Enemigos Políticos

Como sucede en los regímenes no democráticos donde se persigue a los disidentes políticos, en nuestro país se observa un uso selectivo del sistema de administración y procuración de justicia con el mismo propósito. Históricamente, la justicia politizada ha sido herramienta del poder contra los opositores se usaba con cautela y solo en casos excepcionales. Todo lo contrario a lo que acontece en nuestros días. Con la llegada al poder de la 4T se incrementó el uso de las instituciones judiciales para callar o intimidar lo mismo a intelectuales y ciudadanos críticos que a políticos opositores y a organizaciones civiles. Las persecuciones de las que son objeto los adversarios del actual régimen, hacen recordar los procesos judiciales que se han instaurado en distintos tiempos y lugares contra los adversarios del poderoso en turno.

Desde los remotos orígenes de nuestra civilización la relación entre el derecho y el poder, es decir, entre la justicia y la política, ha generado una interminable serie de conflictos que generalmente se presentaban como una contraposición entre la conciencia individual y las exigencias de la comunidad o entre los proyectos sociales y la Razón de Estado, sin faltar las exigencias de libertad contra la imposición de ideologías. Muchas de estas contradicciones derivaron en procedimientos judiciales para detener las transformaciones políticas o la potencia revolucionaria del pensamiento. Una constante de esta historia del uso político de la justicia es la criminalización de los adversarios para excluirlos de la competencia por el poder.

En su obra “Procesar al Enemigo”, el historiador alemán Alexander Demandt afirma que para el poder penal del Estado no todos los ciudadanos son personas, sino que de un lado están las personas y del otro los enemigos. Analizando los casos de Sócrates, Jesucristo, Galileo, así como las purgas estalinistas y los Juicios de Núremberg contra los nazis, considera que la persecución política no solamente es una característica típica de las dictaduras o de los regímenes totalitarios, sino que también puede acontecer en regímenes con democracias de baja calidad. Con el argumento de proteger a la sociedad, el derecho penal se presenta selectivo. No atiende todos los casos de la misma forma, para los enemigos existe celeridad, capacidades y eficiencia, mientras que para los cercanos solo existe impunidad. Actuar así, cuestiona la funcionalidad de toda nuestra estructura institucional incrementando la desconfianza social que incide directamente en la legitimidad del Estado.

Originalmente contrapuestos, los conceptos de política y de justicia actualmente se han unificado. La política se mantiene como lucha y acción estratégica por el poder, mientras que la justicia que antaño proyectaba la imagen de imparcialidad y equidistancia respecto de las partes, en estos momentos se encuentra sometida al poderoso. Cuando las instituciones pierden su neutralidad –como ocurre en México- aparece un uso del Estado con fines facciosos. Nace así, una justicia politizada que utiliza a las instituciones del Poder Judicial para alcanzar objetivos partidarios como pueden ser la liquidación de un líder social o la exclusión de la escena política de un partido opositor.

No se olvide que el proceso político sirve para “construir” y para “inventar” al enemigo, orientando la disputa y la confrontación en una dirección o en otra. Permite eliminar lo abstracto del conflicto y darle un rostro concreto al enemigo. El déficit de la política que existe en las actuales circunstancias se corresponde con un déficit de la democracia en todos sus niveles. El intento por resolver los conflictos políticos con procedimientos judiciales representa una práctica según la cual el derecho vale solo entre iguales, mientras que entre los no iguales solamente vale la ley del más fuerte.

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