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El asesinato indiscriminado de civiles en la guerra Israel-Hamas ha provocado una grave crisis humanitaria —con tintes de genocidio y crímenes de guerra— desplegando el terror sobre los habitantes de la Franja de Gaza. La entera comunidad internacional está presenciando una guerra desigual. No es una guerra convencional que enfrenta a dos rivales con ejércitos y armamentos en relativa paridad, como acontece en Ucrania, donde existe una “guerra justa”, sino que la de Israel es una guerra no convencional contra los palestinos donde se enfrenta un poderoso ejército a una población civil indefensa dando vida a una “guerra injusta”. Desplegar toda la fuerza del Estado para aplastar a un grupo guerrillero radical es una reacción desproporcionada que va más allá de la legítima autodefensa. Esa zona del planeta se ha configurado como “el paraíso de la crueldad” donde se impone el lado oscuro de una política que, en lugar de la paz, prefiere la violencia exterminadora.
La ocupación israelí de Cisjordania, Jerusalén, los Altos del Golán, la Franja de Gaza y la Península del Sinaí se encuentra en el origen del añejo conflicto. Tras apoderarse de esas tierras, los judíos impusieron gobiernos militares y la vida cotidiana pasó a estar directamente controlada por el ejército. Desde hace décadas la relación entre ocupantes y ocupados se funda en el miedo, la violencia, la humillación, el dolor, el sufrimiento y la opresión. Se ha configurado como un sistema de amos y esclavos donde la ocupación es una experiencia negativa para los ocupados. Los tres pilares que históricamente han sostenido la ocupación israelí son: primero, el uso de la fuerza militar para subyugar a los ocupados con arrestos arbitrarios, tortura, expulsiones y encarcelamientos prolongados; segundo, la imposición de leyes y regulaciones burocráticas que permiten controlar el nombramiento de los cargos públicos, el acceso al empleo, las restricciones para viajar y la emisión de toda clase de licencias y permisos; y tercero, la creación de realidades físicas sobre el terreno, incluyendo expropiación de tierras, destrucción de pueblos árabes y construcción permanente e invasiva de numerosos asentamientos judíos y de bases militares, complementándola con el control del agua, la electricidad, el gas y otros recursos naturales.
En 1977 llegó al gobierno de Israel el partido de la derecha “Likud”, encabezado, entonces, por Menájem Beguin, quien de inmediato emprendió políticas para que las ocupaciones fueran irreversibles. Iniciaron, así, los métodos ilegítimos de construcción de asentamientos que, además, son una práctica prohibida por el derecho internacional. Los gobiernos sucesivos continuaron con la ocupación e incumplieron prácticamente con todas las resoluciones de las Naciones Unidas, incluidas las de su Consejo de Seguridad, y sin atender lo establecido en por lo menos 20 planes de paz. El sistema político israelí se presenta como una democracia parlamentaria con base en el sufragio universal cada cuatro años y con una división de poderes, actualmente asediada por el Primer Ministro Benjamín Netanyahu, quien encabeza una coalición gobernante de ultraderecha que ha promovido una reciente reforma legislativa para limitar las decisiones de la Corte Suprema israelí con el objetivo de que prevalezcan las del Poder Ejecutivo.
Israel no puede ser al mismo tiempo un Estado judío, tener un carácter democrático y mantener el férreo control sobre los territorios y poblaciones que domina. Por lo tanto, si quiere ser un Estado judío y democrático, tiene necesariamente que poner fin a la ocupación; si desea ser democrático y controlar todos los territorios, tiene que pasar de ser un Estado judío para convertirse en un Estado binacional e igualitario; y finalmente, si desea seguir siendo judío y mantener la dominación sobre los territorios ocupados, entonces, no puede ser considerado un Estado democrático.
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