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El primer cuatrimestre de 2023 cerró, de acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), con una cifra de 9,886 víctimas de homicidio intencional; en el mismo periodo del 2022 la cifra fue de 9,912, es decir, apenas 26 asesinatos menos entre ambos periodos, lo cual estadísticamente no tiene ninguna diferencia significativa.
En este horrible contexto, hay 10 entidades de la República que marcan la pauta de la violencia asesina: Guanajuato, en primerísimo lugar, tuvo entre los primeros cuatro meses de este 2023 una suma de 1,084 víctimas de homicidio intencional, cifra que supera a los 993 casos registrados en los mismos meses de 2022, es decir, 9.16% más que en el mismo periodo del año previo.
En segundo lugar, con casi tres veces más población que Guanajuato, aparece el Estado de México, donde también creció la cifra en el periodo señalado para 2022 y 2023, al pasar de 830 víctimas de homicidio intencional, a 917lo que equivale a un incremento del 10.48%.
El tercer sitio lo ocupa el estado de Baja California, con una cifra de 721 víctimas, dato que es menor al del mismo periodo del 2022, cuando se registraron 808 asesinatos; es decir, en este estado hubo una disminución del 10.8%. Le sigue en cuarto lugar el estado de Chihuahua, donde en el primer cuatrimestre de 2022 hubo 542 víctimas, mientras que en el mismo cuatrimestre de 2023 la cifra creció a 694; es decir, un incremento de 22% entre ambos años.
El quinto sitio lo tiene Jalisco, donde se registraron 672 víctimas en el primer trimestre de 2023, frente a las 644 que se registraron en el mismo periodo de 2022, lo que equivale a un incremento del 4.2%; mientras que el sexto lugar lo ocupó Michoacán, donde se registró el descenso más notable al haber pasado de 997 víctimas en el primer cuatrimestre de 2022 a 600 en el primero de 2023, es decir, una reducción de 34.9%.
Los estados que completan la lista de los 10 con mayor número absoluto de homicidio intencional son: Guerrero, donde el incremento es igualmente notable al haber pasado de 421 víctimas en el periodo considerado del 2022; frente a 535 en el 2023, crecimiento que equivale a un 21.3% adicional. Le sigue el estado de Sonora, donde la cifra se redujo de 579 a 531 casos en el periodo señalado, lo que equivale a una disminución del 8.3%.
Finalmente están los estados de Morelos, donde se pasó de 370 a 458 casos, lo que equivale a un incremento de 19.3%; mientras que en Zacatecas también hubo una reducción de 446 a 417 víctimas de homicidios intencionales, es decir, un 6.6% menos en el periodo considerado.
Si los datos se consideran por la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes, en el primer cuatrimestre de este 2023, los estados con peores indicadores son: Colima, con una tasa de 32.65 personas asesinadas por cada 100 mil personas. Le sigue Zacatecas, con 24.53; Morelos, con 21.75; Chihuahua, con 17.78; Guanajuato, con 16.99; Sonora con 16.69; Guerrero, con 14.5; Quintana Roo, con 13.24; Michoacán con 12.2; y Jalisco, con 7.77.
De continuar la tendencia como hasta ahora, habría que multiplicar esas cifras por tres, para tener un aproximado de cómo habrá de cerrar el 2023, pues de continuar las cosas como van, este año no es esperable una reducción significativa en el número y tasas registradas, por lo que Colima podría rebasar nuevamente una tasa de 90 homicidios por cada 100 mil personas; mientras que Zacatecas y Morelos podrían llegar a una razón de casi 85 por cada 100 mil. En el agregado, habría al menos 10 entidades con tasas de 30 o más asesinatos por cada 100 mil personas, un indicador que es cinco veces superior al promedio mundial.
Es preocupante que los datos sobre la violencia armada y sus letales efectos se hayan estancado. Pues si bien es cierto que en 2021 y 2022 se habían tenido reducciones, aun siendo marginales, abrían al menos la posibilidad de pensar que tal vez podría venir un punto de inflexión relevante; pero no es así; por el contrario, y eso es lo que más asusta, lo que se observa es un cambio muy importante en la geografía de la violencia sicaria, y al parecer, la generación de nuevas etapas de una probable “pax narca” en territorios como Michoacán y Jalisco; donde no es la intervención de la autoridad, sino la decisión de los grupos delincuenciales, de reducir la intensidad de su estruendosa presencia.
Por otro lado, no deben echarse las campanas al vuelo, sobre todo, considerando que el número de personas desaparecidas y no localizadas sigue creciendo, lo que en determinado momento podría elevar de manera muy importante el número de víctimas de homicidio registradas en el país; y a ello agréguese la cifra de las defunciones violentas de intención no determinada, que habremos de conocer para el año 2022, en los meses por venir, cuando el INEGI dé a conocer los datos de la mortalidad por homicidios a finales o principios de octubre de este año.
En los estados que se mencionan las calles están encharcadas con sangre; siendo además territorios que se han convertido en gigantescos cementerios, pues en ellos el horros de las fosas clandestinas es una realidad de espanto cotidiano. Así las cosas, ante el triunfalista discurso gubernamental, la realidad se impone y nos muestra que queda todo, o casi todo, por hacer.
Investigador del PUED-UNAM
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