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Con la novedad de que Rocío Corazón García Salas es la nueva titular del Órgano Especializado en Contrataciones Públicas (OECP) dentro de la Secretaría de la Función Pública (SFP).
¿Por qué nos debe intersar su designación? Por muchas razones.
La primera es que su nombramiento es un abierto reconocimiento de que la corrupción gubernamental no ha cedido, pero como todo en la 4T, la solución al problema no es la mejor. El OECP es un nuevo engendro administrativo que será responsable de tooooodas las contrataciones, las cuales antes se hacían en cada dependencia; esto quiere decir que concentrará las funciones de los órganos de control interno (OCI) de las distintas secretarías y dependencias de la administración pública federal.
Lo califico de engendro porque nada más imagínense la cantidad de personal que requerirá para gestionar las adquisiciones y no convertise en un cuello de botella. Lo que no queda claro es si los empleados de los anteriores OCI serán readscritos al nuevo Órgano o si contratarán nuevo personal. De ocurrir lo primero, el combate a la corrupción quedaría en riesgo; ahora sí que nada más los cambian de escritorio, pero los eslabones de la corrupción tendrían un alto chance de sobrevivir. De suceder lo segundo, la curva de aprendizaje será muy, pero muy larga.
Tal parece que la 4T no aprende de sus errores. Como recordará, don Rogelio, la adquisición de medicamentos e insumos de todo el sector salud se concentró primero en la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda, derivando en un fracaso. De ahí se pasó la responsabilidad al INSABI en coordinación con una oficina de la ONU; otro desastre. Aparentemente, la mayor parte de las compras quedaron a cargo del IMSS-Bienestar, pero no hay claridad al respecto.
No culpo a los funcionarios que fracasaron, porque solo cumplían órdenes superiores; la realidad es que no estaban preparados para la tarea. El ensayo y error resultó más costoso y hasta el día de hoy sufrimos la escasez de medicamentos.
Desde ahora podemos augurar una parálisis en la administración pública federal por la demora en la contratación de bienes y servicios. De por sí es lenta, pues un contrato pequeño, digamos menor a cinco millones de pesos, realizado con todas las de la ley puede tardar alrededor de cinco meses. Con el cambio de estructura, vaya usted a saber cuánto tardarán ahora, con el agravante que tal parálisis tendrá un efecto negativo en las empresas privadas proveedoras de gobierno. A saber cómo se sostendrán las empresas si el gobierno atora las adquisiciones.
Hay un problema adicional. La SFP es la responsable de vigilar las prácticas administrativas de las dependenciaa y secretarías. Estando el OECP dentro de su estructura, ¿quién lo va a vigilar? ¿Se esperarán hasta que usted y su grupo de auditores la incluyan en alguno de sus planes anuales?
La tercera razón por la cual llama la atención el nombramiento de García Salas es que su anterior cargo fue en SEGALMEX, desde 2021 hasta marzo de este año. Sí, estuvo en esa entidad paraestatal donde se dio un megafraude por 15 mil millones de pesos. Cierto es que los malos manejos empezaron antes de su llegada, lo que cabe preguntarse es qué hizo para detenerlos.
Lo menciono porque es poca la información difundida sobre el caso SEGALMEX; a lo más, se sabe que ha habido 22 detenidos –la mayoría empresarios- por un porcentaje muy pequeño de lo defraudado. Por ahí apareció una nota informando que la SFP abrió 618 expedientes de investigación y 38 denuncias ante la Fiscalía General de la República (Expansión 14/11/2022). En síntesis, la Secretaría parece avanzar lentamente en sus atribuciones originales.
Otro gran pregunta para el OECP es qué hará con respecto de la falta de información que en el sistema Compranet, donde en teoría cada dependencia debía subir información sobre cada paso dado alrededor de una contratación. Una buena cantidad de los expedientes informativos digitales están incompletos, siendo esta obligación de carácter legal y vital para la rendición de cuentas.
Finalmente, queda la duda de si el OECP se conformará con la poca información que los militares tengan a bien brindar sobre las megaobras de miles de millones de pesos y que hoy están cerrados.
¿Disminuirá la corrupción? Lo dudo.
Las malas prácticas no se combaten cambiando los escritorios y las funciones de sede, sino con vigilancia estricta y, en su caso, denuncias; no hay más.
Colaboró: Upa Ruiz uparuiz@hotmail.com
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