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No se necesita, señores diputados federales, ser pediatra para saber que una alimentación escasa afecta a los niños a lo largo de su vida, sobre todo si la deficiencia es prolongada. Sabemos que impacta su rendimiento escolar por el deterioro cognitivo causado, lo mismo que aumenta el riesgo de que en edad adulta desarrollen enfermedades crónicas. En síntesis, la alimentación escasa influye de manera importante en la vida productiva de todo individuo.
Por estas razones, me ponen los pelos de punta los resultados de la última Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSATU), los cuales indican que en 2021, el 60.8 por ciento de los hogares mexicanos sufrieron inseguridad alimentaria (IA).
Y peor se las voy a contar:
México presentaba una tendencia leve, pero sostenida, a disminuir la IA; pero en 2021, la restricción en la cantidad de alimentos consumidos (IA moderada) aumentó tres puntos porcentuales, mientras que la falta de dinero para adquirir alimentos o que alguno de los miembros de la familia dejara de comer (IA severa) creció 2.3 puntos.
La explicación para esta pauperización de las familias es multifactorial, pues de una parte está la falta de crecimiento económico ocurrida en 2019, la cual se agudizó con dos años de pandemia. No quiero imaginar los resultados de la próxima encuesta, con la inflación que tenemos y la elevación de los precios de los alimentos.
Volviendo a nuestro caso, déjenme que les cuente que mientras los riesgos alimenticios aumentaban en 2020 y 2021, se llevaba a cabo un mega fraude de entre ocho mil y 12 mil millones de pesos en la institución encargada de apoyar a la población de escasos recursos: Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX).
Como dirían en Palacio Nacional, “eso sí calienta”…
Una de las funciones de SEGALMEX es garantizar el acopio y distribución eficiente de alimentos básicos. Pues miren nada más: al día de hoy nadie sabe dónde quedaron 400 mil litros de leche procesada que la empresa Grupo Vicente Suárez 73 debió entregar. Por cierto, esa empresa se dedicó a la construcción hasta 2020; curioso cambio de giro…
Linduras como la anterior fueron encontradas una tras otra por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) durante la revisión de la operación de SEGALMEX y los otros dos organismos que la integran, DICONSA y LICONSA.
Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad ya había puesto alertas en la operación de LICONSA, donde hubo de todo: moches, contratos a familiares y simulación de cotizaciones. Lo más grave, me parece, fue el rasurado del padrón de beneficiarios, pues LICONSA “dejó fuera del reparto de leche a 470 mil personas, subió 150 por ciento su precio y eliminó de su lista prioritaria de abasto a 67 de los municipios con mayor marginación” (MCCI, enero 6, 2022).
Pero, claro, como el señalamiento vino de esta ONG tan vilipendiada por la actual administración, no fue sino hasta que la ASF lo reportó que se tomaron cartas en el asunto.
No sé que me irrita más: si la red de corrupción tejida en SEGALMEX o la ineficiencia con la que ciertos funcionarios se condujeron. Nada más les digo que la ASF no encontró evidencia de que se planearan las adquisiciones y los costos de operación del organismo consumían una tercera parte de su presupuesto.
El presunto cabecilla de la red de corrupción, René Gavira Segreste, ya está sujeto a proceso. Hay otras 23 carpetas de investigación abiertas por la Fiscalía General de la República, en coordinación con la Secretaría de la Función Pública; esperemos que, ahora sí, rueden cabezas.
Sobre todo este margallate, el presidente ha guardado prudente silencio, prometiendo informar en una o dos semanas.
¿Cómo fue que se descuidó SEGALMEX, si se supone que uno de los ejes del gobierno lopezobradorista es que por el bien del país, primero los pobres?
¿Se imaginan si fueran hasta el final..?
Colaboró: Upa Ruiz uparuiz@hotmail.com
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