASF, pero tarde y en silencio. Nos enteramos de SEGALMEX por la investigación de Mexicanos contra la Corrupción a través de solicitudes de datos al INAI.
Más aún, la Suprema Corte de la Nación está por resolver si los contratos asignados para la construcción de las megaobras pueden esconderse tras el argumento de “seguridad nacional”. No soy vidente ni abogado, pero la lógica me dice que no y entonces sabremos cómo se gastaron realmente cientos de miles de millones de pesos. Es alto el riesgo de que se devele el manejo irregular de los dineros a cargo de militares y allegados al presidente.
La desaparición de los OA depende de que MORENA gane la mayoría calificada en la próxima Legislatura.
Ya sabrán ustedes por quién votan…
Colaboró: Upa Ruiz uparuiz@hotmail.com
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