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El próximo año, las finanzas públicas tendrán un hueco grande. Los ingresos no alcanzan para el nivel de gasto público federal del país, máxime si se comprometen indiscriminadamente apoyos sociales y se hacen megaobras mal planeadas presupuestalmente. Mientras no se haga una reforma fiscal seguiremos por el camino del endeudamiento, pero esa es otra historia.
Lo que hoy es motivo de preocupación es que para 2024, el déficit estará entre 4.9 y 5.4 puntos del PIB, monto que no se veía desde 1989. Para colmo en año electoral.
Dada la circunstancia, la 4T está buscando de dónde pepenar recursos y qué mejor que los del nuevo villano nacional: el Poder Judicial de la Federación (PJF). La 4T estaría por matar dos pájaros de un tiro: obtener 20 mil millones de pesos de los fideicomisos del PJF para aplicarlos a quién sabe qué y vengar las “afrentas” recibidas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando ésta ha echado abajo las reformas lopezobradoristas.
A través del diputado Ignacio Mier, MORENA presentó una iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial con el propósito de cancelar 12 de los 13 fideicomisos de los que dispone el PJF por el monto arriba mencionado. El único fideicomiso que sobreviviría al hacha morenista sería Fondo de Apoyo para la Administración de la Justicia (688 millones de pesos).
Lo que de verdad causa risa es que Mier aduzca que el PJF no está cumpliendo con dos de las condiciones que le dan legitimidad: rendición de cuentas y austeridad.
Respecto de la primera condición, el PJF informa trimestralmente en su portal y a través del Diario Oficial cuál es el estado de los fideicomisos; pero si los morenistas quieren una mayor rendición de cuentas, la Auditoría Superior de la Federación podría hacer una revisión a tales fondos económicos. No sería la primera vez. Por cierto, si alguien falta a la transparencia es el Poder Ejecutivo, pues los expedientes de todas las obras federales son resguardados dizque por seguridad nacional, no sabemos cuál fue el destino del Fondo de Estabilización, del Fondo de Gastos Catastróficos en Salud ni de los fideicomisos –esos sí federales- extinguidos en 2020.
Ahora les cuento de los fideicomisos:
Hay tres cuyo objeto son complementar las pensiones de mandos superiores, medios y operativos del PJF, así las de los como jueces y magistrados; sumados dan ocho mil 108 millones. Una de las razones para su creación fue que al jubilarse, los mencionados funcionarios están impedidos por ley para ejercer otras actividades económicas. Otros dos fideicomisos son apoyos para planes médicos con un fondo de 203 millones de pesos. El punto es que todos estos se conformaron, en gran parte, con aportaciones privadas de los funcionarios por lo que el gobierno no podría tocarlos.
Uno más tiene el nombre equívoco de mantenimiento de “las casas de los magistrados”, pero no se refiere a propiedades privadas, sino a inmuebles pertenecientes al Consejo de la Judicatura.
Hay uno muy importante en su monto y objeto; se trata del Fideicomiso para el Desarrollo de Infraestructura, el cual asciende a cuatro mil 200 millones de pesos y es de suponer que está destinado a las adecuaciones de los juzgados para los juicios adversariales.
¿Pueden el Legislativo y el Ejecutivo invadir los manejos económicos de otro Poder? Sin ser abogado, parecería que el único fideicomiso que eventualmente podría ser tocado es el de remanentes presupuestales (mil 311 millones de pesos) que viene desde 1998 y, eventualmente, el mencionado en el párrafo anterior, porque ambos provienen del presupuesto federal.
El asunto pinta para ser un galimatías jurídico y, de seguir adelante la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial, no tardaría algún diputado en promover una controversia constitucional. Lo enredado aquí es que la Suprema Corte de la Nación tendría que ser juez y parte.
No conforme con lo anterior, MORENA pretende disminuir el presupuesto de la Corte, del Consejo de la Judicatura y del Tribunal Electoral. Para que la venganza amarre, si no es por un lado sería por el otro, porque a la 4T lo último que le interesa es la justicia, pues ha abandonado a su suerte al Instituto Federal de Defensoría Pública.
En vez de pelearse por un dinero que no es de la federación, la 4T debiera luchar por la eficiencia y la eficacia en la impartición de la justicia. ¿Cuántos casos conocemos de personas encarceladas por años sin sentencia? Como Poderes, el Legislativo y el Ejecutivo sí pueden abogar por el derecho a la justicia pronta y expedita del cual casi nadie goza en este país.
Pero como la venganza es primero…
Colaboró: Upa Ruiz uparuiz@hotmail.com
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