BúsquedaEmpecemos por las consecuencias: 236 diputados para Morena, 77 para el Partido Verde, 72 de Acción Nacional, 51 del Partido del Trabajo, 35 del Revolucionario Institucional y nada más que 27 de Movimiento Ciudadano. Ese es el resultado de la interpretación —miope pero ganadora— en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en viernes pasado. Miope porque lo que produce es, justo, precisamente, lo que la Constitución de la república no quiere. 364 diputados oficialistas, el 74 por ciento de la Cámara, una sola coalición con el poder de reformar la constitución, los cimientos del sistema político de México.
Vale la pena consignar este hecho porque, de consumarse, se convertirá en el punto de arranque anómalo e inconstitucional de un anunciado cambio en el régimen nacional. Para decirlo con todas sus letras, el “Plan C” del presidente López Obrador sería impulsado por una legislatura que no es legítima, que es producto de una interpretación miope de las reglas que reparten a los 200 diputados de representación proporcional. El autoritarismo entraría, pues, a través de las puertas de la ilegalidad. Mal principio para una mayoría que si lo es, pero que se ha desbordado en su voraz ambición.
¿No es absolutamente claro que se ha producido una deformación mayúscula de la voluntad popular? ¿Cómo es posible que el segundo partido más votado (PAN) se convierta en la tercera fuerza parlamentaria? Algo debe de estar mal en la fórmula aplicada pues ¿Cómo es posible que el quinto partido en votación (PVEM) asuma la segunda bancada más grande en el Congreso? o ¿Cómo es posible que el partido que más creció, con más votos que el PVEM o que el PT quede relegado como el cuerpo legislativo más pequeño dutante los siguientes tres años?
Si estas sencillas preguntas –si esa evidente deformación- no nos llevan a concluir que necesitamos otra interpretación, no estamos hablando de “congruencia” sino de un error, una distorsión deliberada.
La deformación aparece por todas partes con solo razonar un poco. El electorado mexicano dió el triunfo a Claudia Sheinbaum para presidenta con un 59.7 por ciento del total; sin embargo, una parte de ese mismo electorado (el de Morena) votó menos por los partidos de su coalición: sólo el 54 por ciento, es decir, 3.6 millones votaron por otra opción -no oficialista- y quisieron así colocar, un contrapeso en Cámara de Diputados. Para decirlo rápido, incluso una parte nada despreciable de los votantes por Sheinbaum, querían el oxígeno del pluralismo en la cámara baja. El acuerdo votado le da la espalda también a esa voluntad.
Eso es lo que ha votado una mayoría en el Consejo General del INE, en lo que probablemente sea el acuerdo más estrafalario que haya sido votado en su historia (y yo recuerdo muchos).
La resignación asumida y declarada por parte de algunos consejeros (“no podemos actuar de otra manera”; “así se ha hecho otras veces”; “no hay lugar a otra interpretación”) no puede ocultar su responsabilidad en la integración excéntrica del nuevo Congreso, pues su resultado acabó por torcer la voluntad popular, cuando su obligación era precisamente la contraria: que la voluntad popular se reflejara lo más fielmente posible en la composisión cameral.
Hay que señalar esos errores porque, no obstante, queda un último debate en la instancia de la Sala Superior del Tribunal Electoral.
La interpretación alternativa no solamente es posible, sino necesaria si es que importa preservar los principios esenciales del derecho electoral y de la que todavía es nuestra Constitución. El respeto a la voluntad depositada en las urnas que tendría que traducirse en una integración congresual muy diferente.
El Consejo General no es un programa automático que aplica fórmulas mecánicas, sino que es un órgano colegiado que está ahí precisamente para deliberar, interpretar y corregir a lo largo de todos los eslabones de la elección, en circunstancias nuevas, cambiantes y contingentes. Tan interpretación es el acuerdo que obtuvo siete votos, como el proyecto alternativo que presentó la consejera Claudia Zavala.
Puedo decirlo de otro modo, si la actitud de la mayoría del viernes hubiera prevalecido en los casos de Amigos de Fox y Pemexgate, estos no sólo no se hubiesen resuelto, sino que ni siquiera se les hubiera dado trámite. El IFE de entonces tenía pequeños asideros legales y por fortuna, un Consejo General avispado encontró la manera de investigar, construir un caso y aplicar las sanciones ejemplares que hoy siguen siendo las más relevantes hacia partidos políticos por financiamiento ilegal, que haya visto cualquier sistema electoral contemporáneo.
Pero además de transfigurar la voluntad ciudadana, el acuerdo votado ignora por completo la historia y los propósitos constitucionales de la representación proporcional misma. Nacieron precisamente para matizar la sobrerrepresentación, para que todos esos votos que no lograron triunfos de mayoría en los distritos, fueran tomados en cuenta a la hora de constituir a la legislatura. Para eso nacieron los plurinominales no para premiar a caoliciones ni partidos.
Más tarde, los plurinominales duplicaron su número para hacer cada vez más exacta la equivalencia entre la votación y las curules. En 1996 se dieron pasos adicionales para que no ocurriera un escenario parecido al que fue sancionado el viernes pasado: ninguna fuerza política podría tener más de 300 diputados y se estableció allí mismo un tope a la sobrerrepresentación de 8 por ciento ¿qué es lo que se busca con todo ese andamiaje y con todos esos dispositivos? Proporcionalidad, pluralismo, el sencillo e inapelable principio: tantos votos, tantos diputados, lo más cercano posible. El acuerdo votado el viernes hace precisamente lo contrario.
Termino como empecé: producto de ese acuerdo extravagante, la segunda fuerza electoral es contrabandeada al tercer lugar de entre las bancadas; la quinta se vuelve segunda, la sexta se convierte en tercera y la cuarta fuerza electoral -la que mas creció- es arrumbada a la sexta posición, un contrasentido lógico, legal, constitucional y antidemocrático. Podemos decir, que en el proceso electoral de 2024 la voluntad popular no fue respetada, más bien, deliberadamente deformada.
Si el Tribunal no corrrige, se habrá consumado la distorsión de la representación más atroz que recuerde la política mexicana.
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