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La mayoría de los consejeros del INE interpretó la Constitución de forma tal que la voluntad popular expresada en las urnas queda distorsionada, y la coalición encabezada por Morena está cerca de la mayoría calificada (salvo un muy improbable freno de parte del TEPJF). Con que haya tres tránsfugas de la oposición en el Senado, o que algunos convenientemente falten a las sesiones, las bancadas oficialistas podrán cambiar la Constitución a discreción. El caballo ya está entrando a Troya.
Es hora de ver algunas de las iniciativas en puerta, y analizar sus consecuencias. Aunque la más discutida será, sin duda, la reforma al Poder Judicial, es mejor empezar por el principio, porque ya se está cocinando la eliminación de siete organismos autónomos de enorme relevancia.
En primer lugar, se pretende eliminar al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Sus funciones pasarían al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de la Función Pública, así como a las contralorías del Congreso de la Unión.
La lucha por el acceso a la información fue una bandera de la izquierda mexicana durante décadas. Obligar a las autoridades a informar de manera transparente permitió, hasta cierto punto, regularlas y la existencia del INAI facilitó que la opinión pública supiera de malos manejos y casos notables de corrupción. Esto sirvió para documentar irregularidades varias durante los gobiernos del PAN y del PRI, lo que a su vez abonó al desprestigio de ambos partidos. También potenció el periodismo de investigación, porque facilitó el acceso a documentación que de otra manera hubiera sido extremadamente difícil conseguir.
Ahora se pretende que sea el propio gobierno quien abra, a su discreción, la información. Hemos visto, en el sexenio de AMLO, una enorme proclividad a negarla, con un montón de reservas “por razones de seguridad nacional”. También hemos visto que, en los primeros años de gobierno morenista, cuando la SPF intentó investigar al director de la CFE, Manuel Bartlett, se topó con un veto fulminante desde Palacio Nacional. El fin del INAI se traduciría en una era de mayor opacidad y, por qué no decirlo, de una suerte de omertà.
Por otra parte, también se pretende desaparecer el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), que mide la pobreza y las carencias de los mexicanos de manera multifactorial. Sus funciones pasarían al INEGI.
El pecado del Coneval fue señalar que, en este sexenio, a pesar de que disminuyó la pobreza por ingresos, hubo un aumento de las carencias de los mexicanos, en particular por el derrumbe del acceso a la salud, que afectó a casi la mitad de la población. Si desaparece este Consejo y el INEGI utiliza otros mecanismos para la medición de la pobreza, nos encontraremos con un problema doble: por un lado, no habrá manera de hacer comparaciones con el pasado y, por el otro, las carencias y la vulnerabilidad social de los mexicanos no se medirán de manera multifactorial, perdiéndose profundidad en el análisis de un tema toral para la vida nacional.
Al parecer, las evaluaciones no gustan. Por eso también desaparecería Mejoredu (Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación), institución que a su vez había reemplazado al Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Se trata de que ni maestros ni estudiantes de educación básica sean evaluados de manera independiente (es decir, que lo haga solamente la SEP). La reticencia a la aplicación de la prueba PISA es un ejemplo de esta actitud (aunque ahora esa medición estará a cargo del Ceneval (Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior), que es una asociación civil sin fines de lucro.
Finalmente, están los cuatro órganos encargados de garantizar que haya competencia económica, se eviten prácticas monopólicas y haya acceso generalizado a los bienes y servicios. Son la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Todos estos organismos han sido blanco del desprecio del gobierno saliente y varios de ellos no cuentan con todos los comisionados de ley. Las funciones del primero pasarían a la Secretaría de Economía, las del segundo, a Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y las de las otras dos a la Secretaría de Energía.
Las comisiones ligadas al sector energético han sido una piedra en el zapato a las pretensiones de permitir prácticas monopólicas a la CFE y a Pemex, cuyas políticas han impedido la expansión de energías limpias y menos caras, en aras de la llamada “soberanía energética”. Su debilitamiento no se ha traducido en una mejora de la situación financiera de las empresas eléctrica y petrolera del Estado, las que siguen perdiendo millones y millones de pesos cada hora. La iniciativa trata, simplemente, de quitarles piedritas en el camino a estas empresas, que de todos modos se dirigen al barranco.
El IFT, que pretende regular el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico y las redes de comunicación, ha servido, en algunos casos, para evitar la concentración del capital en unas cuantas manos y, en otros, para evitar que la concentración ya existente derive en políticas de precios perjudiciales para la economía de la población. Los grandes beneficiarios de su desaparición serían los dueños de las grandes empresas del sector, por todos conocidas. Los grandes perdedores: los competidores menores y los usuarios de los servicios. Capitalismo de cuates, al puro estilo neoliberal.
Y la Cofece, aunque con pocos dientes, ha evitado prácticas monopólicas de todo tipo: desde las que se dan en productos alimenticios de la canasta básica hasta otras, en mercados altamente especializados. Si desaparece y la Secretaría de Economía no replica sus actividades, e incluso les da más fuerza, nos moveremos todavía más hacia un capitalismo salvaje, supuestamente paliado por las distintas becas y tarjetas del bienestar.
La desaparición de estos cuatro organismos crearía, sin duda, muchas olas dentro del T-MEC, en cuyo capitulado están varios de los controles que se perderían.
En resumen: ganan quienes hagan negocios turbios con el gobierno, las empresas públicas de energía, los grandes monopolios, los cárteles económicos que buscan controlar mercados y, sobre todo, el gobierno central, que acumula poder centralizado, disminuye las posibilidades de evaluarlo y vigilarlo, y puede manejar mejor un capitalismo de cuates, en el que el intercambio de favores económicos y políticos permite mantener el status quo. Pierden los consumidores, los productores que no son dominantes en los mercados; pierden las energías limpias, los estudiantes, las personas con carencias sociales, los periodistas, la sociedad que merece estar informada. Pierde también la relación entre México y sus socios de América del Norte, que se volverá más tensa.
Pero eso sí, nos dicen que vamos a ahorrar un buen dinero del presupuesto… equivalente a lo que pierde Pemex en un día. Y al presidente López Obrador le van a dar “un regalo” de despedida: cumplir sus costosos caprichos.
fbaez@cronica.com.mx
Twitter: @franciscobaezr
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