BúsquedaLa pasividad opositora ante la sucesión presidencial 2024 es preocupante, más aún si se considera que el gobierno adelantó el proceso vulnerando los tiempos legales. No obstante, aún es posible que las fuerzas opositoras puedan dar una respuesta efectiva con un candidato dotado de fuerte legitimidad política y un amplio consenso social. Las oposiciones se encuentran frente a la urgente disyuntiva de decidir el método a partir del cual designar a sus candidatos.
El camino fácil ha sido el más tradicional y recurrente —y por lo mismo ya no es funcional— que es el de movilizar a las burocracias partidarias para designar a sus abanderados directamente sin intervenciones externas. Pero en las nuevas condiciones que requieren mayor competitividad y cohesión organizativa, resulta necesario un cambio de ruta para frenar las tentaciones autoritarias que afectan a nuestro país.
Por ello, se deben impulsar métodos de participación donde sean los propios ciudadanos quienes seleccionen a sus candidatos. Las elecciones primarias abiertas son el mejor mecanismo porque hacen posible que los votantes participen directamente en la definición de la nominación presidencial que la coalición de partidos opositores presentará a los electores el próximo año. Es una forma de preselección democrática de los candidatos sustentada en una gran participación social.
El núcleo del problema es si debe reservarse a los partidos formalmente constituidos, el monopolio de la presentación de las candidaturas o si por el contrario, estos deben abrir sus puertas para que otras instancias ciudadanas puedan impulsar candidatos en condiciones de igualdad. Los electores cuestionan su lejana relación con los partidos, la tradicional oscuridad con la que se promueven los precandidatos, el verticalismo en la toma de decisiones y la falta de democracia interna respecto a los procesos electivos. Todo esto mientras las designaciones oficialistas son financiadas y teledirigidas desde Palacio Nacional.
Las candidaturas electorales representan la condición fundamental para que una elección pueda materializarse, constituyen las ofertas políticas diferenciadas entre las que habrán de decidir los ciudadanos. No se debe olvidar que el método de selección y las regulaciones técnicas inciden directamente en las preferencias de los electores y consecuentemente, en los resultados electorales.
En estos momentos, a prescindir de otros aspectos, la variable relativa a las instancias legitimadas para la designación de las candidaturas resulta esencial. La cuestión de la definición de las nominaciones electorales ocupa un lugar central en los recientes procesos de democratización.
Dos ejemplos relevantes de cómo se han modificado las viejas reglas para la designación de candidatos, están representados por las cláusulas legales que establecen obligatoriamente cuotas de género y por la progresiva tendencia a la habilitación de candidaturas no partidarias. El monopolio de los partidos en la definición de los aspirantes resulta inadecuado ante las nuevas condiciones políticas de México.
Las elecciones primarias para decidir sobre los candidatos deben estar abiertas a toda la ciudadanía y pueden realizarse presencialmente o votando por internet, convocando no solo a los militantes de los partidos sino también a los movimientos sociales y a los grupos significativos de la sociedad civil. Se reclama que de poco o nada han servido las diferentes medidas para modernizar a los partidos y abrirlos a la sociedad. Su credibilidad sigue en declive, dejando espacios políticos a otros actores no democráticos.
Es necesario restituir a los partidos su papel de instrumentos de expresión del pluralismo político y de canalización de la manifestación de la voluntad popular. En este momento, la participación es representativa del conjunto de acciones que buscan influir en la definición de las candidaturas. Los ciudadanos demandan nuevas formas de participación en la integración de la representación política y las elecciones primarias son la respuesta.
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